Documento PRJ 2 Nota web 1El Observatorio Legislativo del Programa Reformas a la Justicia UC del mes de septiembre, contempla una actualización de los proyectos de ley revisados en el número anterior, esto es, el proyecto de ley que modifica diversos textos legales en materia de sanciones penales; proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales; y el proyecto de ley que crea el servicio de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas. Además, este segundo número incluye nuevos proyectos de ley que inciden de manera significativa en la modernización de la justicia:

  • Proyecto de ley que crea la comisión nacional de nombramientos judiciales y modifica el sistema de nombramientos en el Poder Judicial.
  • Proyecto de ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial en la Ley N°19.660, orgánica constitucional del Ministerio Público, y modifica otros cuerpos legales que regulan actuaciones de los fiscales y de las Fiscalías Regionales.
  • Proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y otros textos legales que indica.

En este documento, los lectores podrán revisar los principales hitos de la tramitación legislativa de los proyectos de ley en estudio y, en ciertos casos, acceder a un análisis de académicos e investigadores de los distintos boletínes.

Revisa el número del mes de septiembre aquí.

Coloquio Jueces para Chile 2

El pasado jueves 22 de agosto, se llevó a cabo un coloquio con el juez del noveno circuito de Estados Unidos, Diarmuid O’ Scannlain, en el marco de su visita a Chile, donde pudieron participar los alumnos que forman parte de la Iniciativa Derecho UC: Jueces Para Chile, junto al Decano, Gabriel Bocksang, el exministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, y el profesor Nicolás Frías. 

El Juez O’ Scannlain es Juris Doctor de la Universidad de Harvard, Bachiller de la Universidad St John y LLM por la Universidad de Virginia. Expresidente de la división judicial de la Conferencia judicial de los Estados Unidos, donde contribuyó a programas de fortalecimiento del Estado de Derecho en distintos países. El año 1986 fue nombrado juez del noveno circuito de los Estados Unidos, participando en más de seis mil casos federales. 

En la instancia, los alumnos de la iniciativa pudieron consultar al juez sobre su experiencia en el acceso y ejercicio de la judicatura. Se trataron temas como la vocación para ser juez, la importancia de la labor judicial para las sociedades, la confianza de la ciudadanía y la resolución de casos difíciles.

Esta actividad se suma a distintos esfuerzos de la Iniciativa Derecho UC: Jueces para Chile, por acercar el ejercicio de la función judicial a los alumnos de pregrado. 

Seminario lanzamiento jueces para chile 2024

El pasado 21 de agosto, con gran convocatoria de académicos y alumnos, se realizó el seminario de lanzamiento de la Iniciativa del Programa Reformas a la Justicia, Jueces para Chile, titulado “Independencia judicial y resguardo de las garantías de las personas. Desafíos actuales”. En él, presentó una ponencia el Juez del noveno circuito de Estados Unidos, Diarmuid F. O'Scannlain.

El Decano de la Facultad de Derecho UC, Gabriel Bocksang, en su discurso de apertura, agradeció la presencia del Juez, y destacó la importancia de la iniciativa, señalando que “La buena judicatura necesita de buenos jueces, y en ello radica la especial responsabilidad que asume nuestra facultad”.

El Juez O’ Scannlain subrayó que “Este plan único tendrá un impacto internacional que marcará el camino para las facultades de derecho de primer nivel de todo el mundo”. En su ponencia, trató los elementos esenciales de la independencia judicial, el respeto de las leyes por parte de la judicatura y la libertad de expresión en un Estado de Derecho. Al respecto, señaló que “Las facultades de derecho tienen un papel vital en la educación de los estudiantes sobre la importancia de la independencia judicial y los derechos individuales, y las complejidades y desafíos a los que se enfrentan estos principios democráticos básicos”.

Luego, comentaron la ponencia la ministra de la Corte Suprema y mentora de la iniciativa, Adelita Ravanales, y el presidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara.

La ministra Ravanales mencionó, comentando la ponencia, que “La independencia judicial está establecida en beneficio del justiciable. Va dirigido a quien debe estar seguro de que vamos a resolver sus conflictos sin ninguna injerencia o presión, desde otro poder del Estado o desde el propio Poder Judicial (...) en esa garantía debemos participar todos”. La ministra manifestó la importancia de la iniciativa, manifestada en el entusiasmo de los alumnos que participan, destacando que “Es una gran oportunidad, con efectos inmediatos, porque esto de conocer la judicatura por dentro, de la mano de un juez, es diferente”.

Por su parte, Pedro Pablo Vergara comentó los resguardos a tomarse ante un cambio en la regulación de nombramientos judiciales. Señaló que “Tenemos un sistema más o menos equilibrado, que hay que mejorarlo, pero tengamos cuidado que el remedio no salga peor que la enfermedad. Algunas de las propuestas que hemos oído en otras partes del mundo han funcionado peor”.

Revisa el video de la actividad aquí.

Revisa la ponencia del juez O'Scannlain a continuación: IALS Chile Aug 2024 Judges for Chile Seminar AS DELIVERED

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Foto: nota de diario El Mercurio, 10 de agosto. 

El pasado viernes 9 de agosto, el exministro de Justicia, Consejero e Investigador adjunto del Programa Reformas a la Justicia UC, Hernán Larraín F., participó del encuentro titulado "Reformas al Sistema Judicial", organizado por el Círculo Legal de ICARE. 

El objetivo de este encuentro fue reflexionar en torno al documento "Bases para una propuesta de reforma al sistema de nombramiento en el Poder Judicial", elaborado por el Pleno de ministros del máxmo tribunal, el que fuera entregado posteriormente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

El panel, que fue moderado por el presidente del Círculo Legal y director de ICARE, Gonzalo Smith, y contó además con la participaron la Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, Isabel Aninat, el ministro de Justicia, Luis Cordero, y el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. 

Aninat hizo hincapié en la crisis de confianza que existe en la ciudadanía hacia los Tribunales de Justicia, y manifestó que el "rol del senado en el caso de los nombramientos de la Corte Suprema, o cómo se llega a la información de las personas que participan, son cuestiones cruciales para considerarlas en las reformas". Cordero, por su parte, señaló que "todas las características de los sistemas exitosos de sistemas de nombramientos en el derecho comparado descansan en un rol clave de la comunidad legal”, y que la cultura legal chilena "requiere también una revisión, más allá de seguir observando al sistema judicial como parte del problema". Sergio Muñoz fue enfático en señalar que “la ciudadanía en Chile busca (...) primero, que les solucionen sus problemas, y que esta solución venga con oportunidad, y que tenga además calidad." Añadió que “si de reformas se habla, podemos estar de acuerdo en que la reforma procesal civil es una gran oportunidad, podemos crear un sistema basado en audiencias, puede ser un sistema único para todas las competencias."

Por su parte, el profesor Larraín, manifestó que "la independencia judicial amenazada es una amenaza para el Estado de Derecho democrático”. Añadió que resulta necesario "terminar con la concentración de poder que hay hoy día en la Corte Suprema, y no trasladarla a los consejos de justicia, porque eso significa cambiar de domicilio (...) hay que generar un sistema desconcentrado, con órganos que hacen sus funciones separadamente, pero con unidad de propósito para servir a la justicia”. Larraín se refirió a al documento elaborado por el Programa Reformas a la Justicia "Gobierno Judicial: antecedentes y propuesta" , en el cual, según sus palabras, se plantea "un sistema híbrido, que separa las funciones jurisdiccionales de las no jurisdiccionales, dándole un nuevo rol a la Corte Suprema, y generando un esquema de funcionamiento para lograr hacerse cargo debidamente de las funciones no jurisdiccionales”.

 

Corte SupremaMin. Justicia

El documento plantea la formulación de reglas de gobierno judicial que fortalezcan la independencia del Poder Judicial, separando las labores administrativas de las jurisdiccionales en torno a la definición de nuevo rol de la Corte Suprema, la creación de órganos autónomos y la regulación de la potestad disciplinaria.

El pasado jueves 1 de agosto, los miembros del Programa Reformas a la Justicia UC sostuvieron reuniones con el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco y el Ministro de Justicia, Luis Cordero, donde hicieron entrega del nuevo documento con propuestas en materia de gobierno judicial, elaborado por los profesores Hernán Larraín F. y Nicolás Frías O. 

El texto -que fue elaborado por el exministro de Justicia Hernán Larraín, quien es investigador e integra el Consejo Directivo del Programa de Reformas a la Justicia Derecho UC, y por Nicolás Frías, subdirector del Programa de Reformas a la Justicia Derecho UC y director del Departamento de Derecho Procesal UC- plantea una serie de propuestas para fortalecer la independencia del Poder Judicial y modernizar la administración de justicia en el país; partiendo por el establecimiento de un sistema de gobierno judicial que implica perfilar un nuevo rol de la Corte Suprema, crear órganos autónomos e independientes a cargo de las labores propias de gobierno judicial -designación de jueces y funcionarios, calificación, capacitación y administración de los recursos del Poder Judicial- y regular el mecanismo de potestad disciplinaria.

En este sentido, sugiere la creación de tres órganos autónomos para definir los nombramientos judiciales; llevar adelante la gestión y administración del Poder Judicial, así como la formación y capacitación de jueces y funcionarios judiciales. Además, se recalca que las decisiones que desarrollen esos órganos se adopten en forma independiente y en base a criterios previamente establecidos, objetivos, transparentes y de carácter vinculante.

La propuesta también plantea modificar el rol que desempeña actualmente la Corte Suprema, buscando que concentre sus labores en materias jurisdiccionales y dejando a otras instancias los aspectos administrativos. En este sentido, recomienda, entre otras cosas, quitarle al pleno del máximo tribunal las atribuciones que tiene actualmente en el nombramiento de jueces. Y apunta a avanzar en la “uniformidad y coherencia” de sus fallos, evitando “interferencias con otros poderes públicos y el activismo judicial”.

Nombramiento de jueces

En materia de nombramiento de jueces, el documento propone la creación de una “Comisión de Nombramientos Judiciales”, encargada de la “selección y nombramiento en base a criterios objetivos y vinculantes”, explicando que su objetivo será “efectuar los nombramientos de todos los ministros de las cortes de apelaciones del país, de los jueces de primera instancia y de los auxiliares de la administración de justicia, mediante un procedimiento público, únicamente a base del mérito y con criterios objetivos”. Y agrega: “Reemplaza las funciones que hoy tienen los tribunales superiores de justicia y el Presidente de la República en la designación de los jueces a partir de las propuestas de dichos tribunales.

Es una especie de Sistema de Alta Dirección Pública judicial, se lee en el texto, difiriendo de aquella del Servicio Civil en cuanto es especializada en la materia, actúa a través de la Corporación de Gestión y Administración del Poder Judicial en la implementación integral de los procedimientos conducentes a la designación de jueces. Lo anterior, la convierte en un mecanismo más eficaz, rápido y de menor costo. No propone nombres para que otra autoridad designe, sino que los nomina directamente”.

Nombramientos de ministros de Corte Suprema

En el caso de los nombramientos de ministros de la Corte Suprema, la propuesta apunta a los siguientes cambios:

“La Comisión de Nombramientos (y no el Pleno de la CS, como es en la actualidad) sería la encargada de elaborar la quina de nombres para ser presentada al Presidente de la República. Esta nómina será escogida por la Comisión luego de un concurso público de antecedentes, en base a los elementos objetivos de mérito indicados precedentemente, que incluirá además la participación de los postulantes en audiencias públicas, e irá priorizada según el resultado del postulante en el proceso. Se elimina el derecho que la actual Constitución le entrega al ministro de Corte más antiguo, ya que se privilegia el mérito”.

“El Presidente de la República escogerá uno de los nombres propuestos dentro de los 30 días de recibida la quina. De no hacerlo, el nombre de quien la encabece se presentará a la instancia siguiente (el Senado)”.

“El postulante escogido por el Presidente (o, en subsidio, el de quien la encabece, conforme a lo dicho) será presentado al Senado para su ratificación o no. Esta Corporación deberá convocar a una audiencia pública donde se oirá al candidato y se recibirán presentaciones por escrito de quienes quieran formular una opinión al respecto. El Senado deberá votar su nombramiento dentro de 30 días de recibida la propuesta del Presidente de la República, aprobando su designación mediante un quorum de 4/7; de lo contrario quedará nombrado el candidato presentado por éste. De rechazar el Senado la propuesta presidencial, la Comisión deberá integrar con un nuevo nombre la quina de entre los postulantes en ese mismo proceso y enviarle la nueva quina al Presidente, repitiendo el procedimiento anterior en cuanto a sus efectos”.

Los autores del texto plantean en su escrito que la propuesta -que incluye otras medidas en distintas áreas de gobierno judicial- se enmarca en “la necesidad de darle gobernabilidad, estabilidad y certidumbre jurídica al país”, señalando que “para lo anterior, se requiere contar con una Judicatura independiente e imparcial”.

Así, sostienen que “la justicia en nuestro país está en tela de juicio hace ya varios años” y que “los lamentables y recientes hechos de connotación pública han contribuido precisamente a profundizar esta crisis de confianza (…). Esta crisis, que afecta en general a las instituciones públicas, y particularmente al Poder Judicial, sumado a graves denuncias de corrupción de público conocimiento, obligan a revisar aquello que constituye un obstáculo a la acción de los tribunales”, agregan.

Al respecto, Larraín comentó que “es un hecho indesmentible que los tribunales de justicia se encuentran dentro de las instituciones con peor imagen pública, y por ello se hace necesario reformular su gobernanza. En este documento proponemos una reingeniería profunda al Poder Judicial, separando funciones y reformando los aspectos normativos, estructurales y organizativos para garantizar una administración de justicia independiente y efectiva”.

Frías, en tanto, sostuvo que “la propuesta aborda diversas aristas, centrándose fundamentalmente en el diseño de nuevos mecanismos transparentes que aseguren la designación de jueces altamente calificados y confiables, en base a criterios previamente conocidos, objetivos y vinculantes, propiciando un entorno donde puedan ejercer sus funciones sin estar influenciados por fuerzas externas y en donde se separen las funciones jurisdiccionales de la administración, formación y calificación”.

El decano de Derecho UC, Gabriel Bocksang, agregó que “este documento entrega una propuesta muy relevante sobre distintos aspectos fundamentales concernientes a nuestro Poder Judicial; por ello, está llamado a servir como insumo importante de análisis y de reflexión sobre materias cruciales para la justicia y el desarrollo de nuestro Estado de Derecho”.

Revisa el documento completo aquí