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El pasado 19 de diciembre a las 17:00 horas, por vía remota, se llevó a cabo el conversatorio “Ley de Reincidencia: análisis y perspectivas”, organizado por el Programa Reformas a la Justicia Derecho UC.

En él, se analizó críticamente la Ley N° 21.694, publicada el 4 de septiembre de 2024, que modifica el Código Penal y Código Procesal Penal para mejorar la persecución penal en materia de reincidencia y delitos de mayor connotación social.

El conversatorio contó con la participación y exposición de representantes de los distintos actores que intervienen en el proceso penal. Por parte de la Fiscalía Nacional, expuso Samuel Malamud, abogado y asesor legal de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional, quien señaló que la Ley de Reincidencia “Como toda nueva ley, va a traer ciertos problemas en su aplicación”. Denominó la reforma como una “Tercera agenda corta, porque abarca modificaciones no solo al Código Penal, sino que especialmente al Código Procesal Penal, y también modificaciones de diversa índole a leyes especiales. Es una ley más bien miscelánea”. Comentó, respecto a la regulación de la cooperación eficaz, que hay un consenso en que es “El espacio que está mejor regulado (...) se hace cargo de las normas de la cooperación eficaz, que se encontraban desperdigadas en leyes especiales”.

Por la Defensoría Penal Pública, participó Cristián Irarrázabal, abogado del Departamento de Estudios Nacional de la Defensoría Penal Pública. Mencionó las principales críticas a la reforma, en dos aspectos: “Por un lado, soluciona problemas inexistentes (...) y, en segundo lugar, genera un desequilibrio aún mayor en la teórica igualdad de armas que debe existir en el proceso penal. Todo esto sin arreglar los problemas prácticos que tiene el sistema de justicia”. En lo tocante a la reforma de la incorporación de prueba documental en juicio, reconoció la virtud de que “Se evita la lectura de prueba inútil”, pero también el peligro de que “A diferencia de una convención probatoria, permite incorporar la prueba contra la voluntad de uno de los otros intervinientes”.

Por el Poder Judicial, expuso Andrea Coppa, jueza del Quinto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, quien se refirió a las medidas de protección. Respecto de las medidas de protección de fiscales y abogados asistentes, comentó que “La novedad de este caso es que las decreta el Fiscal Regional (...) y que su deber es comunicar al tribunal. Por lo tanto, de lo que aparece en la redacción del texto, no pareciera estar abierta la posibilidad de rechazarse para los tribunales”.

En cuanto a las medidas de protección para los jueces, señaló que “Va a corresponder llenar de contenido qué son casos graves y calificados por motivos de seguridad (...) también en situaciones menores”, donde procedan dichas medidas. Respecto de las medidas de protección para víctimas, la reforma establece un plazo de hasta 7 días antes de la audiencia para solicitarlas, a lo que comentó que “Es poco probable que se utilice esta figura, porque hay situaciones de seguridad que se dan el mismo día del inicio del juicio (...) esta antelación es bien poco frecuente”

Finalmente, comentó la ley la abogada litigante Paula Vial, quien señaló que la reforma “Es lo que siempre se ha conocido como ley de agenda corta, porque básicamente modifica una enorme cantidad de materias en el proceso, afectando gravemente algunos principios”, y que “Es poco probable que muchas de las modificaciones que se introducen tengan como consecuencia una mayor seguridad”.

Refiriéndose a la ampliación de la detención de cinco días que introduce la comentada ley, apuntó que “Siempre es una excepción a la norma, en casos en que sea conducente al hallazgo de información que pueda colaborar a los objetivos del Ministerio Público, y, por lo tanto, también se tiene que tener en consideración un principio de realidad, en términos de la probable imposibilidad de que algunas de esas informaciones se obtengan en ese plazo”. Por último, respecto a los testigos y peritos hostiles, comentó que “Es necesario (...) acotar los puntos o las partes de su declaración respecto de los cuales podría uno estimar que se encuentra esa hostilidad”.

Revisa el video de la actividad aquí.

Captura de pantalla 2024 12 18 214640El 17 de diciembre pasado tuvo lugar la Sesión N° 227 de la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, en donde se discutió el proyecto refundido de “Reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un Consejo de Nombramientos Judiciales”.

A ella fueron invitados: El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; el señor Subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz; el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales, Javier Couso; el Director Ejecutivo del Observatorio Judicial (LYD), José Miguel Aldunate; el Director del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile y subdirector del Programa Reformas a la Justicia UC, Nicolás Frías; y el Ex Abogado Integrante del TC y Profesor de Derecho Constitucional Comparado de la Universidad de Chicago, Rodrigo Delaveau. Adicionalmente, en calidad de oyentes fueron invitados representantes de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile.

El profesor Frías comenzó su exposición señalando que el proyecto discutido “Afecta directamente el corazón del Poder Judicial”, y que se encuentra enmarcado en un “Contexto de desconfianza generalizada frente a la justicia”.

Por otro lado, comentando el proyecto, destacó que “Detrás de la problemática de Gobierno Judicial hay labores de debido proceso (...) que se están regulando en este proyecto de reforma constitucional”. Además, señaló que “Sigue un modelo híbrido que está reconocido”, que es “Muy similar a lo que se encuentra, por ejemplo, en un país que tiene un alto estándar en independencia judicial (...) como Dinamarca”.

Luego, se refirió los aspectos particulares del proyecto. Primero, respecto de la creación del Órgano autónomo de adminsitración y gestión de recursos, indicó que el proyecto incorpora “El principio de unidad jurisdiccional, que busca que toda la labor jurisdiccional se de al alero del Poder Judicial”. Dicho órgano, comenta, “Administra los recursos de todos los tribunales de la nación, lo que a mi juicio amerita mayor debate, porque deja muchos espacios que se podrían mejorar o precisar”.

En cuanto a los nombramientos de los ministros de la Corte Suprema, el proyecto somete los nombramientos del Ejecutivo a la ratificación del Senado. El profesor Frías valoró postivamente esta decisión, apuntando que “Hay que ser bien conscientes de la tradición del país, en consecuencia, me parece positivo que exista esta ratificación por parte del Senado”, y que “En general, en todos los países que se pueden revisar, hay presencia de los tres poderes en el nombramiento de los altos magistrados”.

Sin perjuicio de ello, hizo sugerencias a este respecto, indicando que se pueden revisar dos temas en la materia. Primero, “que se establezcan normas claras de default”, es decir, “Que ingresado el nombre propuesto, quede investido del cargo constitucionalmente si es que no se pronuncia el Senado dentro de determinado tiempo”. Por otro lado, propuso “Que se establezca un criterio (...) que la labor del Senado no sea una elección, sino una ratificación, que se limite el criterio con el cual”, de modo que se “Tenga una carga muy alta” si se quiere revertir el proceso del nombramiento.

El sistema propuesto, donde el ejecutivo nombra de una terna propuesta por el Consejo de Nombramientos Nacionales. A juicio del profesor, “Es sin duda mejor que el sistema actual”, pero con la propuesta que “Además de los diez días establecidos en el Proyecto de Ley, luego de los cuales se entiende efectuada la primera nominación, se incorporen más elementos”. De esta manera, “Si de la terna jerarquizada, el ejecutivo quiere optar por el segundo o tercer lugar, que deba fundamentar las razones, y que esas razones sean objetivizadas con algún criterio”

Posteriormente, se refirió a los criterios que deben seguir los concursos de nombramientos establecidos por el Proyecto de Ley, donde propuso añadir otros elementos. En primer lugar, “Que los criterios que tenga la Comisión para efectuar el nombramiento sean vinculantes (...) Se hace un criterio objetivo, y que se elija conforme a ese criterio”. En segundo lugar, planteó que “Se debiesen incorporar criterios de eficacia en la administración de justicia”, recordando que “Hay distintos antecedentes que dan cuenta de como la importancia de la gestión incide brutalmente en el acceso a la justicia del justiciable”.

En lo tocante a la integración del Consejo, destacó positivamente que sean cinco integrantes, pero advirtió que “No debiese ser un integrante de la Excelentísima Corte Suprema, sino que la Corte debiese nombrar a alguien según un perfil que se defina”.

En cuanto al sistema disciplinario, identificó que el proyecto, a su juicio, acertadamente “vuelve al funcionamiento que tenía su origen en la Fiscalía Judicial”, pero señaló que “Hay que revisar la facultad que se entrega a la Fiscalía Judicial de dictar estas interpretaciones y normativas éticas”, añadiendo que “Se debiese tener claridad sobre cuál va ser el tribunal que va a conocer sobre las sanciones disciplinarias”.

Respecto de la Fiscalía Judicial, el profesor propone “Que tenga una función de fijar un estándar, de trabajar temas éticos y deontológicos (...) que también vaya fijando buenas prácticas, y que lo que haga, efectivamente, que deba ir y perseguir disciplinariamente sea la norma ya establecida por otro órgano”. De esta suerte, “El tema disciplinario debiese ser de última ratio”.

Finalmente, se refirió a la eliminación de los abogados integrantes, señalando que “Es una buena idea (...) efectivamente se presta para un espacio de pasividad que es intolerable”,  destacando los principios de Bangalore de conducta judicial, donde “No solo importa la imparcialidad, sino que la apariencia de imparcialidad”.

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El pasado 17 de diciembre, la iniciativa del Programa Reformas a la Justicia UC, Jueces para Chile, desarrolló su actividad de cierre, en donde se analizó su primer año de funcionamiento. En ella, participaron alumnos y jueces mentores de la iniciativa, quienes, durante el año, desarrollaron reuniones periódicas destinadas a la discusión de temas de interés, como visitas a tribunales de primera y segnuda instancia, con el objeto de que los alumnos pudieran conocer la labor jurisdiccional desde la perspectiva de los jueces, así como los desafíos que enfrenta la administración de justicia.

La actividad contó con palabras de apertura del decano de la Facultad de Derecho UC, Gabriel Bocksang, y del exministro de justicia y consejero del Programa Reformas a la Justicia UC, don Hernán Larraín, para luego continuar con las palabras de los mentores y alumnos de la iniciativa.

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Mayoría considera que el sistema de justicia no es eficaz, y la mitad, que los magistrados no resisten a las presiones políticas

El 16 de diciembre, el diario El Mercurio publicó un reportaje sobre los resultados de la Encuesta Nacional Bicentenario UC 2024, donde se expresa una opinión crítica al sistema de justicia. A modo ejemplar, la encuesta indicó que “Solo el 8% de los encuestados dice confiar en el sistema, y dos tercios creen que es poco equitativo, poco accesible, poco eficaz y poco oportuno”.

Fue consultado en la materia el exministro de justicia y miembro del Consejo Directivo del Programa Reformas a la Justicia UC, Hernán Larraín, en conjunto con el profesor de la Escuela de Gobierno UC, Mauricio Duce.

Respecto de los resultados de la encuesta, el profesor Larraín indica que “Las cifras son altamente preocupantes”, y que “Refuerzan el diagnóstico de una profunda crisis de la justicia en Chile, que es conocido y con soluciones que están desarrolladas a nivel de expertos”. Comenta, además, que “Constituye un fuerte llamado a avanzar en una reforma a la justicia integral que ha sido largamente postergada, asumiendo la verdadera prioridad que ello tiene para el buen funcionamiento de las demás instituciones, porque si no funciona la justicia, el imperio de la ley se ve debilitado y cuando ello ocurre, es la democracia la que sufre las consecuencias”. Añade que la iniciativa de un nuevo sistema de acceso a la justicia "Ha tenido dificultades para su aprobación legislativa".

En lo tocante a las críticas a jueces, identifica una “Consideración muy extendida (...) en el sentido de que los jueces fallan siguiendo criterios que no están en la ley, validando con ello el activismo judicial y la incapacidad del sistema de recursos procesales para obligar a que apliquen siempre la ley vigente y no sus propias convicciones”.

Propone, para enfrentar esta situación, que “Es tarea de la Corte Suprema garantizar la aplicación de nuestro ordenamiento jurídico en la tarea de los jueces, lo cual requiere de un empoderamiento adicional”. Agrega que “Estos resultados son un llamado a perfeccionar el gobierno judicial y, en particular, los nombramientos de los jueces para garantizar independencia e imparcialidad (...) Es urgente también legislar al respecto, procurando un sistema transparente, con designaciones fundadas en el mérito y sin espacio para la interferencia externa o interna”.

Finalmente, respecto a la crítica al sistema penal, el profesor Larraín ve en los resultados de la encuesta un reflejo de “La sensación de ineficacia del sistema de justicia penal, que induce a creer que solo con penas aún más duras se logrará revertir el cuadro adverso”. Sin embargo, señala que “Diversos estudios demuestran que hay otros caminos para explorar, aunque ello se hace muy difícil, por la existencia de un populismo penal muy extendido en el mundo parlamentario”.

Fuente: El Mercurio

Captura de pantalla 2024 11 08 111309Entrevista publicada en Diario La Tercera, el 7 de noviembre de 2024.

Por Catalina Batarce.

El director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Católica fue uno de los invitados a exponer en medio de las jornadas de reflexión que realizó la Corte Suprema, donde se analizó la reforma al sistema de nombramientos. Tras ello, el profesional asegura que los ministros tienen amplia disposición a generar mejoras y que, hasta ahora, han actuado con rapidez ante casos de irregularidades.

El pasado jueves 24 de octubre, Nicolás Frías, director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Católica, asistió como uno de los expositores invitados por el pleno de la Corte Suprema a las jornadas de reflexión que organizan anualmente los titulares del máximo tribunal.

Ahí expuso sobre la propuesta de su casa de estudios en torno a la reforma del sistema de nombramientos, y también dialogó con los magistrados en torno a las demás iniciativas. Según su percepción, los jueces están muy receptivos y disponibles para implementar las modificaciones que se requieran. Sobre todo, como se ha mencionado, cuando aún enfrentan las consecuencias de una crisis que ya implicó la remoción de dos de sus integrantes.