El Observatorio Legislativo del Programa Reformas a la Justicia lanzó, el 30 de abril de 2025, un número especial dedicado a la Reforma Procesal Civil. Esta publicación se entiende "como un esfuerzo por retomar el debate sobre la necesidad de contar con un sistema de enjuiciamiento civil reformado", luego de transcurrir 20 años desde que se inició el trabajo del Foro Procesal Civil, en mayo de 2005.
El documento hace un repaso por los tres proyectos de ley que dan vida a la aún pendiente Reforma Procesal Civil: Boletín N° 8.197-07 que establece un Nuevo Código Procesal Civil; Boletín N° 14.821-07, que crea tribunales civiles y sedes judiciales, y modifica el Código Orgánico de Tribunales y la Ley 20.886; y Boletín 14.817-07, que regula la mediación civil y comercial.
Al respecto, el texto precisa que "si bien el proyecto central de la Reforma Procesal Civil es aquel que crea un nuevo Código Procesal Civil (NCPC), también existen dos iniciativas que forman parte de la legislación complementaria a dicho proyecto de ley. Lo anterior, en tanto en el Mensaje con que dicha iniciativa fue ingresada, se declaró expresamente que deberían impulsarse, como complemento esencial del nuevo Código, leyes que regularan los nuevos tribunales civiles tributarios del NCPC y se establecieran además mecanismos alternativos de solución de conflictos."
Al igual que en publicaciones anteriores del Observatorio Legislativo, en este número será posible encontrar el contenido y objetivos centrales de cada proyecto, como también los principales hitos de su tramitación legislativa. De esta forma, se comprenderán las modificaciones sustanciales que ha sufrido el proyecto de NCPC, como también revisar la opinión de la Excma. Corte Suprema respecto a los tres proyectos.
Al finalizar el repaso por los boletines, el profesor y Director del Programa Reformas a la Justicia UC, José Pedro Silva Prado, ofrece un breve comentario, donde enfatiza sobre la "urgencia de retomar el trámite legislativo de estos proyectos, pues ello obedece a una muy necesaria y postergada modernización de la función jurisdiccional del Estado." Agrega, además, que se trata de una gran política pública que "busca mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, ampliar el acceso a la justicia, contribuir al desarrollo económico y, en definitiva, perfeccionar la democracia y el Estado de Derecho."
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