Entre los días 20 a 24 de enero, el Programa Reformas a la Justicia UC recibió la visita del Dr. Pablo Castillo Ortiz, quien es profesor de derecho e investigador permanente en University of Sheffield (Reino Unido), en donde realiza una investigación interdisciplinar en derecho y ciencia política. Es especialista en Gobierno Judicial y en Justicia Constitucional, así como en la contribución de ambas a la calidad democrática de los países. 

Su trabajo sobre estas materias, teórico y empírico, ha sido publicado entre otros por Springer, por European Political Science Review, y por The Hague Journal on the Rule of Law. En materia de protección del Estado de Derecho, el Dr Pablo Castillo ha colaborado también con think tanks como Real Instituto Elcano y con European Democracy Hub. Además, ha publicado con medios internacionales como El País y EUObserver. Su trabajo ha sido citado, entre otros, por el Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia de los Magistrados y por el Canciller de Justicia finlandés Tuomas Pöysti.

Su visita a Chile cobra especial relevancia atendido el interés que tiene la Facultad de Derecho UC y en particular el Programa Reformas a la Justicia UC, por realizar un aporte a la discusión en torno al mejor sistema de Gobierno Judicial que debe implementarse en nuestro país. Es así como el profesor Castillo tuvo una nutrida agenda, que le permitió exponer los hallazgos de su estudio Judicial Governance and Democracy in Europe, al mismo tiempo de compartir impresiones sobre las distintas propuestas que han surgido en esta materia. 

El lunes 20 de enero, el profesor Castillo expuso ante el Consejo del Colegio de Abogados, instancia presidida por su Presidente, Pedro Pablo Vergara, y contó con la asistencia de al rededor de 15 consejeros, incluyendo su Vicepresidenta, Soledad Recabarren. Los consejeros se mostraron muy interesados en los hallazgos del profesor Castillo y formularon diversas preguntas y comentarios para efectos de entender la extensión y alcance de los mismos, así como su aplicación en Chile. También conversaron sobre la importancia de despolitizar los sistemas de nombramientos e igualmente el rol que le cabe al Colegio de Abogados en las propuestas existentes.

El martes 21 tuvo lugar una reunión con el Instituto de Estudios Judiciales, en la que el profesor Castillo expuso ante la Directiva del Instituto. En este encuentro se realizaron intercambios de miradas y análisis de los diversos planteamientos y hallazgos del académico de la Universidad de Sheffield. Fue un diálogo relevante en torno al rol de la judicatura en la gobernaza, los distintos modelos existentes de gobierno judicial, y el recorrido que ha transitado el país sobre la materioa en los procesos constituyentes de los años 2021 a 2023. 

El miércoles 22 de enero, el profesor Castillo - Ortiz tuvo un valioso intercambio con académicos de los Departamentos de Derecho Público y de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho UC, como también profesores de otras facultades de Derecho del país. En dicha instancia, los docentes asistentes a la actividad valoraron el enfoque empírico que tiene el estudio presentado. Al mismo tiempo, reflexionaron respecto al rol que le cabe al poder ejecutivo y legislativo en el proceso de nombramientos de jueces, entre otros planteamientos. (Ver nota del IEJ aquí)

El jueves 23 tuvo lugar el coloquio "Reforma al Sistema de Gobierno Judicial": análisis y perspectivas, en la sala Alejandro Silva Bascuñán de la Facultad de Derecho UC. En dicha oportunidad, el profesor Castillo presentó a la audiencia los hallazgos de su estudio, para luego dar paso a un panel de conversación conformado por el Minsitro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; la ministra de la Corte Suprema, Adelita Ravanares; y los exministros de Justicia y Derecho Humanos, Hernán Larraín y José Antonio Gómez. El coloquio fue moderado por la profesora del Departamento de Derecho Procesal UC Priscila Machado. 

Finalmente, el viernes 24 de enero, el docente fue invitado a una sesión del Pleno de la Excma. Corte Suprema. Los ministros se mostraron muy interesados y realizaron varias preguntas y comentarios. Fue de particulár interés el debate en torno al modelo desconcentrado de gobierno judicial, versus uno concentrado, y en el hecho de que la evidencia indica que no hay un único modelo que sea compatible con un alto estándar de independencia judicial. (Video aquí). 

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El pasado 23 de enero se llevó a cabo el Coloquio “Reforma al Sistema de Gobierno Judicial: análisis y perspectivas”, en la sala Alejandro Silva Bascuñán de la Facultad de Derecho UC. 

Esta actividad organizada por el Programa Reformas a la Justicia, contó con la exposición inicial del Dr Pablo Castillo Ortiz1 en el marco de su visia a Chile. Su exposición se basó en los hallazgos de su trabajo titulado Judicial Governance and Democracy in Europe2 que explica la relación entre los diferentes modelos de Gobierno Judicial y la calidad de la democracia, usando como muestra 46 países de Europa y Eurasia. En dicho estudio se analizan los modelos de Consejos Judiciales concentrados, de Servicio a los Tribunales, y del Ministerio de Jusiticia. Para ello, el profesor Castillo utilizó un análisis estadístico y análisis cualitativo comparado. Al respecto, destacó los siguientes hallazgos: 

  • En países de alta calidad democrática encontramos baja corrupción y alta independencia de los tribunales. 
  • Lo anterior puede ocurrir con distintos modelos de gobierno judicial. 
  • Un Consejo Judicial concentrado no es condición necesaria para la alta calidad democrática
  • La baja independencia judicial abre la puerta a la baja calidad democrática
  • Los Consejos Judiciales concentrados, si son capturados por gobiernos autoritarios, facilitan la baja calidad democrática. 

Además, aportó algunas reflexiones respecto al caso chileno. Constató que existe un relativo concenso entre las propuestas del Gobierno, de la Corte Suprema y del Programa Reformas a la Justicia UC, que coinciden en plantear un modelo desconcentrado con una fuerte independencia judicial. Sin embargo, al mismo tiempo, advirtió que aún existe el desafío de combinar formas de legitimidad que están en tensión: la democrática y tecnocrática. 

La exposición del profesor Castillo permitió abrir el debate sobre a las distintas propuestas que han surgido en torno al mejor sistema de Gobierno Judicial. La mesa de conversación estuvo compuesta por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Jaime Gajardo, de los Exministros de Justicia y Derechos Humanos, señores Hernán Larraín y José Antonio Gómez, y de la ministra de la Corte Suprema y mentora de la Iniciativa Derecho UC: Jueces para Chile, Adelita Ravanales. 

Comenzó el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien agradeció la invitación del Programa, y se refirió a la importancia de esta discusión y de que la reforma Constitucional presentada por este Gobierno salga adelante. Destacó que se trata de una propuesta transversal, que reúne ideas de las dinstintas inciativas presidenciales y parlamentarias presentadas en el pasado. Indicó que los procesos constitucionales del pasado entregaron importantes enseñanzas, como que la Constitución debe ser un espacio de amplios acuerdos y minimalista. En particular, respecto al Sistema de Gobierno Judicial, indicó que el modelo por el que se opte debe evitar dos extremos: tanto la politización como la corporativización de la justicia.  

Luego fue el turno de la Ministra Adelita Ravanales, con la prevensión de que expresaría su opinión personal y no la opinión de la Corte Suprema. Al respecto, manifestó la preocupación de los jueces ante la posibilidad de instaurar un Consejo de la Justicia, atendida la experiencia de sus pares en otros países. Por otro lado, señaló que no se debe desatender la cultura judicial, constituida por la perspectiva interna de los integrantes del Poder Judicial, en la toma de decisiones que lo atañen. Mencionó, como ejemplo, las decisiones que adopta la Corporación Administrativa del Poder Judicial, las que no sólo deben remitirse a criterios técnicos, pues existen otras variables que sólo conocen quienes forman parte de dicha cultura.

Le siguió el exministro de Justicia y Derechos Humanos, José Antonio Gómez, quien planteó su desacuerdo con la propuesta planteada por el Gobierno. Señaló que nuestro sistema de Gobierno Judicial no es el problema, sino que lo son las personas que forman parte de él y se aprovechan de sus debilidades. En este sentido, manifestó que debe robustecerse nuestro Sistema de Gobierno Judicial y sus criterios de transparencia, mediante la creación de una institución a cargo de la elaboración de ternas y quinas a presentarse al Congreso y al Presidente de la Rebública, sumado a la tipificación de delitos y sanciones para quienes comentan actos de corrupción en el marco de los nombramientos judiciales. 

Por úlitmo, el profesor y exministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, realizó un repaso por la propuesta de Gobierno Judicial elaborada por el Programa Reformas a la Justicia. En relación con el sistema de nombramientos judiciales, fue enfático en señalar que estos deben quedar a cargo de un órgano autónomo, al asociarse bien con el funcionamiento de la democracia. A diferencia de la propuesta del Gobierno, el exministro señaló que este órgano no solo debe proponer, sino que debe nombrar fundado en criterios objetivos y técnicos, a través de una comisión de nombramientos. De lo contrario, añadió, no se corrigen los defectos de nuestro actual Sistema de Gobierno Judicial, que dan lugar a posibilidades de intervención política en los nombramientos. 

 

1 Profesor de derecho e investigador permanente en University of Sheffield (Reino Unido), en donde realiza una investigación interdisciplinar en derecho y ciencia política. Es especialista en Gobierno Judicial y en Justicia Constitucional, así como en la contribución de ambas a la calidad democrática.

Cómo citar: P. Castillo-Ortiz (2023) Judicial Governance and Democracy in Europe, Springer: Switzerland. 

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El pasado 19 de diciembre a las 17:00 horas, por vía remota, se llevó a cabo el conversatorio “Ley de Reincidencia: análisis y perspectivas”, organizado por el Programa Reformas a la Justicia Derecho UC.

En él, se analizó críticamente la Ley N° 21.694, publicada el 4 de septiembre de 2024, que modifica el Código Penal y Código Procesal Penal para mejorar la persecución penal en materia de reincidencia y delitos de mayor connotación social.

El conversatorio contó con la participación y exposición de representantes de los distintos actores que intervienen en el proceso penal. Por parte de la Fiscalía Nacional, expuso Samuel Malamud, abogado y asesor legal de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional, quien señaló que la Ley de Reincidencia “Como toda nueva ley, va a traer ciertos problemas en su aplicación”. Denominó la reforma como una “Tercera agenda corta, porque abarca modificaciones no solo al Código Penal, sino que especialmente al Código Procesal Penal, y también modificaciones de diversa índole a leyes especiales. Es una ley más bien miscelánea”. Comentó, respecto a la regulación de la cooperación eficaz, que hay un consenso en que es “El espacio que está mejor regulado (...) se hace cargo de las normas de la cooperación eficaz, que se encontraban desperdigadas en leyes especiales”.

Por la Defensoría Penal Pública, participó Cristián Irarrázabal, abogado del Departamento de Estudios Nacional de la Defensoría Penal Pública. Mencionó las principales críticas a la reforma, en dos aspectos: “Por un lado, soluciona problemas inexistentes (...) y, en segundo lugar, genera un desequilibrio aún mayor en la teórica igualdad de armas que debe existir en el proceso penal. Todo esto sin arreglar los problemas prácticos que tiene el sistema de justicia”. En lo tocante a la reforma de la incorporación de prueba documental en juicio, reconoció la virtud de que “Se evita la lectura de prueba inútil”, pero también el peligro de que “A diferencia de una convención probatoria, permite incorporar la prueba contra la voluntad de uno de los otros intervinientes”.

Por el Poder Judicial, expuso Andrea Coppa, jueza del Quinto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, quien se refirió a las medidas de protección. Respecto de las medidas de protección de fiscales y abogados asistentes, comentó que “La novedad de este caso es que las decreta el Fiscal Regional (...) y que su deber es comunicar al tribunal. Por lo tanto, de lo que aparece en la redacción del texto, no pareciera estar abierta la posibilidad de rechazarse para los tribunales”.

En cuanto a las medidas de protección para los jueces, señaló que “Va a corresponder llenar de contenido qué son casos graves y calificados por motivos de seguridad (...) también en situaciones menores”, donde procedan dichas medidas. Respecto de las medidas de protección para víctimas, la reforma establece un plazo de hasta 7 días antes de la audiencia para solicitarlas, a lo que comentó que “Es poco probable que se utilice esta figura, porque hay situaciones de seguridad que se dan el mismo día del inicio del juicio (...) esta antelación es bien poco frecuente”

Finalmente, comentó la ley la abogada litigante Paula Vial, quien señaló que la reforma “Es lo que siempre se ha conocido como ley de agenda corta, porque básicamente modifica una enorme cantidad de materias en el proceso, afectando gravemente algunos principios”, y que “Es poco probable que muchas de las modificaciones que se introducen tengan como consecuencia una mayor seguridad”.

Refiriéndose a la ampliación de la detención de cinco días que introduce la comentada ley, apuntó que “Siempre es una excepción a la norma, en casos en que sea conducente al hallazgo de información que pueda colaborar a los objetivos del Ministerio Público, y, por lo tanto, también se tiene que tener en consideración un principio de realidad, en términos de la probable imposibilidad de que algunas de esas informaciones se obtengan en ese plazo”. Por último, respecto a los testigos y peritos hostiles, comentó que “Es necesario (...) acotar los puntos o las partes de su declaración respecto de los cuales podría uno estimar que se encuentra esa hostilidad”.

Revisa el video de la actividad aquí.

Captura de pantalla 2024 12 18 214640El 17 de diciembre pasado tuvo lugar la Sesión N° 227 de la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, en donde se discutió el proyecto refundido de “Reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un Consejo de Nombramientos Judiciales”.

A ella fueron invitados: El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; el señor Subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz; el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales, Javier Couso; el Director Ejecutivo del Observatorio Judicial (LYD), José Miguel Aldunate; el Director del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile y subdirector del Programa Reformas a la Justicia UC, Nicolás Frías; y el Ex Abogado Integrante del TC y Profesor de Derecho Constitucional Comparado de la Universidad de Chicago, Rodrigo Delaveau. Adicionalmente, en calidad de oyentes fueron invitados representantes de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile.

El profesor Frías comenzó su exposición señalando que el proyecto discutido “Afecta directamente el corazón del Poder Judicial”, y que se encuentra enmarcado en un “Contexto de desconfianza generalizada frente a la justicia”.

Por otro lado, comentando el proyecto, destacó que “Detrás de la problemática de Gobierno Judicial hay labores de debido proceso (...) que se están regulando en este proyecto de reforma constitucional”. Además, señaló que “Sigue un modelo híbrido que está reconocido”, que es “Muy similar a lo que se encuentra, por ejemplo, en un país que tiene un alto estándar en independencia judicial (...) como Dinamarca”.

Luego, se refirió los aspectos particulares del proyecto. Primero, respecto de la creación del Órgano autónomo de adminsitración y gestión de recursos, indicó que el proyecto incorpora “El principio de unidad jurisdiccional, que busca que toda la labor jurisdiccional se de al alero del Poder Judicial”. Dicho órgano, comenta, “Administra los recursos de todos los tribunales de la nación, lo que a mi juicio amerita mayor debate, porque deja muchos espacios que se podrían mejorar o precisar”.

En cuanto a los nombramientos de los ministros de la Corte Suprema, el proyecto somete los nombramientos del Ejecutivo a la ratificación del Senado. El profesor Frías valoró postivamente esta decisión, apuntando que “Hay que ser bien conscientes de la tradición del país, en consecuencia, me parece positivo que exista esta ratificación por parte del Senado”, y que “En general, en todos los países que se pueden revisar, hay presencia de los tres poderes en el nombramiento de los altos magistrados”.

Sin perjuicio de ello, hizo sugerencias a este respecto, indicando que se pueden revisar dos temas en la materia. Primero, “que se establezcan normas claras de default”, es decir, “Que ingresado el nombre propuesto, quede investido del cargo constitucionalmente si es que no se pronuncia el Senado dentro de determinado tiempo”. Por otro lado, propuso “Que se establezca un criterio (...) que la labor del Senado no sea una elección, sino una ratificación, que se limite el criterio con el cual”, de modo que se “Tenga una carga muy alta” si se quiere revertir el proceso del nombramiento.

El sistema propuesto, donde el ejecutivo nombra de una terna propuesta por el Consejo de Nombramientos Nacionales. A juicio del profesor, “Es sin duda mejor que el sistema actual”, pero con la propuesta que “Además de los diez días establecidos en el Proyecto de Ley, luego de los cuales se entiende efectuada la primera nominación, se incorporen más elementos”. De esta manera, “Si de la terna jerarquizada, el ejecutivo quiere optar por el segundo o tercer lugar, que deba fundamentar las razones, y que esas razones sean objetivizadas con algún criterio”

Posteriormente, se refirió a los criterios que deben seguir los concursos de nombramientos establecidos por el Proyecto de Ley, donde propuso añadir otros elementos. En primer lugar, “Que los criterios que tenga la Comisión para efectuar el nombramiento sean vinculantes (...) Se hace un criterio objetivo, y que se elija conforme a ese criterio”. En segundo lugar, planteó que “Se debiesen incorporar criterios de eficacia en la administración de justicia”, recordando que “Hay distintos antecedentes que dan cuenta de como la importancia de la gestión incide brutalmente en el acceso a la justicia del justiciable”.

En lo tocante a la integración del Consejo, destacó positivamente que sean cinco integrantes, pero advirtió que “No debiese ser un integrante de la Excelentísima Corte Suprema, sino que la Corte debiese nombrar a alguien según un perfil que se defina”.

En cuanto al sistema disciplinario, identificó que el proyecto, a su juicio, acertadamente “vuelve al funcionamiento que tenía su origen en la Fiscalía Judicial”, pero señaló que “Hay que revisar la facultad que se entrega a la Fiscalía Judicial de dictar estas interpretaciones y normativas éticas”, añadiendo que “Se debiese tener claridad sobre cuál va ser el tribunal que va a conocer sobre las sanciones disciplinarias”.

Respecto de la Fiscalía Judicial, el profesor propone “Que tenga una función de fijar un estándar, de trabajar temas éticos y deontológicos (...) que también vaya fijando buenas prácticas, y que lo que haga, efectivamente, que deba ir y perseguir disciplinariamente sea la norma ya establecida por otro órgano”. De esta suerte, “El tema disciplinario debiese ser de última ratio”.

Finalmente, se refirió a la eliminación de los abogados integrantes, señalando que “Es una buena idea (...) efectivamente se presta para un espacio de pasividad que es intolerable”,  destacando los principios de Bangalore de conducta judicial, donde “No solo importa la imparcialidad, sino que la apariencia de imparcialidad”.

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El pasado 17 de diciembre, la iniciativa del Programa Reformas a la Justicia UC, Jueces para Chile, desarrolló su actividad de cierre, en donde se analizó su primer año de funcionamiento. En ella, participaron alumnos y jueces mentores de la iniciativa, quienes, durante el año, desarrollaron reuniones periódicas destinadas a la discusión de temas de interés, como visitas a tribunales de primera y segnuda instancia, con el objeto de que los alumnos pudieran conocer la labor jurisdiccional desde la perspectiva de los jueces, así como los desafíos que enfrenta la administración de justicia.

La actividad contó con palabras de apertura del decano de la Facultad de Derecho UC, Gabriel Bocksang, y del exministro de justicia y consejero del Programa Reformas a la Justicia UC, don Hernán Larraín.

El decano valoró positivamente el primer año de la iniciativa, reconociendo la importancia de que el Poder Judicial esté conformado por abogados que se hayan formado en los valores de  la Universidad Católica, enfatizando en la vocación de servicio público requerida para ejercer la judicatura. Además, mostró gran disposición, desde la Facultad, para propiciar instancias de mejora en futuras versiones de la iniciativa, para lo que advirtió que las opiniones y comentarios de los participantes, tanto de alumnos como de mentores, cobran una gran importancia. Finalmente, agradeció la disposición y entrega de los jueces que asumieron la labor de cada mentoría.

Por su parte, el profesor Larraín abordó el desafío que tiene la administración de justicia en nuestro país, sobre todo frente a la opinión ciudadana, teniendo en cuenta la valoración negativa a la judicatura en los resultados de la Encuesta Bicentenario 2024. Más específicamente, se refirió al desafío de la Universidad Católica, toda vez que, en su experiencia como ministro de justicia, hay un número reducido de magistrados nombrados provenientes de dicha casa de estudios. De este modo, reconoció positivamente que iniciativas como Jueces para Chile tengan lugar en la Universidad.

Luego, los mentores dieron su valoración de la iniciativa. La jueza del quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Andrea Coppa, destacó la importancia de la iniciativa, señalando que el país necesita más jueces de la Universidad Católica, atendiendo su especial aporte en la forma de entender la vida y el ser humano. Respecto a su grupo de alumnos, recalcó la importancia que tuvieron las reuniones periódicas, donde se pudieron abordar variados temas, tanto teóricos como cotidianos de la vida de un juez. En el mismo sentido se expresó la jueza del 28 Juzgado Civil de Santiago, Claudia Veloso, quien señaló que también en las primeras reuniones que tuvo con sus alumnos, procuró dar un enfoque en lo cotidiano de la labor de un juez, de modo de que pudieran observar factores importantes en ella, como la carga de trabajo. Por su parte, la relatora de la Corte Suprema, Patricia Fuenzalida, comentó que compartió casos reales conn sus mentorados, con el objeto de que pudieran desarrollar sus habilidades de análisis y resolución de problemas. 

Luego fue el turno de los alumnos. Fabrizio Rosso y Rocío Navarrete, quienes estuvieron bajo la mentoría de la jueza Andrea Coppa, comentaron cómo la iniciativa les permitió reforzar su vocación. Rocío valoró que su mentora le haya mostrado todas las áreas posibles, mientras que Fabrizio destacó que la Facultad haya acogido la idea de formar futuros jueces. Los alumnos Josefina Macuada y Nicolás Ávalos, que estuvieron bajo la mentoría del relator de la Corte Suprema, Manuel Rodríguez, destacaron su disponibilidad desde el primer momento. Josefina propuso, como sugerencia, generar más instancias que permitan cuestionarse su vocación. Nicolás, por su lado, subrayó el efecto comunicacional de la iniciativa, al ver que se han empezado a discutir los temas de la vocación judicial en la facultad. Por otro lado, sugirió adaptar lineamientos según el año que está cursando el alumno. También los alumnos Paulo Garrido y Teresa Ochagavía, ambos mentorados de la ministra de la Corte Suprema, Adelita Ravanales, mencionaron que la experiencia les permitió ver la cotidianidad y trabajo diario de un juez, así como el lado humano de su función, teniendo en cuenta el cambio que esta tiene en la vida de las personas. Asimismo, celebraron la oportunidad de haber tenido acceso a numerosas instancias formativas.

La iniciativa Jueces para Chile busca, a través de su programa de mentorías, generar una comunidad académica que contribuya a la promoción de nuevas vocaciones judiciales, formación de futuros jueces y acompañamiento de la labor judicial. Para el año 2025, tendrá su segunda versión, a la que los alumnos interesados pueden postular a través del sistema de Redes UC hasta el día 17 de enero.