Hernán Larraín, miembro del consejo directivo del Programa Reformas a la Justicia, emitió su parecer respecto al proyecto de ley de reforma al sistema notarial y registral, actualmente a la espera de la votación del informe de la Comisión Mixta, en diversos medios de comunicación.

 En su entrevista en Tele13 Radio, el profesor Hernán Larraín criticó el debilitamiento del proyecto de reforma al sistema notarial. Señaló que la iniciativa, impulsada en 2018, ha sido "podada" en aspectos clave, manteniéndose el monopolio y la discrecionalidad en los nombramientos, y dejando fuera avances como la firma electrónica avanzada.

Larraín lamentó que se haya rechazado la creación de fedatarios, figura que habría permitidoampliar el acceso aservicios notariales simples. Acusó además el fuerte lobby de gremios de notarios y conservadores, que —a su juicio— impidieron una modernización real del sistema. “No quieren competencia para mantener su privilegio”, afirmó.

Finalmente, llamó al Ejecutivo a considerar un veto presidencial que restituya al menos lo aprobado por la Cámara de Diputados, advirtiendo que se perdió una oportunidad clave para mejorar el acceso y reducir los costos de un servicio esencial.

Revisa la entrevista completa en Tele13 Radio.

En entrevista con La Segunda, el profesor Hernán Larraín, exministro de Justicia y académico UC, lamentó que el proyecto de reforma al sistema notarial —impulsado por él en 2018— haya terminado convertido en una “oportunidad perdida”. A su juicio, la nueva ley mantiene la estructura anterior, los altos costos para la ciudadanía y no necesariamente asegura una mayor transparencia en los nombramientos.

Aunque valora ciertos avances, como la incorporación del sistema ADP para la formulación de ternas, advierte que la decisión final sigue en manos del Presidente, lo que mantiene abierta la puerta a presiones políticas y “pitutos”. Lamentó la eliminación de la figura de los fedatarios y la mantención de una oferta restringida de servicios, lo que seguirá traduciéndose en precios y altos y rentas excesivas.

Larraín se refirió también el lobby ejercido por el gremio notarial y alertó que la reforma no garantiza una baja de aranceles ni el fin del monopolio. “Donde sí quedó la puerta enteramente abierta es a nivel del Presidente”, sentenció.

Lee la entrevista completa en La Segunda, edición del 9 de junio de 2025:

Larraín: “Los notarios deben estar felices, porque mantuvieron su coto de caza” Exministro de Justicia alerta que persiste “ventana de discrecionalidad” en nombramientos y que nueva ley tampoco asegura trámites más baratos. 

Hernán Larraín (UDI) está hoy dedicado a la academia. Hoy es Profesor en la Facultad de Derecho de la PUC e integra un programa de reformas judiciales en el mismo plantel. Pero mira siempre hacia el Congreso, donde fue senador por 24 años.
Actualmente "monitorea" el trámite de la Ley de Notarios, proyecto que él impulsó en 2018, como ministro de Justicia de Sebastián Piñera. La reforma está a punto de salir del Congreso, pero un sorpresivo “gallito” entre el Senado y la Cámara terminó enredando su despacho.
El problema surgió por el modo en que los diputados votaron una norma sobre la división del Conservador de Santiago. “Debate menor”, apunta Larraín, que no se relaciona con el “fondo del problema”.
A su juicio, el debate tendría que centrarse en “si acaso” la “institución del conservador y otros registros debiera existir como tal (...). Probablemente por el desarrollo tecnológico no necesitamos esta institución y podríamos pensar en un servicio público (...) que otorgue fe pública, no como un negocio particular”.

-¿Sin conservadores?

-Así es. El esquema este corresponde a otra época (...), bien podría operar un registro que operase tecnológicamente, de fácil acceso y disposición, al día, sólo con cambios tecnológicos.

"Cifras demasiado exorbitantes"
Larraín apunta luego a la principal crítica que enfrenta el conservador capitalino: sus jugosas ganancias. “No es prudente que exista uno solo en Santiago (...). Se dice, no me consta, que tiene ingresos del orden de los $1.000 millones mensuales (...), son cifras demasiado exorbitantes”, advierte.

Desde esa óptica, concuerda con la opción que da la nueva ley de dividir el organismo “para que no se concentre en una sola mano esa cantidad de recursos (...), los ingresos que tienen son completamente impropios, desmesurados, ajenos al servicio público”.

-En una columna usted dijo que esta reforma término siendo una “oportunidad perdida”. ¿Lo sigue pensando?

-Sin lugar a dudas, podríamos haber diseñado un sistema moderno, que resol- viera los problemas (...), es un sistema anticuado en general (...), un servicio que a la gente le significa pérdida de tiempo y altos costos (...), es otro de los clavos de la permisología.

-Usted tiene reparos sobre el nuevo sistema de nombramientos, vía ADP.

-La formulación de las ternas se le quitó a las cortes (...). Sin embargo, el que toma la última decisión es el Presidente, lo cual siempre va a abrir espacios para la interferencia y la discrecionalidad (...). Este proyecto sólo resolvió un problema, no el otro (...). Nosotros planteábamos una comisión autónoma que realizara los nombramientos, esa idea no fue acogida.

"El lobby que hicieron"

Larraín advierte que la nueva ley incurre también en “graves omisiones”. Entre ellas, haber desechado la creación de “nuevos ministros de fe” (fedatarios) para que se hicieran cargo de algunas funciones notariales (“trámites de mesón”). Lo que habría permitido -según él- aumentar la oferta y moderar el “privilegio, monopolio” del que hoy gozan quienes ejercen estos
oficios.
En síntesis, considera que en la nueva ley “hay algunos avances” (transparencia, evitar en algo el tráfico de influencia y el nepotismo, entre ellos), pero que al podar la iniciativa original, el Congreso terminó convirtiendo al proyecto en una “pálida sombra” de su versión original.

-¿Quienes pueden celebrar la nueva norma: notarios y conservadores, o el usuario?

-Los notarios deben estar felices, porque mantuvieron su coto de caza, sin presiones para modificaciones tecnológicas, y porque se mantiene en parte el mecanismo de nombramientos.

-Usted ha dado a entender que el gremio notarial intentó obstaculizar la reforma. ¿Hay algún episodio descono- cido que pueda “desclasificar”?

-No, de lo que he dejado constancia es del lobby que hicieron del gremio notarial. Recuerda que, incluso, la Asociación de Notarios reclamó a la Contraloría por declaraciones que él hizo sobre el tema. Pero el organismo desestimó la queja. “Tienen intereses distintos a los que perseguía la ley (...). Siento haber perdido en buena parte esta batalla”, constata.

-¿Pero alguna vez se sintió presionado?

-No. (Pero) el gremio hacía declaraciones muy fuertes. Alguna vez, incluso, faltando a la verdad.

¿Seguirán pitutos?

-¿La nueva ley garantiza una baja en los precios de los aranceles?

-No podría decir que lo garantiza, porque la oferta sigue siendo restringida.

-¿Y estos oficios dejarán de ser una fuente de enriquecimiento?

-Van a seguir siendo una fuente de altos ingresos, porque la oferta es tan limitada (...), estando tan limitada la oferta, el precio por de- finición se mantiene alto (...). Si no hay más acceso, el monopolio sigue operando y los precios van a seguir siendo altos a costa del bolsillo ciudadano.

-Algunos senadores dicen que persiste un riesgo de politización en el nuevo sistema ADP. ¿Lo comparte?

-Desgraciadamente, sí. Era mejor una comisión autónoma (...) protegida de toda influencia política (...). Siendo mejor el ADP que el sistema actual de las cortes, no hay garantías de que no va a haber presión. 

Y da un campanazo de alerta: “Donde sí quedó la puerta enteramente abierta es a nivel del Presidente. El filtro que hace el ADP queda entregado al Presidente (...), y esa ventana de discrecionalidad es negativa.

-¿Asegura el nuevo sistema que ya no habrá espacio para amiguismos o pitutos en los nombramientos?

-No lo asegura, porque si bien el ADP es un sistema más independiente, la presión que puede recaer sobre el Presidente es real. No quedamos cubiertos de ese riesgo.

-¿Cree que la norma que obliga a los “inmortales” a irse a los 75 años pueda terminar en el TC?

-Es muy probable, porque los intereses son muy altos y van a hacer todo lo posible por preservar sus privilegios, pero esta es una función pública. No hay derechos adquiridos sobre las funciones públicas.

 

 

El pasado 14 de mayo se celebró la Ceremonia de Inauguración del Año Académico Derecho UC. La instancia contó con la participación del rector Juan Carlos de la Llera, el decano Gabriel Bocksang, y un amplio número de docentes, alumnos y exalumnos de la Facultad.

La Ceremonia comenzó con una interesante conferencia magistral del profesor de la Universidad de Navarra, Rafael Domingo Oslé, titulada "Derecho Global y Cristianismo. Hacia un iuris et amoris universalis ordo". Luego continuó con las palabras del decano Gabriel Bocksang quien resaltó aspectos notables de nuestra casa de estudios, entre ellos el Compromiso Público, punto en el que destacó la contribución al servicio y la vocación de la iniciativa Jueces para Chile, y el Observatorio Legislativo del Programa de Reformas a la Justicia.

La ceremonia finalizó con la premiación de profesores, alumnos y exalumnos por su extraordinaria participación en la vida académica y su aporte a la sociedad. Fue en esta instancia en que el Director del Programa Reformas a la Justicia UC fue galardonado con el premio Pedro Lira Urquieta. Este reconocimiento está reservado para aquellos profesores distinguidos en su actividad académica y en la formación de generaciones de discípulos y docentes en nuestra Facultad.

José Pedro Silva ha tenido una sobresaliente trayectoria en derecho público y privado. Actualmente se desempeña como Profesor de Derecho Procesal y Miembro del Comité Curricular. Sumado a esto, ha sido Director del Departamento de Derecho Procesal y miembro del Consejo de Facultad en diversas ocasiones. Participó en la redacción del proyecto del nuevo Código Procesal Civil y presidió el Instituto Chileno de Derecho Procesal. Es consejero y árbitro del CAM Santiago y del SIAC y desde el año 2011 preside el Consejo de la Fundación Ciudad del Niño.

Este no es el primer galardón que ha recibido, habiendo sido honrado previamente con el premio Excelencia Docente (2014), premio Roberto Peragallo Silva (2016) y premio Abdón Cifuentes (2024).

El otorgamiento finalizó con las siguientes palabras: “Su carrera refleja un firme compromiso con la disciplina del Derecho Procesal, la docencia, el servicio público y los niños vulnerables”.

 

Con más de cincuenta asistentes conectados desde distintas partes de Chile y Argentina, el martes 6 de mayo se desarrolló el coloquio “El rol de la psicología del testimonio en la litigación”, instancia que reunió a estudiantes, docentes y abogados en torno a una temática clave para la práctica forense contemporánea: la confiabilidad de la prueba testimonial.

La sesión fue guiada por el Dr. Francisco Javier Pascua Olguín, abogado argentino con amplia trayectoria en litigación penal, como juez, fiscal, defensor judicial y docente. Pascua, también académico y autor del libro Psicología del testimonio y teoría del caso, compartió con los asistentes su visión sobre cómo se aborda —y se malinterpreta— la prueba testimonial en juicios orales.

Uno de los principales aportes del encuentro fue la propuesta de diferenciar lo que una persona podría pretender en juicio, de lo que realmente puede aspirar. “Lo que se busca en el juicio no es una verdad absoluta, sino una verdad forense”, señaló el expositor. Y explicó: “la verdad real, si existe, solo está en manos de un ser superior; lo que los jueces tienen frente a sí es una versión aproximada, una construcción basada en percepciones, memoria, lenguaje y contexto”.

Captura de pantalla 2025 05 18 a las 11.22.25

El coloquio incluyó un ejercicio práctico que sorprendió a los asistentes. Se proyectó una imagen durante breves segundos y se pidió a distintos participantes que relataran lo que habían visto. A pesar de haber observado exactamente la misma escena, las versiones entregadas fueron radicalmente distintas: variaban los elementos, colores, detalles y enfoques. Esta dinámica puso en evidencia cómo la percepción está moldeada por múltiples factores, desde la posición física hasta la experiencia emocional y el bagaje sociocultural de cada observador.

La actividad permitió discutir temas que no se suelen tratar en la formación jurídica tradicional pero que definen la calidad de la prueba viva: los límites de la memoria, los sesgos cognitivos, la exactitud sobre la veracidad, la preparación técnica del testigo, y el lenguaje verbal, no verbal y paralingüístico. Asimismo, respecto al rol pasivo que muchas veces adopta el sistema judicial frente a los testigos: “nos basamos en la fe o la intuición para creer, pero no tenemos formación en herramientas científicas para evaluar si el testimonio es confiable”, sostuvo el Dr. Pascua.

Durante el diálogo con los asistentes, se plantearon preguntas claves: ¿qué condiciones debe reunir un testimonio para generar convicción en el juez?, ¿cómo se construye la credibilidad?, ¿es éticamente válido preparar a un testigo para que sea “más creíble” aunque no sea exacto?, ¿es posible evaluar científicamente la expresión emocional de una declaración?

El debate fue acompañado por reflexiones del profesor Nicolás Frías, quien ofició como moderador, y de los participantes, varios de los cuales relataron experiencias personales en litigación que resonaron con lo expuesto.

El coloquio no sólo puso en cuestión la manera en que entendemos el testimonio dentro del proceso judicial, sino que también planteó un desafío a las nuevas generaciones de litigantes: dejar atrás el formalismo y avanzar hacia una comprensión más técnica, multidisciplinaria y rigurosa de los medios de prueba. En palabras del expositor, “no se trata de buscar verdades absolutas, sino de evitar errores judiciales irreparables”.

Actividades como ésta reflejan la importancia de abrir espacios de formación continua en materias que impactan directamente en la calidad del proceso y en las garantías de las partes. En la base de las decisiones judiciales está la prueba, por lo que la psicología del testimonio, lejos de ser una curiosidad académica, se presenta como una herramienta esencial para el juicio oral del siglo XXI.

El lunes 05 de mayo, se desarrolló con éxito el primer plenario de la Iniciativa Derecho UC: Jueces para Chile, titulado "Redacción de sentencias judiciales: entre laquaestio iurisy laquaestio facti". 

La actividad contó con presencia de la segunda generación de estudiantes de nuestra Facultad inscritos en el programa de Mentorías de la iniciativa Jueces para Chile, el cual busca promover vocaciones judiciales, acercando la labor jurisdiccional a los alumnos y permitiéndoles conocerla de primera mano en el contacto directo con magistrados de todo tipo de tribunales.

En esta oportunidad, expusieron los jueces Sebastián Bravo Ibarra, juez de letras y laboral de Rengo; Raúl Díaz Manosalva, juez del 2° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago; Nicolás Humeres Guajardo, Juez de letras de Tomé y Eduardo Estrada Aravena, relator de la Corte de Apelaciones de Santiago. Todos ellos miembros del grupo de reflexión y discusión Prueba y Razón.

Dentro de la perspectiva práctica de la instancia, el juez Raúl Díaz realizó ejercicios interactivos  sobre valoración de la prueba al momento de dictar sentencias. De esta forma, los alumnos pudieron interactuar directamente con los magistrados y el tema tratado.

Asimismo, los alumnos profundizaron en el análisis de sentencias civiles y penales, abordando los principales aspectos teóricos y prácticos que inciden en la fundamentación de hecho y derecho en una sentencia judicial.

La iniciativa de Mentorías contempla tanto instancias plenarias como encuentros personalizados entre cada juez tutor y los alumnos a su cargo, que continuarán realizándose durante todo el año. 

Diseo sin ttulo 4

 

El Observatorio Legislativo del Programa Reformas a la Justicia lanzó, el 30 de abril de 2025, un número especial dedicado a la Reforma Procesal Civil. Esta publicación se entiende "como un esfuerzo por retomar el debate sobre la necesidad de contar con un sistema de enjuiciamiento civil reformado", luego de transcurrir 20 años desde que se inició el trabajo del Foro Procesal Civil, en mayo de 2005.

El documento hace un repaso por los tres proyectos de ley que dan vida a la aún pendiente Reforma Procesal Civil: Boletín N° 8.197-07 que establece un Nuevo Código Procesal Civil; Boletín N° 14.821-07, que crea tribunales civiles y sedes judiciales, y modifica el Código Orgánico de Tribunales y la Ley 20.886; y Boletín 14.817-07, que regula la mediación civil y comercial. 

Al respecto, el texto precisa que "si bien el proyecto central de la Reforma Procesal Civil es aquel que crea un nuevo Código Procesal Civil (NCPC), también existen dos iniciativas que forman parte de la legislación complementaria a dicho proyecto de ley. Lo anterior, en tanto en el Mensaje con que dicha iniciativa fue ingresada, se declaró expresamente que deberían impulsarse, como complemento esencial del nuevo Código, leyes que regularan los nuevos tribunales civiles tributarios del NCPC y se establecieran además mecanismos alternativos de solución de conflictos."

Al igual que en publicaciones anteriores del Observatorio Legislativo, en este número será posible encontrar el contenido y objetivos centrales de cada proyecto, como también los principales hitos de su tramitación legislativa. De esta forma, se comprenderán las modificaciones sustanciales que ha sufrido el proyecto de NCPC, como también revisar la opinión de la Excma. Corte Suprema respecto a los tres proyectos. 

Al finalizar el repaso por los boletines, el profesor y Director del Programa Reformas a la Justicia UC, José Pedro Silva Prado, ofrece un breve comentario, donde enfatiza sobre la "urgencia de retomar el trámite legislativo de estos proyectos, pues ello obedece a una muy necesaria y postergada modernización de la función jurisdiccional del Estado." Agrega, además, que se trata de una gran política pública que "busca mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, ampliar el acceso a la justicia, contribuir al desarrollo económico y, en definitiva, perfeccionar la democracia y el Estado de Derecho."

Revisa el documento aquí.