Libro CAM 30 Anos de Desarrollo Institucional del Arbitraje y de la Mediacion 1 300x419

El martes 13 de diciembre fue presentado el libro titulado "30 años de desarrollo institucional del arbitraje y de la mediación", publicado por el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM), de la Cámara de Comericio de Santiago (CCS). Este libro se presentó en el marco de la celebración de los 30 años del CAM Santiago, fue dirigido por su Directora Ejecutiva, Macarena Letelier, y contó con la participación de cerca de cuarenta destacados abogados que trabajaron en la redacción de sus capítulos. 

El Director del Programa Reformas a la Justicia, el profesor José Pedro Silva Prado, junto a Macarena Oyarzún Ithurralde, son los autores del capítulo VI del referido libro, titulado "Los desafíos de la prueba en las audiencias remotas en el arbitraje nacional". Por su parte, el Subdirector de nuestro Programa, el profesor y Director del Departamento de Derecho Procesal UC, Nicolás Frías Ossandón, estuvo a cargo del capítulo XVII, titulado "Proyecto de ley de mediación civil en Chile: comentarios a la luz de la experiencia comparada". 

El libro cuenta con 23 capítulos destinados a realzar el sistema de arbitrahe y mediación institucional, junto a parte de la doctrina nacional e internacional.

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Lanzamiento colección jurisprudencial

El 1 de diciembre se realizó el lanzamiento de la colección jurisprudencial "La Prueba Ilícita en la Jurisprudencia de la Corte Suprema", del profesor Manuel Rodríguez, y "El Recurso de apelación en el proceso Civil”, de la profesora María Teresa Bravo. La actividad fue moderada por el profesor Paulo Román.

Este lanzamiento, organizado por el Departamento de Derecho Procesal y el Programa Reformas a la Justicia UC, contó con la participación del abogado, académico, exjuez y expresidente de la Excelentísima Corte Suprema, Milton Juica, quien presentó el tomo sobre “La prueba ilícita en materia penal”. En su exposición, enfatizó en la “imposibilidad de contar con una sentencia justa y razonable si la prueba está contaminada”, destacando las herramientas jurídicas y procedimentales existentes en la actualidad, que permiten ejercer un efectivo control legal y de constitucionalidad.

Su presentación continuó valorando que este trabajo de recopilación permita conocer la “variada jurisprudencia de la Corte Suprema existente sobre la materia, la que se interioriza en la cuestión de los derechos fundamentales, siendo la garantía constitucional que más se analiza la del derecho a la presunción de inocencia”. Adicionalmente, destacó la posibilidad de distinguir las tendencias que nuestra Corte Suprema ha seguido en relación con la prueba ilícita, mirando fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos en lo que dice relación con la aplicación de la teoría del árbol del fruto envenenado. Al respecto, indicó que “la legislación francesa también acepta esta teoría, pero con cierto rigor de equiparar este principio con el deber y derecho del Estado de asegurar la seguridad de las personas víctimas de los delitos”.

El profesor Manuel Rodríguez concluyó la presentación de este tomo, indicando que “la Corte Suprema, en principio, reconoce la integridad judicial como el fundamento de la ineficacia de la prueba ilícita, pero que lentamente se han ido reconociendo excepciones, como la teoría del árbol envenenado”. Además, que, “tras estas excepciones, existe un juicio de proporcionalidad realizado por la Corte Suprema, reconociéndose ciertas excepciones fundadas en la gravedad del ilícito y de la infracción, ponderando la importancia de la prueba”. El autor, sin embargo, cuestionó que este juicio de proporcionalidad no se explicite ni se desarrolle de manera alguna en los fallos, impidiendo a las comunidades jurídicas acceder a éste como un elemento de análisis.

Enseguida, la presentación del tomo sobre “El recurso de apelación en el proceso civil” estuvo a cargo del distinguido profesor Cristián Maturana, exabogado integrante del Tribunal Constitucional y miembro de la Comisión Ministerial de Justicia sobre reforma procesal civil que redactó el proyecto de Código Procesal Civil.

Su presentación se inició analizando la estructura orgánica y procedimental del recurso de Apelación en nuestro sistema procesal civil. Al respecto, resaltó que la estructura piramidal de nuestro sistema procesal influye en que “los jueces fallen conscientes de que dicha resolución no es definitiva”, configurándose así el recurso de apelación en una institución de trascendental relevancia. A diferencia de lo que ocurre en los procedimientos modernos, orales y concentrados, donde “el juicio se centra en los tribunales de base”. En estos procedimientos, donde cada tribunal forma más bien parte de un archipiélago y no de una pirámide, “el uso de la apelación se limita a sentencias definitivas y a otras excepcionales dictadas durante el curso del procedimiento”.

Su presentación siguió analizando brevemente cada una de las materias abordadas en el libro, y concluyó haciendo hincapié en la necesidad de una reforma procesal civil, “basada en procedimientos orales, con un recurso de apelación funcional más que jerárquico, con primacía de control vertical en audiencia más que de carácter horizontal por la proliferación recursiva durante la primera instancia”. Agregó que “la alta carga de recursos de apelación que afectan a nuestras cortes de apelaciones amerita realizar una revisión de la procedencia de éste en nuestros procedimientos civiles, y los efectos en la vista de la causa para que la resolución del asunto se alcance dentro de plazos razonables”.

Finalmente, la profesora María Teresa Bravo tuvo algunas palabras de cierre de esta presentación, señalando que el tema elegido “atiende al rol social que cumple el recurso de apelación, evitando los errores judiciales de las sentenciasen en la medida que éste no se ocupe de manera dilatoria”, y que la finalidad de esta colección jurisprudencial es servir de material de estudio para estudiantes de derecho.

Cinco académicos de la Facultad participaron en las Jornadas Nacionales de Derecho Procesal 464

 

 

 

 

 

 

 

El subdirector del Programa Reformas a la Justicia, Nicolás Frías, junto a los profesores María Elena Santibáñez, Jaime Alcalde, Angélica Burmester y Manuel Rodríguez, participaron de la actividad.  

El 23, 24 y 25 de noviembre se llevaron a cabo las IX Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, evento que tuvo como organizador a la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y que contó con la participación de los profesores del Departamento de Derecho Procesal UC Nicolás FríasMaría Elena SantibáñezAngélica Burmester y Manuel Rodríguez; y el profesor del Departamento de Derecho Privado UC Jaime Alcalde.

En el encuentro, donde participaron un total de 37 expositores y se realizaron las conferencias magistrales de Antonio Gidi, de la Syracuse University, y Santiago Pereira Campos, de la Universidad de Montevideo, se abordaron los distintos problemas y soluciones que presentan los diversos procedimientos procesales chilenos.

Bajo el título Las partes en el proceso, se reflexionó sobre cuestiones propias de materia civil, mercantil, del contencioso administrativo, penal, laboral, familia y constitucional, entre otras.

Ponencias

En la séptima sesión de las Jornadas, que estuvo dedicada a las partes en el procesal penal, intervino la profesora Santibáñez con la ponencia Ministerio Público y querellantes: una relación ambivalente; y el profesor Rodríguez, cuya ponencia se tituló El esquizofrénico procedimiento de medida de seguridad contra el enajenado mental. Dicho panel fue moderado por el director del Departamento de Derecho Procesal UC y subdirector del Programa de Reformas a la Justicia, Nicolás Frías.

En la novena sesión, la que trató sobre las partes en los procedimientos especiales, expusieron los académicos Ángela Burmester y Jaime Alcalde. La primera presentó la ponencia titulada Procedimiento especial ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia: el rol de la Fiscalía Nacional Económica cuando actúa como parte en representación del interés general de la colectividad; mientras que Alcalde intervino con la ponencia Notas sobre las partes en el procedimiento monitorio introducido por la Ley 21.461 en la Ley 18.101 sobre arrendamiento de predios urbanos.

Finalizando la actividad se presentaron las actas de las VIII Jornadas Nacional de Derecho Procesal, que se celebraron en la Universidad Católica de Valparaíso, que llevan por título Problemas actuales sobre la ejecución, y que fueron publicadas por la Editorial Thomson Reuters.

La décima versión de este encuentro se realizará en 2023 bajo la organización de la Universidad Católica del Norte.

 

Fuente: https://derecho.uc.cl/es/noticias/33429-cinco-academicos-de-la-facultad-participaron-en-las-jornadas-nacionales-de-derecho-procesal

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La Facultad de Derecho UC dio a conocer un inédito mecanismo de resolución de controversias que se susciten al interior de los gremios, mediante el cual se busca velar por el cumplimiento de su normativa ética. En la actividad, se reunieron destacados académicos, autoridades públicas, representantes del mundo gremial y empresarial. También tuvo una especial participación la Cámara de la Innovación Farmacéutica, que es la primera asociación gremial en adherirse a este sistema.

 

16 de noviembre, 2022- El lanzamiento del Sistema de Autorregulación y Buenas Prácticas Gremiales UC combinó una mirada práctica con una reflexiva. Práctica, en tanto el objeto del evento consistió, por un lado, en dar a conocer y comentar un sistema específico de resolución de conflictos gremiales: su regulación procedimental y orgánica, sus principios, definiciones, requisitos, competencias, entre otros aspectos. Por otro lado, fue también una actividad reflexiva pues, a partir de las exposiciones de Juan Eduardo Ibáñez, Director del Programa de Sostenibilidad Corporativa UC; José Pedro Silva, Director del Programa Reformas a la Justicia UC; y el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, fue posible profundizar sobre los fundamentos detrás de la regulación que se ofrece.

La reflexión también continuó en los paneles de conversación que fueron moderados por la Periodista Angélica Bulnes. El primero de ellos estuvo integrado por Carmen Román, directora de empresas: Lorenzo Gazmuri, Presidente de ICARE, y Juan Larraín, Director del Instituto de Éticas Aplicadas, quienes intentaron responder a la pregunta “¿Cómo fortalecer la confianza en las empresas?”. Por su parte, el segundo panel titulado “El rol de los gremios en la sostenibilidad”, contó con la participación de Mariela Formas, Vicepresidenta Cámara de la Innovación Farmacéutica AG; Juan Pablo Schaeffer, Abogado UC y mediador del sistema; Claudio Seebach, Presidente Generadoras de Chile AG y Jeannette von Wolfersdorff, economista experta en transparencia, fundadora del Observatorio Fiscal.

La apertura de esta actividad estuvo a cargo de la Vicedecana de la Facultad de Derecho UC, Carmen Elena Domínguez, quien destacó el trabajo comprometido y entusiasta del Programa de Sostenibilidad Corporativa UC y del Programa Reformas a la Justicia UC, ya que, gracias al riguroso trabajo académico y profesional realizado por sus equipos, durante más de dos años, es posible ofrecer un servicio que ayuda a fortalecer la confianza y contribuir a la sostenibilidad empresarial del mundo gremial. Finalizó su discurso agradeciendo a los expositores y asistentes a la actividad, pues ésta es el fruto del trabajo de nuestra comunidad académica, un trabajo que, de un modo riguroso, crítico, y autónomo, contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad humana y de nuestra la herencia cultural.

Enseguida la palabra la tomó el profesor Juan Eduardo Ibáñez, quien expuso sobre las motivaciones para crear este Sistema y sus principios. Sobre este punto, señaló que este sistema se basa en los principios de imparcialidad, independencia, celeridad, eficacia y transparencia, y promueve una reflexión ética al interior de los gremios, de manera que libremente decidan sus estándares, pero que sean comunicados y revestidos de un Sistema independiente que va a velar por su efectiva implementación. Finalizó su exposición refiriéndose a los objetivos específicos del Sistema, entre los que destacan promover la confianza y legitimidad del sector privado a través de un sistema independiente, robusto y externo; brindar una oportunidad a los gremios en la mejora de estándares y buenas prácticas empresariales, con orientación al bien común; y promover una gestión ética eficiente en las empresas, así como facilitar la gestión de las controversias entre asociados y sus grupos de interés.

Por su parte, el profesor José Pedro Silva explicó que este sistema administrará diferentes mecanismos de resolución de conflictos gremiales que afectan a asociados que forman parte de una asociación gremial. Todo ello conforme a su respectiva normativa ética, las disposiciones legales pertinentes y a lo preceptuado en los reglamentos suscritos entre el Sistema y la Asociación. El académico se detuvo con especial dedicación en la exigencia de resguardar la garantía del debido proceso, e hizo referencia a los órganos que conforman este sistema, compuesto de un Consejo, una Secretaría Ejecutiva, y un Tribunal de Autorregulación encargado de conocer los reclamos interpuestos mediante un procedimiento especialmente regulado al efecto, en términos racionales y justos y resguardando las garantías del debido proceso.

El Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, fue el expositor invitado a esta actividad, quien, en su calidad de autoridad pública, ofreció una interesante reflexión sobre naturaleza de este mecanismo y cómo convive con la institucionalidad existente en nuestro país. Al respecto, señaló que el Sistema de Autorregulación y Buenas Prácticas Gremiales UC no sustituye a los tribunales de justicia por infracción a obligaciones de rango legal, sino que se trata de una institucionalidad externa a los gremios, que impone sanciones disciplinarias por incumplimiento de autorregulaciones o buenas prácticas empresariales. Indicó, en definitiva, que se trata de obligaciones de rango supra o extralegal. Agregó que este sistema es una respuesta adecuada a la contingencia. Es un primer paso, pero no es suficiente. Las asociaciones gremiales también deben reaccionar al incumplimiento de normas legales por parte de sus asociados, como, por ejemplo, en casos de colusión.

En el primer panel de conversación que siguió a las exposiciones, Lorenzo Gazmuri enfatizó en la alta insatisfacción que los ciudadanos muestran tener en las empresas y en cómo, mecanismos como éste, pueden colaborar en hacer frente a esta realidad. Igual opinión sostuvo Carmen Román, quien además se refirió al rol los líderes empresariales y gremiales en el trabajo por la confianza de las empresas. Al respecto, señaló que los buenos líderes tienen que ser protagonistas en este tema, y tienen que ser la cabeza central de la ética y la integridad. Por su parte, Juan Larraín extendió la necesidad de fortalecer la confianza de todo tipo de instituciones, públicas y privadas, y de enmarcar la responsabilidad social dentro de un marco ético. Señaló que un elemento que permite que la sociedad confíe más en las organizaciones, es hacer de la ética el verdadero carácter de estas organizaciones, y no sólo un agregado.

Finalmente, en el segundo panel, Mariela Formas abrió la conversación refiriéndose a los pasos que siguió la CIF para adherirse al Sistema. Al respecto, señaló que la CIF, durante dos años, debió desarrollar una serie de políticas, como unificar y reglamentar códigos de ética para homologar su entendimiento e interpretación entre los asociados. Agregó que comenzaron mirando la experiencia internacional y entendiendo la importancia de generar confianza en la ciudadanía y entre pares. Enfatizó en la importancia de que la sociedad vea que la industria dejó de lado la autocomplacencia y que está siendo observada bajo la mirada externa. Por otro lado, Juan Pablo Schaeffer se refirió a la relevancia de que los gremios adopten estos mecanismos antes de que los conflictos escalen, y de apostar por la prevención mediante la capacitación de las empresas, del estudio de sus códigos de ética. Señaló que que ello no debe hacerse sólo por un check, sino porque todo eso mejora la forma de hacer negocios. Jeannette von Wolfersdorff re refirió a la necesidad de mayor transparencia al interior de los gremios y a la importancia de asegurar la independencia y autonomía del Sistema. También señaló que, si bien este Sistema es un muy buen primer paso, los gremios tienen el desafío de generar sus propias propuestas para mejorar la regulación. Finalmente, Claudio Seebach hizo referencia al rol de los gremios en la construcción del bien común, en tanto deben equilibrar su rol económico, social y ambiental, y poner el bien que produce al servicio del bienestar de la sociedad.

 

Fotografía: Sebastián Aguilera

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"UC crea inédito sistema para dirimir conflictos en los gremios y la Cámara de la Innovación Farmacéutica es el primero en adherir a él.

Con el objeto de fortalecer la confianza y de contribuir a la sostenibilidad empresarial, la Facultad de Derecho UC lanzó un Sistema de Autorregulación y Buenas Prácticas Gremiales. Esta nueva institucionalidad, creada como un mecanismo autónomo e independiente —a la que los gremios pueden adherir voluntariamente—, fue organizada bajo el alero del Programa de Sostenibilidad Corporativa y el Programa de Reformas a la Justicia de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El sistema busca que los gremios puedan contar con un mecanismo de enforcement externo, para que las empresas asociadas cumplan con buenas prácticas y estándares que hayan acordado, evitando conductas oportunistas o desleales de alguna de ellas, con el consecuente efecto negativo para toda la industria. En la práctica, su forma de operar considera que ante denuncias presentadas —ya sea por denuncias de una empresa en contra de otra empresa del mismo gremio, o desde el interior de una empresa, o desde el gremio mismo—, el sistema generará un tribunal ad hoc que se instaurará para revisar y fallar ese caso.

Por cierto, y en forma previa, un gremio debe estar adscrito al Sistema, el cual funciona considerando el hecho de que cada gremio establece sus propios códigos de conducta y buenas prácticas, que estarán también previamente registrados. Luego, las diferencias que se presenten serán resueltas por tribunales ad hoc definidos por el Sistema, que conocerá de la causa y reclamo en cuestión, y su fallo incluirá las normativas y sanciones que tienen previamente definidos los gremios, conforme a sus particularidades. Por tanto, el tipo de sanciones dependerá de las normas que tenga cada gremio.

Este nuevo Sistema de Autorregulación y Buenas Prácticas cuenta con un consejo de cinco integrantes, cuya función es velar por la correcta operación del Sistema y, en caso de presentarse controversias, designa a los mediadores y al tribunal independiente que conocerá de la denuncia. Actualmente, este Consejo está integrado por Carmen Elena Domínguez Soto, vicedecana de la Facultad de Derecho de la UC; José Pedro Silva, director del Programa de Reforma a la Justicia UC; Juan Larraín, profesor y encargado de la Iniciativa de Éticas Aplicadas de la UC; Carmen Román, directora de empresas, y Juan Eduardo Ibáñez, director del Programa de Sostenibilidad Corporativa UC.

“Muchas veces ocurre que se dictan Códigos de Conducta, pero no existen sistemas de reporte, ni tampoco, sistemas independientes, robustos y eficaces para el control de las buenas prácticas de la industria. Estudiamos experiencia comparada y nacional y creamos el Sistema con la vocación de ayudar a los gremios en la implementación de sus mejores prácticas”, explica Juan Eduardo Ibáñez.

Este Sistema de Autorregulación ya tiene un primer integrante: la Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile (CIF), que reúne a laboratorios que investigan, desarrollan y fabrican medicamentos, todos internacionales. Este gremio, liderado por la vicepresidenta ejecutiva, Mariela Formas, ya registró su código de buenas prácticas, que regula las interacciones entre los laboratorios asociados al gremio, profesionales de la salud y otras organizaciones relevantes, como sociedades médicas, asociaciones de pacientes, centros clínicos y universidades, entre otros. Su objetivo es regular la actividad promocional de los laboratorios asociados. Regula, por ejemplo, la entrega de muestras médicas; la prohibición de obsequios de artículos de utilidad médica, dinero y otros beneficios personales; y regula los eventos y encuentros organizados por los laboratorios asociados, así como los patrocinios o auspicios, entre otras cosas.

Mariela Formas explica que el interés por adherir al Sistema radica en que si bien todos los gremios generan códigos de buenas prácticas y ética, hasta ahora su control queda radicado en el propio gremio, lo que implica que este se transforma en juez y parte de sus propios asociados, lo que es complejo. Por ello optaron por este sistema, que ya existe en muchos países europeos, detallando que incluso, en unos meses más, la CIF también apuntará a que puedan resolver controversias que sean planteadas por terceros, abierto a público.

Para el diseño del Sistema de Autorregulación y Buenas Prácticas Gremiales sus gestores analizaron sistemas similares en Australia, Gran Bretaña, Colombia y España.

El Sistema de Autorregulación y Buenas Prácticas Gremiales tiene su génesis al alero del Programa de Sostenibilidad Corporativa y el Programa de Reformas a la Justicia de la Facultad de Derecho de la PUC.

Carmen Román.

Carmen Elena Domínguez.

Mariela Formas."

 

Revisa aquí la noticia.

Fuente: Cuerpo B de El Mecurio, domingo 13 de noviembre de 2022.