Los abajo firmantes somos un grupo de académicos y académicas de diversas universidades y profesionales que trabajamos en materias de acceso a la justicia y resolución colaborativa de conflictos. Estamos convencidos de la necesidad de impulsar nuevas formas de abordaje colaborativo de conflictos en nuestro país.
 


Con asombro hemos tomado conocimiento días atrás de la aprobación, en la Comisión de Constitución Legislación y Justicia del Senado, de la indicación presentada en el Proyecto de Ley de fortalecimiento de la institucionalidad de protección al consumidor (Boletín 9369), que regula el procedimiento voluntario para la protección del Interés Colectivo o Difuso de los consumidores que reemplazó el epígrafe del procedimiento de mediación colectiva.

La tendencia en las negociaciones internacionales ha sido incorporar mecanismos de solución de controversias que puedan proteger de mejor manera a empresas e inversionistas.