Opinión

Detalles

Con motivo de la entrevista al actual ministro de Justicia, publicada el 11 de diciembre pasado, ha quedado en evidencia que la reforma procesal civil, en la que tantos y por tantos años hemos trabajado, se encuentra paralizada por un problema exclusivamente económico, sin que se vislumbre cuándo podrá renovarse su tramitación.

Detalles
Ricardo Irarrázaval Sánchez.

Una materia pendiente en la labor del SEIA, como lo ha advertido un informe de la CPC, tiene que ver con los plazos de tramitación.
 
 En la tramitación de la ley 20.417, ley que reformó nuestra institucionalidad ambiental modificando la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, presentada y publicada en el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet, hubo dos grandes temáticas que no estuvieron en el proyecto de ley original y que se incorporaron en su tramitación a instancias de la oposición. Me refiero en primer lugar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, institución que modificó la institucionalidad ambiental 'de autoridad' que se pretendía, reemplazándola por un modelo 'híbrido', en que lo ambiental se recoge como un elemento transversal dentro del Estado, bajo una lógica de sustentabilidad y con un Consejo de Ministros que no sólo aconseja, sino que resuelve políticas y normativas en temas de sustentabilidad, no sólo del Ministerio del Medio Ambiente, sino que de los distintos servicios y ministerios.

Detalles

El Mercurio Legal (25 de mayo de 2016) Por Nicolás Frías El pasado 21 de abril, en el salón Manuel José Irarrázaval de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se efectuó el lanzamiento del Programa UC Reformas a la Justicia, en el que se debatió sobre la implicancia práctica y desafíos de la ley 20.886 sobre tramitación digital de los procedimientos civiles. En dicha oportunidad contamos con las exposiciones de conocidos académicos de derecho procesal y con los integrantes del Poder Judicial que están liderando la implementación de la ley en nuestro territorio. Asimismo, se revisaron los efectos que tiene la ley desde el punto de vista del concepto de expediente, de la preparación y tramitación de los casos por parte de los litigantes y de los efectos de la misma en el ejercicio de la labor jurisdiccional.

Detalles

Columna publicada en La Tercera, 25 de enero de 2016

"Dispute Boards: eficiente mecanismo pro-inversión"

Según el estudio "Divergencias contractuales en empresas socias", elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción, sobre la conflictividad en la relación mandante-contratista, el 90% de las constructoras declara haber enfrentado discrepancias con los clientes y el 21% de las mismas termina judicializándose. En este contexto, quisiéramos destacar una buena noticia en materia de políticas de resolución de conflictos que viene desde la sociedad civil.