¿Todavía quieres ser abogada (o)?

Por Macarena Letelier V. 

Columna publicada por Diario Financiero, el 5 de septiembre de 2024. 

 

No han sido semanas fáciles para nuestro gremio. La última encuesta Plaza Pública de Cadem arrojó que el 84% de los consultados cree que el comportamiento de Luis Hermosilla es una práctica frecuente entre los abogados, frente a un 10% que señala que corresponde a un hecho aislado. ¿Qué hacemos con los miles de jóvenes que hoy estudian una carrera que, lejos de crear confianza, tiene un manto de duda en su actuar?

Formar. Las universidades y sus profesores tenemos hoy, más que nunca, un rol que cumplir ahí. Cuando vamos a la consulta del médico y le contamos qué nos pasa, ese profesional nos da un diagnóstico y receta lo que piensa va a servir. ¿Quién discute si el remedio es o no el adecuado? No es diferente cuando alguien busca asesoría legal, la confianza que se deposita en el abogado es enorme y la opinión que damos para proponer una solución, un “remedio legal”, es poco probable que sea rebatida o cuestionada. Esa responsabilidad social como depositarios de confianza es lo que debemos transmitir a las nuevas generaciones.

Sabemos que donde no llega la autorregulación entramos al espacio del control ético y un paso más allá el límite que impone la ley convirtiendo actos en ilícitos con consecuencias claras. Por eso la importancia de este control, del que tanto se ha hablado en el último tiempo, es ahora más importante que nunca.

¿Quién lo hace?, ¿hasta dónde llega?, ¿es obligatoria la colegiatura?, ¿debe el juez, en la lógica sancionatoria y adjudicativa, revisar el actuar de los abogados?, ¿deben los propios pares en la Corte Suprema revisar la suya? Todas estas interrogantes están sobre la mesa y tal vez es hora de zanjarlas. Porque ¿basta la autorregulación en el actuar de nosotros, los abogados? ¿estamos incentivando a jóvenes a seguir esta carrera que tanto ha aportado desde siempre a la sociedad? Ojalá fuera así.

Así, pararse hoy frente a estudiantes de derecho es un desafío. Las mallas tradicionales poco ofrecían sobre herramientas de diálogo o de colaboración ante los conflictos, por el contrario, fuimos formados desde lo adversarial. Por otra parte, la construcción del perfil de juez quedaba para después del estudio universitario, ese acompañamiento vocacional inicial no existía. Pero hay buenas noticias, por ejemplo, la iniciativa “Jueces para Chile” de la PUC, que busca generar una comunidad académica que contribuya a la promoción de nuevas vocaciones judiciales, a la formación de futuros jueces, y al acompañamiento de la labor judicial, con la conciencia del rol esencial que cumple la judicatura en el marco del Estado de Derecho.

Finalmente, la encuesta “Sobre Necesidades Jurídicas y Cursos de Acción” de la Corporación de Asistencia del Poder Judicial, del 2021, señaló que la mayoría de la población mayor de 18 años (76,6%) en Chile, enfrentó un problema justiciable en los últimos dos años. Datos como este nos hablan de la enorme necesidad de contar con profesionales que representen los intereses de otros en la búsqueda de justicia. Todos somos responsables de que las futuras generaciones respondan fuerte y claro ¡Si todavía quiero ser abogada (o)! 

La pasividad del bobo

Por Hernán Larraín F. 

Columna publicada por La Tercera, el 4 de septiembre de 2024. 

El publicitado caso "Audios" ha producido una manifiesta conmoción y levantado un duro cuestionamiento a sus protagonistas, a la justicia y a los abogados en general.

Un estudio del Colegio de Abogados de julio pasado señala que un 74% de los consultados (abogados colegiados) afirma que su ética profesional está en crisis. Los propios abogados confirman lo que recoge la prensa y transmite la calle. También lo hace Cadem, DataInfliye y Pulso Ciudadano en estos días, cuyos análisis ratifican la desconfianza en nuestra justicia. 

La reprobación de los abogados no es nueva, a pesar de que la mayoría de ellos desempeña con honestidad y nobleza su profesión. Los critican las personas de a pie, forzadas a acudir a un abogado porque desconfían de su gestión o cuando necesitan una autorización ante notario, ministro de fe pública y colega, quien con frecuencia autoriza sin cumplir ese mandato que dice “firmo ante mí”, pero que cobra como si lo hubiera hecho. Lo perciben también las víctimas de un delito que se enteran que su causa (como el 50%) ha sido archivada sin haberse efectuado ni un solo trámite ni recibir explicación alguna, mientras los victimarios poseen una robusta defensa pública. O cuando enfrentan un juicio cuyo alto costo y excesiva demora generan la sensación de indefensión.

En este clima adverso, el caso “Audios” amplifica pues un malestar existente. Más allá de las eventuales responsabilidades penales que solo los tribunales pueden determinar (por lo que resulta irresponsable opinar del fondo del asunto), lo que este episodio deja en la retina es el tráfico de influencias y abuso de poder que expresan los participantes en dicho audio y a confesión de parte, relevo de pruebas. Sus palabras hacen pensar que lo que afirman es verdadero y que así actúan quienes ejercen la profesión, situación que es probable se vea agravada con la publicación de los chats de uno de los abogados del caso, abriendo interminables cuitas y aflicciones que alimentarán el tiempo libre.

Aparte de aplicar con rigor la ley en el caso, se sabe lo que hay que hacer hace mato. Por ejemplo, fortalecer la formación moral de los estudiantes de derecho; asegurar que el gremio fiscalice efectivamente las conductas impropias de sus miembros; incorporar nuevas medidas preventivas anticorrupción en los servicios públicos. Asimismo, impulsar reformas en la judicatura y el gobierno judicial, especialmente en los sistemas de nombramientos de jueces, fiscales y notarios; y favorecer la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias (como la mediación), que hagan posible un acceso real a la justicia.

¿Por qué no se avanza? Respuesta conocida: por la crisis del régimen político que inhibe el funcionamiento eficaz del Ejecutivo y del Congreso Nacional.

La depresión cobra espacio y resulta estremecedor contemplar cómo pasa el tiempo y todo sigue igual. No vaya a ocurrir que en el futuro se sostenga que los líderes sensatos de todo el espectro permanecieron impasibles ante la desintegración institucional, con la pasividad del bobo, permitiendo germinar populismos y extremismos de izquierda y derecha que lo pulverizaron.

 

Cárceles y política penitenciaria

Por Hernán Larraín F.

Columna publicada por La Tercera, el 24 de julio de 2024

La propuesta del gobierno de edificar una cárcel de alta seguridad obliga a revisar el tema. Las respuestas tradicionales no resultan eficaces ante el actual escenario que vivimos. El cambio de la delincuencia en Chile en su modus operandi, ahora como crimen organizado, la penetración del narcotráfico, el incremento de los delitos violentos, la corrupción generalizada, la falta de medios adecuados para enfrentar esta nueva realidad criminógena, entre otros factores, obliga a nuevas medidas. Entre ellas, una nueva política carcelaria.

Es correcto, pues, avanzar hacia cárceles de este tipo, pero es indispensable que lo que hoy existe en este ámbito funcione. Durante la segunda administración del Presidente Piñera, se estableció un plan integral para disponer de un número significativo de celdas de alta seguridad que pudiera aislar y controlar a los jefes de las bandas organizadas y a los delincuentes de alta peligrosidad. Se construyeron o repararon 1.325 plazas en todo el país, 102 en Valparaíso, 300 en Santiago (que, por demoras en la construcción se terminaron y habilitaron en la actual administración). Sin embargo, en algunos casos como el de Santiago (REPAS) no se ocupa toda su capacidad y, en semanas recientes, esa población penal se insubordinó causando daños graves a gendarmes y a la infraestructura, evidenciando fallas de implementación y de manejo de recintos de alta seguridad, algo que se debe tener presente al crear presidios ad hoc.

Por cierto, en una coyuntura que exige contar con este tipo de cárceles, la mirada parroquial y populista de autoridades que se niegan a que tales recintos se instalen en su comuna (Irací Hassler en Santiago) resulta inexplicable. Más aún, cuando el proyecto anunciado por el gobierno en la capital consiste en la ampliación de un complejo penitenciario existente, lo que reduce fuertemente las externalidades negativas de esta iniciativa (que, es cierto, se recomienda instalar fuera de los centros urbanos).

Este episodio nos debería centrar en el debate de fondo: concordar una política de Estado en el campo penitenciario que aborde, en el ámbito de la custodia, el inhumano hacinamiento, el régimen de orden y disciplina interna y la formación pertinente de gendarmes (profesional y ética); una infraestructura física adecuada con equipamiento y tecnología eficaz; un régimen carcelario segregado (eso explica la creación de cárceles de alta seguridad cuando el problema es mayor); y sistemas de inteligencia que anticipen conflictos y la perpetración de delitos dentro y fuera de los penales.

En lo que concierne a la reinserción social, la otra sagrada misión, se debe asumir por todos los medios, con el aporte del sector privado y de profesionales competentes. No solo porque toda persona que ha caído merece una segunda oportunidad, sino por una razón práctica: la reincidencia se acerca al 50% de los que egresan del sistema. Si eso se redujera a la mitad, en pocos años saldrían de la calle miles de delincuentes. ¡Reinserción es seguridad pública!

La cárcel y el cumplimiento cabal de las penas debe formar parte de la cadena de seguridad del país, pero se gastan chauchas en ella y billones en prevención y persecución penal. Hay que revisar las prioridades, valorar a Gendarmería e integrarla al trabajo policial (¿una policía penitenciaria que forme parte del nuevo Ministerio de Seguridad Pública?).

Nombramientos Judiciales

Por Hernán Larraín F., Nicolás Frías O., Macarena Letelier F., y José Pedro Silva P.

Carta publicada por El Mercurio, el 15 de junio de 2024. 

 

 Señor Director:

Una vez más es noticia el tema del nombramiento de jueces. Cada tanto tiempo surgen nuevos episodios donde aparecen interferencias indebidas, sospechas de manipulación o de presiones espurias motivadas por distintos intereses. Sin perjuicio de la veracidad o no de tales actuaciones, sean ilícitas o indebidas, el problema de fondo no está únicamente en estas manifestaciones de irregularidades, sino en el sistema de nombramientos que permite o hace posible que se produzcan las mismas.

Más allá de juicios o comisiones investigadoras, las autoridades (Gobierno y Congreso Nacional) deben legislar con urgencia un nuevo mecanismo para efectuar las designaciones de jueces -y también de notarios- que garantice procedimientos públicos y transparentes, objetivos, fundados en el mérito y ajenos a toda contingencia. En el caso de los jueces, existe un proyecto de ley presentado en 2021 que crea una Comisión Autónoma de Nombramientos Judiciales (boletines 14.191-07 y 14.192-07) y, respecto de los notarios, existe otra iniciativa presentada en 2018 (boletín 12.092-07), aprobada por la Cámara y que se ha reactivado últimamente en el Senado.

Es tiempo de legislar para evitar seguir en la pendiente de los escándalos. Las decisiones judiciales son esenciales para la vida social y para el fortalecimiento del Estado de Derecho; y su legitimidad, así como del sistema institucio- nal en su conjunto, tributan de la imparcialidad y transparencia de la organización judicial, así como de la idoneidad de los jueces. En simple, ataquemos las causas y no las consecuencias de mecanismos mal diseñados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negociar con sorpresas

Por Macarena Letelier V. 

Publicado por Diario Financiero, el 6 de junio de 2024.

 

Un país en el que su sistema político dificulta de por sí la construcción de acuerdos y que, más aún, está en una situación que requiere de manera urgente reconstruir confianzas para negociar temas estructurales, se entera en la cuenta pública del Presidente que el Gobierno enviará un proyecto de ley para regular el aborto legal. Una sorpresa que impactó no solo a la gran mayoría de los chilenos que vemos en dicha política pública un acto "inhumano", sino que a los propios partidarios del Gobierno que se enteraron de la propuesta durante la cuenta anual.

Negociar entre partes requiere estrategias. Algunas de ellas son acompasar, esto es, encontrar puntos en común con quienes quiero lograr acuerdos es primordial. Sumado a una comunicación efectiva, que se da principalmente ejercitando la escucha activa y que desarrolla la confianza, base para avanzar en las conversaciones. Junto con poner los intereses por sobre las posiciones, en este caso dejar de lado las miradas ideológicas, de creencias y valores y, finalmente, que lo acordado realmente se puede materializar porque es legítimo y factible.

En gran medida el despliegue de esas estrategias las vimos plasmadas en la primera parte del discurso del Presidente. En sus palabras hubo conexión con lo que la gente pide, entre otros en materia de seguridad, con la creación del Ministerio de Seguridad, la modernización para carabineros y un plan maestro para la infraestructura carcelaria, la digitalización de varios permisos, lo anuncios en materia económica y de crecimiento, el plan de salud mental, reducciones en las listas de espera y el acuerdo Codelco-SQM, entre otros. Parecía que el Presidente había escuchado los dolores de los chilenos y traía como propuestas soluciones que responden a las necesidades de muchos. Sin embargo, la gran sorpresa no así la única-, la anunciada ley de aborto legal, cae como un balde de agua fría, tan fría que es capaz de congelar cualquier ánimo o voluntad de ceder posiciones en materias tan importantes como el pacto fiscal, una reforma de pensiones y tantos otros que el país lleva años trabajando.

La estrategia desaparece, no solo porque se dejó de escuchar, sino porque la posición de algunos les gana a los intereses de muchos, porque con el actual Congreso no hay posibilidad alguna de que se logre la aprobación de un proyecto como el anunciado, lo que hace que sea más una señal que una materia que, incluso en la legitimidad y valor de una democracia sea debatible en estos tiempos. O sea, perder el tiempo, de paso quebrando confianzas, retrocediendo lo que se creía avanzado, volviendo incluso a fojas cero las conversaciones en materias fundamentales.

Si se quiere lograr acuerdos, se va de frente, sin sorpresas y se persuade, dándole siempre una mirada humana a la negociación, lo que está lejos del anuncio del que fuimos testigos en la última cuenta pública.