Los abajo firmantes somos un grupo de académicos y académicas de diversas universidades y profesionales que trabajamos en materias de acceso a la justicia y resolución colaborativa de conflictos. Estamos convencidos de la necesidad de impulsar nuevas formas de abordaje colaborativo de conflictos en nuestro país.

 

Chile enfrenta un profundo problema de confianza en sus instituciones y a nivel interpersonal. Es sabido que el sistema de justicia presenta deficiencias, de acceso y oportunidad, entre muchas otras. El propio Poder Judicial ha señalado la existencia de barreras estructurales, procesales y cognitivas, que limitan el acceso al sistema de justicia. El establecimiento de formas de resolución colaborativa de conflictos en el ámbito civil, comercial y socioambiental, así como la posibilidad de rescatar las formas colaborativas de solución de conflictos de los pueblos indígenas, permitirían no solo el acceso efectivo a la justicia, sino además la generación de una institucionalidad y cultura que promuevan las capacidades de diálogo de los ciudadanos y ciudadanas, orientadas a promover la paz social, la justicia ambiental, la transformación restaurativa de las comunidades, así como la promoción de inversiones en contextos de validación y legitimación social de estas, a través de mecanismos dialógicos. Sobre la base de dichos argumentos, se hace necesario incorporar estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos en la reforma procesal civil, para avanzar hacia una sociedad con mayor justicia y paz social.

 

En este contexto, estimamos que se requiere promover mecanismos basados en diálogos constructivos que permitan avanzar a una sociedad que diversifique sus formas de acceso a la justicia, abriendo nuevos canales de acceso universal a una justicia basada en valores de inclusión, participación y deliberación de las partes involucradas. Lo anterior es totalmente compatible y complementario al proceso judicial como espacio privilegiado en nuestra sociedad para resolver conflictos. Estamos convencidos de que avanzar en formas colaborativas para mejorar nuestra convivencia fortalece el rol del proceso judicial, como ha dado cuenta la propuesta del Pleno del Poder Judicial del año 2015, que aprueba la creación de los Centros Ciudadanos de Justicia, que instalan el diálogo como mecanismo básico de resolución de conflictos y transformación de la convivencia.

 

Nos encontramos insertos en una cultura legal y burocrática que promueve la resolución de los conflictos a través del litigio y del enfrentamiento, donde prima en forma absoluta y unívoca la confrontación de las partes en conflicto. Lo anterior no ayuda a mejorar nuestra convivencia y los niveles de confianza. Es cierto, los países progresan si tienen reglas claras e instituciones que garantizan el Estado de Derecho. Pero también progresan cuando promueven prácticas e instituciones que garantizan un diálogo verdadero, basado en la igualdad y respeto de los derechos de todos y todas.

 

Por eso, nos parece valioso el modelo de Centros Ciudadanos de Justicia, ya que permite hacerse cargo de las deficiencias de nuestro modelo actual de dirimir conflictos y promueve, desde el seno del Poder Judicial, la reflexión respecto de cambiar prácticas e instituciones. El impulso de nuevas formas de resolución colaborativa de conflictos se encuentra basado en la importancia de mejorar el acceso a la justicia, descongestionando tribunales y acelerando la resolución de las disputas, pero adicionalmente -y quizás más relevante aún- es la innovación en la participación de la sociedad para el establecimiento de formas y mecanismos que permitan anticipar conflictos, transformar la convivencia de las comunidades y establecer fórmulas que tiendan a una mayor validación social de la justicia.

 

Daniela Bolívar; Raúl Carnevali; Paula Correa; Alejandra Díaz; Marco Fandiño; Gonzalo Frei; Nicolás Frías; María Soledad Lagos; Marcela Le Roy; Macarena Letelier; Iván Navarro; Rosa María Olave; Juan Pablo Schaeffer; Mirtha Ulloa; Macarena Valdés; Macarena Vargas; María Fernanda Vásquez, Académicos y profesionales que trabajan en materias de acceso a la justicia y resolución colaborativa de conflictos