Por Hernán Larraín F., Nicolás Frías O., Macarena Letelier F., y José Pedro Silva P.

Carta publicada por El Mercurio, el 15 de junio de 2024. 

 

 Señor Director:

Una vez más es noticia el tema del nombramiento de jueces. Cada tanto tiempo surgen nuevos episodios donde aparecen interferencias indebidas, sospechas de manipulación o de presiones espurias motivadas por distintos intereses. Sin perjuicio de la veracidad o no de tales actuaciones, sean ilícitas o indebidas, el problema de fondo no está únicamente en estas manifestaciones de irregularidades, sino en el sistema de nombramientos que permite o hace posible que se produzcan las mismas.

Más allá de juicios o comisiones investigadoras, las autoridades (Gobierno y Congreso Nacional) deben legislar con urgencia un nuevo mecanismo para efectuar las designaciones de jueces -y también de notarios- que garantice procedimientos públicos y transparentes, objetivos, fundados en el mérito y ajenos a toda contingencia. En el caso de los jueces, existe un proyecto de ley presentado en 2021 que crea una Comisión Autónoma de Nombramientos Judiciales (boletines 14.191-07 y 14.192-07) y, respecto de los notarios, existe otra iniciativa presentada en 2018 (boletín 12.092-07), aprobada por la Cámara y que se ha reactivado últimamente en el Senado.

Es tiempo de legislar para evitar seguir en la pendiente de los escándalos. Las decisiones judiciales son esenciales para la vida social y para el fortalecimiento del Estado de Derecho; y su legitimidad, así como del sistema institucio- nal en su conjunto, tributan de la imparcialidad y transparencia de la organización judicial, así como de la idoneidad de los jueces. En simple, ataquemos las causas y no las consecuencias de mecanismos mal diseñados.