Por Valentina Avendaño Órdenes.
Abogada UC, coordinadora académica y de investigación del Programa Reformas a la Justicia UC
Artículo publicado en Revista Raíces, VI edición, abril de 2024.
"La corrupción de lo mejor es lo peor", enseña la filosofía tomista. Y tal vez esta sea la mejor manera de resumir la trágica realidad que representa la violencia intrafamiliar. Porque no cabe sino calificar como una tragedia el hecho de que aquella comunidad humana típicamente caracterizada por el amor, respeto y cuidado recíprocos degenere en lo contrario: en un grupo de personas donde alguna de ellas maltrata a miembros de su propia familia. A continuación, quísiera reflexionar brevemente sobre este fenómeno, con vistas a intentar comprender mejor tanto su profundidad y extensión como el papel del Estado a la hora de enfrentarlo.
La corrupción de la familia
Es habitual leer o escuchar que la familia es la "célula básica de la sociedad, o su "núcleo fundamental", tal como señala la Constitución Política. Se trata de una realidad tan visible y espontánea que poco tiempo atrás sencillamente no resultaba cuestionada; no al menos en forma explícita.
El motivo más obvio para asumir dicha realidad es de orden empírico: la familia, cualquiera sea su configuración, se constituye como la primera agrupación humana en la que toda persona crece y aprende a vivir en comunidad. De allí la importancia de protegerla y garantizar las condiciones necesarias para su plena realización.
Es lógico creer que un padre, madre (o quien ocupe su lugar), estará dispuesto a hacer los mayores esfuerzos y sacrificios con tal de que sus hijos vivan de la mejor forma, según su propia realidad. Salvo casos muy excepcionales, esos esfuerzos y sacrificios no se realizan por otros niños, y esto no es casual. De esta manera, si hay un espacio donde se experimenta el amor incondicional, ese es -o debiese ser- la familia.
Sin embargo, basta una observación mínimamente rigurosa de la vida social para advertir que a veces las cosas no son lo que quisieramos. Un botón de muestra es que, en nuestro pais, entre enero y diciembre del 2022, el Ministerio Público registró un ingreso total de 160.793 víctimas de violencia intrafamiliar. De ellas, 12.1357 correspondieron a mujeres y 39.319 a hombres1; y del total de víctimas, 19.629 fueron menores de 18 años2.
Siempre estará mal agredir a otras personas. Pero cuando eso, además, ocurre en un contexto familiar, lo que se está haciendo es atentar contra la esencia misma de la familia y la dignidad de sus integrantes. Allí reside la gravedad de la violencia intrafamiliar que, en pocas palabras, consiste en cualquier maltrato que afecte la vida, la integridad física o psíquica de las personas, en la medida que víctima y victimario mantengan un vínculo familiar de acuerdo con el artículo 5º de la Ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar.
Las causas de un fenómeno de este tipo son múltiples, y ciertamente excede el propósito de este texto ahondar en ellas. Lo cierto es que en nuestra sociedad las familias que sufren el flagelo de la violencia son muchísimas y, ante ello, el Estado reacciona de distintas formas.
Por un lado, nuestro ordenamiento jurídico atribuye una especial gravedad a este tipo de maltratos. Por ejemplo, la referida ley aumenta en un grado las penas de cárcel en caso del delito de lesiones y entrega mayores garantías para proteger a quienes denuncian maltratos en el marco de vínculos familiares. Ahora bien, es sabido que las leyes penales se aplican una vez que los hechos ya ocurrieron.
Por otro lado, el Estado implementa diversos planes y programas orientados a prevenir la violenciaa al interior de las familias y a atender a quienes se encuentren sufriendo a causa de ella, No obstante, la pregunta obvia que surge es si asiso el Estado hace o no lo suficiente para enfrentar hechos de volencia que atentan contra la familia.
Los límites del Estado
La violencia intrafamiliar no solo resulta muy grave en términos doctrinarios o conceptuales, sino que además representa un flagelo muy extendido en el Chile actual. Por mencionar otros ejemplos, en 2022, el Ministerio Público informó3 que hubo un total de 513 niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales cometidos por algún miembro de su familia; 25.125 personas sufrieron maltrato habitual (delito creado por la ley de violencia intrafamiliar), y 289 mujeres fueron víctimas de femicidio en contexto de violencia intrafamiliar (en grado de tentado, consumado o frustrado).
Respecto a este último dato, el «Informe estadístico de homicidios con perspectiva de género, femicidios y parricidios 2022», del Ministerio Público, indica que, de los 52 femicidios consumados de ese año, un 79% de ellos corresponde a femicidios íntimos en contexto de violencia intrafamiliar4. Esta cruda realidad quizás ayuda a comprender el impulso de promover una mayor intervención del Estado al interior de las familias.
Dicho impulso no necesariamente es errado: si consideramos la precariedad material, cultural o espiritual en la que viven muchas familias chilenas, ciertamente parece intuitivo buscar apoyo de terceros. En el caso en cuestion, es indudable que una família cuyos integrantes se han agredido requiere de apoyo. El punto es que esta última palabra «apoyo» no es casual: apoyar no significa reemplazar o sustituir.
En palabras que han sido consumidas (y en general mal entendidas) al interior del debate constitucional, el Estado tiene un deber subsidiario respecto de las familias. Es decir, una clase de intervención que ayude a que la familia vuelva a ser, en la medida de lo posible, una comunidad familiar en forma. Una familia que sufre la herida de la violencia intrafamiliar no podrá conseguir ese propósito sin apoyo (este es el punto ciego de algunas miradas que a priori se cierran al apoyo estatal). Sin embargo, el Estado jamás podrá reemplazar por sí solo aquellos vínculos ni forjar esas virtudes tan necesarias para la realización de toda persona.
Para ilustrarlo en pocas palabras, el Estado puede funcionar bien (como el Servicio de Impuestos Internos) o mal (como el Sename), pero jamás dejará de ser una estructura burocrática cuyos vínculos son justamente funcionales. Esto es, que no se basan ni en el cariño ni en el cuidado; que solo son posibles de encontrar en relaciones de amistad y, en particular, en la comunidad familiar. Por eso, aunque resulte muy complejo, el único modo de enfrentar fructíferamente los trágicos efectos de la violencia intrafamiliar es hacerlo de una manera tal que se intente proteger, tanto como sea posible, la plena realización de las familias.
Ello exige garantizar las condiciones materiales necesarias para una vida digna, y reparar, cuando sea posible, aquellos vinculos que hayan sido dañados por la agresión. Para esto, es crucial que no solo el Estado intervenga con ese propósito, sino que se apoye en la sociedad civil organizada, típicamente más cercana y amable a la hora de en frentar los problemas publicos. Con todo, es una tarea pendiente del Estado y de la sociedad civil tanto reflexionar en torno a como hermos llegado a este cuadro de fragilidad familiar, como también delinear soluciones especificas al respecto.
A modo de conclusión
La respuesta para enfrentar la trágica realidad de la violencia intrafamiliar no es más ni menos Estado. La respuesta adecuada es, en cambio, más familia, por muy abstracto que esto suene. No se requiere un Estado que la reemplace, sino uno que ayude a reconstituirla. Políticas que protejan la maternidad y apoyen los embarazos vulnerables, sin generar desventajas estructurales para la contratación femenina; más y mejores empleos; más y mejores viviendas; libertad de elección de proyectos educativos; sanciones implacables contra el abandono familiar, mayor apoyo a la vejez; prevención y combate eficaz de la delincuencia, por mencionar algunos ejemplos.
Un Estado que aspira a tomarse en serío su finalidad-promover el bien común- necesariamente ha de priorizar ese tipo de agendas. No solo por el bien de los involucrados en el caso concreto, sino también por el bienestar de las futuras generaciones. Porque acá rara vez existen los términos medios: o los miembros de una familia aprenden en primera persona a preocuparse por los demás y así convertirse en futuros ciudadanos comprometidos con la prosperidad del país, o en una familia se sufre por el descuido, el abandono y, en el peor de los casos, la agresión y el maltrato. Y las consecuencias en este último caso son bastante previsibles. La corrupción de lo mejor es lo peor.
1 Existieron 117 víctimas registradas como "NN" en el sistema del Ministerio Público.
2 Cifras obtenidas del Boletín Estadístico Anual enero-diciembre 2022, del Ministerio Público.
3 Ibid.
4 Artículo 390 bis del Código Penal.