Profesor José Pedro Silva entre expertos convocados por Justicia que propondrán medidas por futura sobrecarga del sistema civil

También incluye las áreas comercial, laboral y de Familia. Entre los nombres designados hay representantes de la Corte Suprema, el Consejo de Defensa del Estado, las corporaciones de Asistencia Judicial, los colegios de abogados y, desde el ámbito académico, los profesores José Pedro Silva, Francisco Tapia y Ana María Hubner.

Más de 50% de causas acumuladas en los tribunales de Familia y solo un poco menos en las áreas civil, comercial y laboral es parte del diagnóstico que deberá enfrentar la mesa conformada para elaborar medidas que permita “enfrentar la futura normalidad” tras la pandemia, oficializada ayer por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de su coordinación. Sus miembros serán 11 especialistas en las distintas áreas, varios de ellos provenientes de organismos institucionales.

Así, desde la Corte Suprema la integrarán la ministra Rosa María Maggi; el director de la Dirección de Estudios, Alejandro Soto, y el jefe del Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Mario Lara, mientras que desde el Consejo de Defensa del Estado fueron convocados su jefa de Defensa Estatal, Mariana Valenzuela, y la procuradora fiscal de Santiago, Ruth Israel.

En tanto, de las corporaciones de Asistencia Judicial el representante será el director de la CAJMetro, Alejandro Díaz; del Colegio de Abogados lo será su presidenta, Leonor Etcheberry, y en nombre de los colegios de abogados regionales estará el presidente del gremio en Valparaíso, Alejandro Gómez.

Del ámbito académico serán parte de esta mesa los profesores UC José Pedro Silva y Francisco Tapia, para lo civil y laboral, respectivamente, además de Ana María Hubner, de la U. de Chile, especialista en familia.

La mesa, al estar coordinada por el Ministerio de Justicia, tendrá como integrantes permanentes al ministro de la cartera, junto al equipo de la División Jurídica, representado a través de su jefa, Mónica Naranjo, y el equipo de la División Judicial, a través de su jefe, Héctor Mery.

Coincidir con el fin del estado de catástrofe

“Una vez que termine esto se van a gatillar muchas cosas más, entonces el cálculo es que si distribuimos todos lo que se ha suspendido en nueve meses, la carga de trabajo aumenta en 50% en promedio mensual, aparte de las tareas ordinarias”, explicó el ministro de Justicia, Hernán Larraín.

Se espera finalizar con el trabajo tanto de esta mesa como de la penal —que se constituyó la semana pasada— a fines de julio, para en agosto comenzar la tramitación legislativa hasta mediados del mes siguiente, de tal forma de coincidir con el fin del estado de catástrofe.

“Queremos que ambos procesos terminen en las mismas fechas y los proyectos de ley se envíen también simultáneamente”, añadió.

Junto con la mesa de trabajo se van a realizar consultas por escrito, entre otras instituciones vinculadas, a las facultades de derecho.

En el ámbito civil, además, están contempladas audiencias para los gremios del Poder Judicial, los jueces de Policía Local y el Colegio de Mediadores.

Medidas administrativas y legales, transitorias o parciales

“Esta es una política de Estado, donde tenemos que ver cómo el sistema de justicia asume esta sobrecarga de trabajo, cómo descongestionar y asegurar que los ciudadanos que acuden a los tribunales par resolver sus controversias, para hacer respetar sus derechos, pueden efectivamente hacerlo y que no se vean perjudicados por la pandemia”, planteó Larraín.

Se propondrán, de esta forma, medidas tanto de carácter administrativo —sugerencias que el Poder Judicial puede adoptar por autoacordados o instructivos — como legales, estas últimas que pueden ser transitorias o permanentes.

“Hay muchas materias procesales pequeñas, muy circunscritas, pero que tienen un gran impacto precisamente en eso, en descongestionar, en dar mayor rapidez”, explicó.

Por ejemplo, se busca incorporar la conciliación y la mediación en diferentes etapas de los procesos para obtener soluciones consensuadas; implementar la subasta en forma remota, para disminuir la presencialidad de usuarios en tribunales y hacer más eficiente la realización de bienes; incorporar actuaciones y diligencias en forma remota (conciliaciones, audiencias en que se rinda prueba documental, audiencias en procedimientos de la Ley 20.720 relativa a reorganización de empresas, entre otras); homologar criterios para la realización de diligencias (presentación y retiro de documentos, notificaciones, audiencias, subastas) y otras medidas para distribución de cargas de trabajo.

Proyecto de Ley y Reforma Procesal Civil

“Algunas ideas las vamos a sacar de nuestra Reforma Procesal Civil, que la tenemos lista, pero por falta de recursos no la podemos presentar”, asegura el ministro sobre materias que puede que sean incluidas en el futuro proyecto de ley.

En este sentido, el ministro ejemplifica con la conciliación, “como una forma que el juez tiene para resolver de forma amistosa, concensuada, los diferendos”, y la mediación, tema en el que, recuerda, está fundada la reforma como medida alternativa de administración de justicia.

“El problema que tenemos para imponerla ahora es que en la reforma suponemos que en cada tribunal se crea un centro de mediación y hay mediadores, que no son jueces ni abogados, necesariamente, entonces, eso es una situación que no podemos hacer ahora”, dice y agrega que, sin embargo, quizás es posible “introducir algunos elementos de ella en esta etapa”.

Alejandra Zúñiga, El Mercurio Legal, 18 junio 2020. https://www.elmercurio.com/Legal/Noticias/Noticias-y-reportajes/2020/06/18/Ministerio-de-Justicia-convoca-a-expertos-que-propondran-medidas-por-futura-sobrecarga-del-sistema-civil.aspx

Profesor Nicolás Frías participa en Charla de Negociación y Mediación

En el contexto del Diplomado en Negociación UC, se realizó una charla que abordó la negociación y la mediación como mecanismos preferentes de solución de conflictos, por ser más eficientes, de bajo costo y generar valor a través de la cooperación.

A través de las plataformas Zoom y Youtube Live se realizó este 18 de junio la actividad titulada “Negociar y mediar en tiempos de crisis: superando la confrontación”, con el objeto de dar a conocer el Diplomado en Negociación UC. Expusieron María Soledad Lagos, abogada jefa de la Unidad de Mediación del CAM Santiago, y los profesores UC Cristián Saieh, Director del Programa Negociación UC, y Nicolás Frías, Subdirector del Programa reformas a la Justicia UC.

La actividad comenzó con la presentación de Cristián Saieh, que introdujo la actividad y el Diplomado, un programa interdisciplinario que se dicta hace 15 años en la Pontificia Universidad Católica de Chile, con dos menciones: Mediación y Negociación estratégica avanzada y liderazgo. El académico destacó la importancia de la negociación y la mediación como métodos de solución de conflictos en todos los ámbitos de la vida y la confianza como la base de una solución cooperativa. Identificó como principales problemas de estos métodos la falta de preparación de las partes y la desconfianza propia de los chilenos, que lleva a la judicialización de los desacuerdos. Finalmente, se refirió a las características propias de un negociador exitoso según la visión del Diplomado, entre las que se encuentran la exhaustiva preparación, la búsqueda de una solución cooperativa y la capacidad de escuchar al otro.

A continuación, María Soledad Lagos tomó la palabra y se refirió al mecanismo de mediación y su creciente importancia en nuestro panorama nacional. La abogada partió comentando la falta de capacidad de diálogo en nuestro país como una problemática que dificulta la cooperación, que lleva a las partes a limitarse a transar, cediendo parte de los intereses hasta alcanzar un punto común. Continuó explicando una nueva forma de entender la negociación y mediación como un modo de lograr un acuerdo entre partes que satisfaga a todos adecuadamente, uniendo herramientas conceptuales y comunicacionales. Finalizó señalando los requisitos necesarios para una adecuada mediación: la confidencialidad para alcanzar la confianza, la igualdad de las partes y la imparcialidad del mediador, entre otros.

Por último, expuso Nicolás Frías sobre la importancia de la preparación en la negociación, en base a la pregunta que todo negociador debe hacerse al comenzar: ¿me conviene aceptar la oferta? Comenzó desarrollando las “3 P en los conflictos”: Personas, Proceso y Problema, profundizando en la adecuada identificación de la persona, analizando sus intereses y necesidades, percepciones y estilo de negociación. Se refirió después a los diversos sistemas de resolución de conflictos, desarrollando la negociación y mediación. Para finalizar, mencionó los dos pasos para determinar un precio de reserva, el punto que define si es conveniente o no aceptar una oferta: establecer la línea base y luego ajustar esta línea en base a factores, tales como las posibilidades de las alternativas para satisfacer intereses y los riesgos de cada alternativa. 

Tras las presentaciones, se dio un espacio de preguntas para el público, en que los expositores se refirieron al fenómeno de desconfianza al otro propio de los chilenos que afecta los mecanismos alternativos de resolución de conflicto, la importancia de identificar los intereses de las partes para una adecuada solución y se resolvieron dudas sobre el Diplomado que inicia el próximo 30 de junio.

La charla está disponible en el canal de Youtube de Derecho UC: https://www.youtube.com/watch?v=aBDh__Ug-Ts

Programa Reformas a la Justicia UC expone ante Comisión de Economía del Senado

 La presentación se centró en el nuevo Proyecto de ley que modifica la Ley General de Bancos y el Código de Procedimiento Civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de las subastas y proteger la vivienda única de los deudores que indica por medio de la prenda pretoria.

El director del Programa Reformas a la Justicia UC, José Pedro Silva, y el subdirector del mismo, Nicolás Frías, expusieron el pasado 26 de mayo ante la Comisión de Economía del Senado sobre el Boletín N°12.917-03, proyecto de ley que modifica la Ley General de Bancos y el Código de Procedimiento Civil, en una sesión que se llevó a cabo por videoconferencia.

Los académicos comenzaron destacando la relevancia de la protección de los créditos, por la positiva contribución del sistema financiero al crecimiento del país y el bienestar de las personas. Frente a esto señalaron que resulta prioritario que el sistema procesal en general y de ejecución en particular sean confiables, eficientes y provean garantías de plena eficacia al sistema crediticio.

A continuación, los docentes realizaron un análisis pormenorizado de las modificaciones que se pretenden introducir al Código de Procedimiento Civil, previniendo de posibles contradicciones con el ordenamiento jurídico existente y el espíritu de la legislación.

Se alertó que el aumento de los plazos del ejecutado para oponer excepciones y del término probatorio que se incorpora en la reforma es incoherente con la naturaleza del procedimiento ejecutivo y resulta injustificado con la actual tramitación electrónica. Sobre la limitación de la ejecución vía prenda pretoria y el tratamiento diferenciado de la ejecución del único bien raíz para el caso de pago del 50% o más del capital, comentaron que constituyen una limitación y grave afectación al funcionamiento crediticio, conteniendo numerosas imprecisiones difíciles de sortear por el juez y fomentando una figura poco recomendada, como es la prenda pretoria. Se advirtió que el Proyecto altera el sistema de responsabilidad civil contractual, vulnerando la regulación de la mora como presupuesto de responsabilidad, además de debilitar el acceso al crédito. Se criticó también la certificación del ministro de fe de la calidad de único bien raíz, por ser imposible para el receptor certificar hechos que no puede percibir con los sentidos y que son materia de prueba. 

Finalmente, los profesores entregaron cuatro propuestas de modificación orientadas a la protección de los deudores frente a posibles conductas abusivas de los acreedores y a aumentar la eficacia de los procedimientos ejecutivos. 

Inspirados en la experiencia internacional, trabajo que se viene realizando en el marco de la Reforma Procesal Civil y las recomendaciones del Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ); se sugirió a la Comisión la incorporación de la subasta electrónica -que está propuesta en indicaciones-, con cobertura nacional y centralizado. Dicho mecanismo aumentaría la eficiencia, transparencia y justicia de las ejecuciones. Se señaló que para que funcione un sistema de subasta electrónico es vital contar con un soporte orgánico robusto y materializado en una unidad administrativa propia a nivel nacional. 

Se recomendó también incorporar un espacio de conciliación en el juicio ejecutivo, aumentar las exigencias para constituir la confesión de deuda como título ejecutivo exigiendo un antecedente escrito, y analizar una posible modificación de la Ley General de Bancos y el Código Civil, por la cual ante una ejecución del bien hipotecado en el supuesto del proyecto, su dación en pago u otra forma de realización convenida por el acreedor con el deudor hipotecario, extinga íntegramente el saldo del crédito hipotecario adeudado y sus accesorios.

Equipo de profesores UC forma “Grupo de Trabajo Procesal Constitucional”

 Frente a la perspectiva del próximo plebiscito constitucional, el Programa Reformas a la Justicia UC convocó a un equipo de docentes de la Facultad de Derecho UC, para efectuar un análisis crítico de las actuales normas procesales de rango constitucional contenidas en la Constitución Política, y efectuar propuestas de mejoramiento a ser consideradas en una futura reforma o nuevo texto constitucional, conforme se decida en dicho proceso político.

Por medio de un encuentro Zoom el día 20 de mayo, se efectuó la primera reunión del “Grupo de Trabajo Procesal Constitucional”, integrado por los académicos de Derecho UC José Pedro Silva, Marisol Peña, Carlos Frontaura, Cristián Villalonga, María Elena Santibáñez, Ximena Marcazzolo, Alejandra Ovalle y Nicolás Frías, de los Departamentos de Derecho Procesal, Derecho Público y Fundamentos del Derecho.

El objetivo de la iniciativa es generar un documento que contenga un diagnóstico y análisis crítico de las disposiciones procesales-constitucionales, funcionales y orgánicas actualmente vigentes y efectuar propuestas sobre contenidos a mantener, mejorar e incorporar en una eventual reforma a la actual Constitución Política o en un nuevo texto Constitucional.   

Se abordarán en el análisis cinco temas, actualmente reglamentados por nuestra Carta Magna: el Debido Proceso y las Garantías Judiciales, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Justicia Constitucional, el Ministerio Público y el nunca resuelto problema de la creación de Tribunales de lo Contencioso Administrativo y los demás aspectos vinculados con esta temática.  

El Grupo de Trabajo contempla la elaboración de un Informe Final que será publicado, contribuyendo a un debate informado sobre estos tópicos tanto al interior de la comunidad UC como de la comunidad jurídica nacional, a partir de una mirada académica y representativa de Profesores de Derecho UC.

Coloquio: Sana Crítica en el Procedimiento Civil

En el marco de las actividades previas al inicio del nuevo Diplomado en Derecho Procesal Avanzado y Litigación, el Programa Reformas a la Justicia UC organizó un coloquio sobre la inclusión del sistema de la sana crítica a los procedimientos civiles.

Con la asistencia de más de 100 personas en la plataforma virtual Zoom, el pasado 14 de mayo tuvo lugar el coloquio denominado “Sana crítica en los procedimientos civiles”, moderado por el subdirector del Programa Reformas a la Justicia UC y profesor Derecho UC, Nicolás Frías.

En dicha oportunidad expuso el ministro de la Excma. Corte Suprema don Manuel Valderrama, junto a los docentes José Pedro Silva, profesor de derecho procesal UC y director del Programa Reformas a la Justicia y la profesora Macarena Oyarzún, profesora de derecho procesal UC; en torno a diversas temáticas relacionadas con la inclusión del sistema de la sana crítica en los procedimientos civiles desde distintos aristas.

Se abrió el coloquio con una breve descripción del nuevo Diplomado en Derecho Procesal Avanzado y Litigación, a cargo del profesor Frías. Luego expuso la profesora Oyarzún, quien focalizó su ponencia en torno a los beneficios y problemas de la sana crítica como sistema de valoración de la prueba y su desarrollo en la legislación nacional; reflexionando sobre la conveniencia y desafíos que implica su aplicación, desde la perspectiva de la valoración racional. Luego, el ministro Valderrama expuso sobre las virtudes de la implementación del sistema en materia civil desde el punto de vista del mayor apego a la realidad y de la coherencia sistemática de la prueba; ilustrando sus positivos efectos desde el punto de vista de la prueba testimonial así como del sistema recursivo.  

Por último, el profesor José Pedro Silva se refirió a la manera en la que está regulada la valoración de la prueba en el proyecto de Código Procesal Civil y su experiencia en cuanto al uso de este sistema desde la perspectiva de la justicia arbitral. La instancia culminó con un espacio final de distintas preguntas del público, que fueron formulando mediante el sistema de mensajería de la plataforma.