Programa Reformas a la Justicia organiza seminario sobre litigación en tiempos de pandemia
En la sesión, organizada por el Programa Reformas a la Justicia UC y la Clínica Jurídica UC, participaron profesores del Diplomado Derecho Procesal Avanzado y Litigación, profesores de práctica de la Facultad de Derecho UC y un invitado especial del National Institute for Trial Advocacy.
Ante 150 asistentes por Zoom y más de 300 personas conectadas en Youtube Live, el pasado 20 de julio se realizó el Seminario: “Realidad y desafíos de la litigación en el contexto de la tramitación electrónica y la pandemia”, moderado por el Subdirector del Programa Reformas a la Justicia UC, Nicolás Frías.
La cita comenzó con la exposición de Martín Sabelli, abogado y académico del Trial Advocacy Workshop for Harvard Law School y en National Institute for Trial Advocacy, enfocándose en los desafíos de la justicia en la actualidad.
El docente indicó tres premisas a considerar respecto a la pandemia y el uso de tecnologías: en primer lugar, que si no existen las condiciones en los tribunales para poder litigar de forma presencial, tampoco existen las condiciones en la calle para preparar los casos para litigarlos; en segundo lugar, que el sistema judicial actual tiene un serio problema de desconfianza y las nuevas técnicas deben ser cuidadosas y no socavar más la confianza, se debe responder a las necesidades de la población, haciendo una justicia más transparente y democrática. Por último, advirtió que los desafíos del campo civil son distintos a los del campo penal, pues en éste se pone en juego la libertad de las personas, de modo que deben existir las garantías necesarias para asegurar la libertad individual de las personas.
En base a estas premisas, continuó con tres ideas centrales. Primero, que hay que identificar modos de asegurar acceso a la justicia durante la pandemia, pues ésta no puede cerrar sus puertas a la ciudadanía; sin embargo, se debe reconocer que ciertos procesos no tienen tanta urgencia como otros. Segundo, que para poder hablar de plataformas virtuales y usarlas de forma uniforme y democrática, se debe asegurar acceso a la tecnología a mayor porcentaje de la población. Tercero, que hay que mantener el objetivo a largo plazo: la pandemia es una crisis puntual, hay que crear soluciones de corto plazo que no queden con nosotros en el largo plazo; “el lado positivo de la crisis es que nos impulsa a hacer cambios beneficiosos para el futuro, pero debemos ser cuidadosos en no transformar soluciones para el ahora en cambios permanentes” señaló.
Para finalizar, se refirió a los problemas que se producen en los procedimientos remotos, como la pérdida de calidad de la prueba testimonial, la imposibilidad de manipular la prueba material o la deficiente comunicación que afecta la relación con el cliente, disminuyendo la confianza.
En segundo lugar, presentó la docente María José Gassibe, refiriéndose a la realidad del área de derecho de familia. Indicó que en la actualidad los Tribunales de Familia, en base a un Auto Acordado, distinguen las causas urgentes de aquellas que no requieren una pronta intervención de la justicia; las primeras, referidas a procedimientos especiales, tales como medidas de protección o Violencia Intrafamiliar, se están llevando a cabo por medios remotos, facilitando el tribunal los medios para quienes no tengan; las segundas, se están reprogramando, desagendando o realizando de manera remota si las partes están de acuerdo.
Los principales escollos que ha enfrentado el sistema de familia han sido la falta de uniformidad de los tribunales y la adecuada protección del derecho de todo niño, niña y adolescente de ser oídos en el procedimiento.
La siguió el académico Jorge Gálvez, enfocándose en el área penal. El profesor identificó como problema central “la aspiración del legislador y la Corte Suprema en orden a compatibilizar el ejercicio de la irrenunciable labor jurisdiccional con las garantías de un debido proceso racional y justo, que se hace particularmente difícil en el área penal”.
En un análisis de la normativa creada para enfrentar la crisis, destacó la Ley 21.226, que ordena la suspensión de aquellas audiencias en que no se pueda garantizar debidamente la bilateralidad, contradictoriedad, la apreciación de la prueba e impulso procesal de las partes, la publicidad y otras garantías básicas del debido proceso. Terminó comentando casos reales en que estos derechos han colisionado, y la solución que se les ha dado.
En cuarto lugar, habló Rodrigo Azócar, sobre la situación de los Tribunales laborales. Lamentó la pérdida del contacto humano en los tribunales que ha provocado el COVID-19, y señaló una serie de problemas que han enfrentado los juicios, tales como la baja en las conciliaciones, la interrupción de la continuidad de las audiencias de juicio y la dificultad para notificar. “El funcionamiento comenzó de forma improvisada; ahora debemos impulsar la planificación y la proyección” afirmó el docente.
A continuación, expuso Álvaro Awad, refiriéndose al sistema civil. Señaló que actualmente, en materia civil, la legislación creada para enfrentar la pandemia permite la suspensión de audiencia y realización remota, se interrumpe la prescripción con la sola presentación de la demanda, dando un plazo de 50 días tras el fin del estado de excepción para notificar, suspende términos probatorios hasta diez días después del fin del estado de catástrofe, entre otros. Además, destacó el rol de la Ley de Tramitación Electrónica, que permite trabajar a distancia sin mayores problemas, pero lamentó el nuevo retraso de la Reforma Procesal Civil.
Cerró la ronda de exposiciones, Rodrigo Bordachar, profundizando en la discusión del centro: el debido proceso, que se traduce en la posibilidad de todas las partes de presentar su caso y controvertir al otro.
Respecto a la situación de los tribunales arbitrales, de especialidad del profesor, destacó que las dificultades son menores por existir mayor libertad para las partes al definir el procedimiento; pero se mantiene un gran inconveniente: la adecuada notificación de la primera audiencia, que es fundamental, pues en ella se fijan las bases del procedimiento. 
Tras los 90 minutos de exposición, se dio un espacio para las preguntas, que fueron realizadas por los asistentes a través del chat de Zoom y Youtube Live.
Seminario completo disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=DvgpBJr5AfM&t=4604s
En el marco del proyecto de colaboración entre Chile y Honduras referido a mediación, con énfasis en mediación familiar, el Subdirector del Programa Reformas a la Justicia UC expuso sobre la mediación y la conciliación en el contexto de los sistemas alternativos de resolución de conflictos en Latinoamérica.
La reforma procesal civil, en cuya elaboración trabajó el Director del Programa Reformas a la Justicia UC, José Pedro Silva, como Coordinador Técnico, era una de las prioridades sectoriales del Gobierno. 
A la sesión fueron invitados además el profesor emérito de la Universidad de Valparaíso, Raúl Tavolari, la abogada del Programa Diversidad, Inclusión y No Discriminación, Rubi Cabrera y el Analista del Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones de la Biblioteca del Congreso Nacional, Matías Meza-Lopehandía.
También incluye las áreas comercial, laboral y de Familia. Entre los nombres designados hay representantes de la Corte Suprema, el Consejo de Defensa del Estado, las corporaciones de Asistencia Judicial, los colegios de abogados y, desde el ámbito académico, los profesores José Pedro Silva, Francisco Tapia y Ana María Hubner.