Santiago, 20 de septiembre de 2026. En entrevista con el cuerpo de Reportajes de El Mercurio, el investigador del Programa Reformas a la Justicia UC y exministro de Justicia, Hernán Larraín Fernández, profundizó en el diagnóstico del libro Reforma a la reforma: análisis y propuestas para una justicia penal en crisis, abordando los problemas de integridad, discrecionalidad y diseño institucional que tensionan al sistema judicial chileno.
Larraín advirtió que la discusión actual sobre nombramientos se queda corta si solo se enfoca en los tribunales:
"Las interferencias no se dan solo en las cortes cuando arman ternas o quinas; también en las presiones que recibe el Ejecutivo. Hay que terminar con eso. No estamos resolviendo bien el actual proyecto, lo estamos resolviendo parcialmente y, a mi juicio, es un error".
El académico señaló que estas influencias provienen de sectores políticos, económicos, corporativos o de oficinas de abogados, por lo que reiteró su postura de avanzar hacia un órgano técnico e independiente que seleccione y nombre a los jueces, dejando solo a los ministros de la Corte Suprema bajo ratificación política. Además de desvincular a las Cortes de Apelaciones de la elaboración de ternas para fiscales regionales.
Contrapesos en el Ministerio Público, cárceles y notarios
Durante la conversación, el exsecretario de Estado repasó las propuestas medulares del texto de Ediciones UC:
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Mayor control y objetividad penal: La necesidad de establecer controles externos para el Ministerio Público (como una fiscalía de asuntos internos autónoma), dotar de fundamento y revisión a las decisiones de no perseverar y evaluar la separación funcional entre el fiscal investigador y quien acusa en juicio para evitar sesgos confirmatorios.
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Indultos y jueces de ejecución: El libro propone crear jueces de ejecución de penas que asuman el control judicial del régimen penitenciario y despolitizar la concesión de indultos particulares, quitando dicha facultad del Presidente de la República para radicarla en sede jurisdiccional.
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Reforma a notarios y conservadores: Larraín fue enfático sobre el régimen registral: "Los notarios y conservadores son servidores públicos. No son dueños de un negocio. Hay quienes reclaman como si les estuvieran expropiando una industria. No. Esto es un servicio público, no es para hacerse rico".
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Justicia juvenil y populismo penal: Asimismo, cuestionó el aumento indiscriminado de penas frente a menores de edad: "Tratar a un menor como adulto por el delito que cometió es un error. El problema no se resuelve con más penas para los adultos; con mayor razón no se resuelve así para los adolescentes".
Revisa la entrevista completa publicada en El Mercurio:
