Santiago, julio de 2026. En el marco de la conmemoración de sus diez años de trayectoria, investigadores del Programa de Reformas a la Justicia de la Facultad de Derecho UC sostuvieron una reunión estratégica con el Ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. En la instancia, el equipo interdisciplinario presentó las principales conclusiones del libro "Crisis carcelaria y de seguridad. Propuestas para una politica penitenciaria integral"
La comitiva, dirigida por el exministro Hernán Larraín Fernández y coordinada por la investigadora Valentina Avendaño Órdenes, junto a los expertos Ana María Stuven, Agustín Walker, Pablo Zeballos y Alejandro Arévalo, expuso una detallada hoja de ruta para transformar el sistema penitenciario en un eslabón clave en el combate contra la delincuencia de una manera efectiva.
La cárcel como eje de la seguridad y el combate al crimen organizado
Durante el encuentro, Hernán Larraín planteó que el sistema penitenciario ha sido históricamente excluido de los programas nacionales contra el delito, advirtiendo que la seguridad ciudadana no termina con una condena en tribunales. Para frenar la articulación de bandas desde los recintos, los autores proponen una reestructuración institucional profunda: trasladar la función de custodia al Ministerio de Seguridad Pública —transformando a Gendarmería en una Policía Penitenciaria especializada—, mientras que la reinserción social quedaría en manos de un servicio técnico autónomo dependiente del Ministerio de Justicia.
Por su parte, Pablo Zeballos analizó el fenómeno de la Gobernanza Criminal Penitenciaria (GCP), donde bandas organizadas capturan espacios y coordinan delitos hacia el exterior. Para neutralizar esta amenaza, se propuso implementar un régimen estrictamente diferenciado con Cárceles de Alta Seguridad (CAS) que cuenten con control total de comunicaciones, bloqueo de señal e inhibición de dinero en efectivo, apoyado por la creación de un nuevo Sistema de Inteligencia Penitenciaria integrado al Estado.
Infraestructura crítica y la urgencia de regular el castigo
La investigadora Valentina Avendaño expuso las preocupantes cifras de hacinamiento que afectan al país, detallando que el sistema opera a un 139,4% de su capacidad nacional, albergando a más de 59 mil personas en espacios diseñados para 41 mil. Avendaño alertó que este colapso imposibilita la segmentación por peligrosidad, provocando que internos de bajo compromiso delictual convivan con líderes de bandas. Para solucionar este déficit de más de 17 mil plazas, el libro propone activar el Plan Maestro de Infraestructura 2022-2030 e incorporar modelos de construcción modular rápida de estándar internacional.
En el ámbito penal, el profesor Agustín Walker abordó la deuda histórica de Chile en la materia, proponiendo dictar una Ley de Ejecución de Penas y crear juzgados especializados que supervisen el cumplimiento de las sentencias. Walker alertó además sobre el impacto del uso de la prisión preventiva, medida bajo la cual se encuentra el 35,5% de la población penal total con tiempos de espera que promedian los 8 meses. El académico fundamentó la necesidad de racionalizar esta medida, recomendando el uso de monitoreo telemático y arresto domiciliario para evitar el contagio criminal en imputados primerizos o por delitos menores.
Modernización y carrera funcionaria
Finalmente, Alejandro Arévalo abordó la necesidad de reformar la Escuela de Gendarmería elevando sus estándares al nivel de la educación superior bajo la figura de Instituto Profesional. La propuesta contempla extender los programas de formación a cuatro años para oficiales y dos para suboficiales, superando el actual enfoque castrense. Asimismo, se planteó como una prioridad urgente establecer programas de capacitación continua obligatoria para el personal en servicio y módulos robustos de compliance institucional para blindar a los funcionarios frente a los intentos de corrupción de las redes delictivas.
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