El subdirector del Programa de Reformas a la Justicia, Nicolás Frías, moderó este encuentro organizado por la Academia de Estudiantes de Derecho Procesal UC con la colaboración de nuestro Programa, donde expertos analizaron las complejas implicancias del caso Vega González.
Santiago, junio de 2026.Con una destacada asistencia presencial, se llevó a cabo el seminario "Relativización de la cosa juzgada en Chile", organizado por la reciente Academia de Estudiantes de Derecho Procesal UC en colaboración con el Programa de Reformas a la Justicia. El encuentro convocó a destacados académicos para analizar un desafío jurídico sin precedentes: el choque entre la inamovilidad de las sentencias firmes y el derecho internacional.
El debate tuvo como eje central el cumplimiento del reciente fallo "Vega González y Otros contra el Estado de Chile" dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la inédita resolución adoptada por nuestra Corte Suprema para acatarlo, lo que ha generado profundas interrogantes en el mundo legal.
El debate y la ronda de preguntas fueron conducidos por el subdirector del Programa de Reformas a la Justicia, Nicolás Frías, quien valoró el interés de los estudiantes por profundizar en dilemas que impactan directamente la seguridad jurídica del país. Durante el panel, Frías desafió a los expertos a analizar las proyecciones que la decisión de la Corte Suprema tendrá en el sistema de pesos y contrapesos frente a los demás poderes del Estado. Asimismo, puso sobre la mesa un cuestionamiento netamente procesal: quién controla en definitiva la competencia de los tribunales internacionales frente a resoluciones con vocación expansiva que terminan afectando derechos adquiridos de terceros.
El "jaque mate" de la Corte Suprema
La directora del departamento de derecho procesal, profesora Priscila Machado, fue la encargada de abrir el panel, explicando la encrucijada institucional en la que se encuentra el máximo tribunal del país. Señaló que la Corte Suprema enfrentó una situación de "jaque mate": por un lado, corría el riesgo de una acusación constitucional si no cumplía el mandato internacional y, por otro, carecía de un procedimiento interno moderno para revisar la cosa juzgada debido a la obsolescencia de nuestro sistema procesal, regido por un código de 1902. Machado destacó que este escenario obliga a los tribunales a ponderar constantemente entre la seguridad jurídica y la justicia material.
Un riesgo para las garantías penales
Por su parte, el profesor de derecho procesal penal, Ignacio Ried, fue tajante al calificar el fallo de la Corte Suprema como "completamente equivocado". En su exposición, Ried defendió que la cosa juzgada penal es una garantía fundamental del condenado, respaldada por diversos tratados internacionales y la Constitución. Advirtió que agravar penas sobre sentencias que ya estaban firmes, sin un procedimiento regulado en la ley y de manera retroactiva, vulnera el Estado de Derecho y sienta un gravísimo precedente.
Falta de regulación y límites de competencia
Aportando la visión del derecho internacional, el profesor Álvaro Paúl argumentó que la Corte Suprema se arrogó competencias de las que carece al dejar sin efecto su propio fallo. Explicó que, en el entramado institucional, es el Poder Ejecutivo el encargado de conducir las relaciones internacionales y de responder ante este tipo de sentencias, pudiendo incluso alegar la eventual nulidad de fallos internacionales si estos exceden sus poderes.
Paúl coincidió con el panel en la urgencia de legislar al respecto, señalando que mientras el Estado chileno no regule expresamente cómo y qué órgano debe ejecutar las sentencias de tribunales internacionales, se seguirá erosionando la certeza jurídica nacional.
Te invitamos a revisar la transmisión del seminario completo y el análisis de nuestros expertos en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=cwa8mH9no6c&t=596s
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