El consejero e investigador del Programa de Reformas a la Justicia expuso ante estudiantes de derecho sobre la urgencia de modernizar el sistema civil, destacando el amplio consenso transversal que existe para su aprobación.
Santiago, junio de 2026. El pasado miércoles 10 de junio, la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae fue el escenario de una charla magistral sobre el futuro del sistema judicial chileno. Hernán Larraín F., consejero e investigador del Programa de Reformas a la Justicia, fue invitado a exponer los alcances de la "Reforma a la Justicia Civil y Comercial" ante alumnos de tercer año de la carrera.
La instancia académica fue impulsada por los profesores de Derecho Procesal de dicha casa de estudios, Magdalena Lira—quien además se desempeña como coordinadora académica e investigadora de nuestro Programa— y Juan Luis Chomalí. El encuentro cobró especial relevancia al contar con la presencia del rector de la Universidad, Juan Eduardo Vargas Duhart, y del decano de la Facultad de Derecho, Ricardo Jungmann. Ambas autoridades dieron la bienvenida a la actividad y agradecieron enormemente la presencia de Hernán Larraín, destacando lo fundamental que resulta para los alumnos poder dialogar sobre estos temas con una persona de su vasta trayectoria.
Un llamado urgente a la acción legislativa
Durante la conversación, Larraín fue categórico al destacar la urgencia de que este proyecto vea la luz. El investigador recalcó el enorme consenso transversal que existe hoy en día desde todos los sectores políticos y gremios del país para sacar la iniciativa adelante. En este contexto, subrayó que actualmente la pelota está en la cancha del Poder Legislativo: enfatizó que solo falta que el Congreso se haga cargo, asuma una forma de trabajo distinta y le otorgue la prioridad que merece una reforma tan necesaria para las personas y para el país.
Una deuda histórica enfocada en el ciudadano
Apoyado en su presentación, el consejero ilustró el rezago que vive nuestro país en la materia, recordando que Chile es el único país de la región que aún no ha logrado reformar su sistema de enjuiciamiento civil, el cual sigue operando bajo lógicas de 1903.
Larraín explicó a los estudiantes que el sistema civil concentra cerca del 40% de los ingresos a los tribunales y resuelve conflictos cotidianos que afectan fuertemente a la clase media. Frente a problemas como la lentitud, la ineficacia y los altos costos procesales, detalló que la reforma plantea un cambio de paradigma centrado en el usuario. Entre las soluciones destacan la creación de una unidad de atención, el acceso a mediación gratuita y el establecimiento de procedimientos simplificados para pequeñas causas, donde las personas podrán comparecer sin necesidad de contratar a un abogado. Además, la introducción de procedimientos orales y por audiencias reduciría los tiempos de tramitación en un 69% para juicios ordinarios y hasta en un 87% para los sumarios.
El impacto económico de un sistema ineficiente
Hacia el final de su intervención, Larraín recordó a los futuros abogados el profundo impacto que tiene la justicia en el desarrollo nacional. Citando el Informe elaborado por Clapes UC a solicitud del Programa de Reformas a la Justicia, advirtió que mantener un sistema lento e ineficiente frena la actividad económica y desincentiva la inversión. Por el contrario, avanzar con este proyecto no solo genera valor social, sino que podría traducirse en un aumento del PIB nacional de entre un 0,289% y un 1,88% por año, reafirmando así la urgencia de su pronta tramitación.
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