Santiago, junio de 2026. En el marco del estudio en particular del proyecto de reforma constitucional que modifica el gobierno judicial (Boletín N° 12607-07 y otros), la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado sesionó para analizar las indicaciones al sistema de designación de magistrados y el control ético de la profesión. En la instancia se debatió sobre cómo erradicar el tráfico de influencias en el sistema de justicia.
El exministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien es además investigador y miembro del Consejo Directivo del Programa Reformas a la Justicia UC, abrió la jornada con una detallada exposición en la que analizó los nudos críticos del proyecto de ley. Larraín comenzó manifestando una fuerte crítica metodológica a la tramitación de reformas constitucionales "en el aire", advirtiendo que legislar modificaciones de este nivel sin acompañarlas de normas legales específicas (como cambios al Código Orgánico de Tribunales) ni de un informe financiero riguroso, deja la implementación práctica "entregada a la suerte".
En particular, el exsecretario de Estado se enfocó en el sistema de nombramientos judiciales. Sostuvo de manera categórica que las modificaciones propuestas tanto por el ejecutivo anterior como por el actual solo se hacen cargo del origen del proceso (la confección de las ternas o quinas) mediante un nuevo organismo, pero mantienen la decisión final en manos del Presidente de la República.
"Eso no resuelve todos los problemas; resuelve solo una parte. Evita la interferencia al interior de los tribunales —la independencia interna—, pero no resuelve el problema de las presiones que se suscitan en el ámbito del Gobierno", sentenció Larraín, agregando que, por experiencia propia en la cartera de Justicia, "las presiones existen en todos los niveles y no se dan solo en los tribunales".
Para solucionar esto, propuso que el nuevo órgano sea estrictamente resolutivo: la comisión propone y la comisión resuelve, eliminando la intermediación política en los jueces de primera instancia. Además, sugirió denominar al organismo "Comisión de Nombramientos" para evitar la evocación a los "Consejos de la Justicia" que a nivel internacional han fracasado por concentrar un poder monopólico absoluto.
Larraín también calificó de "defectuosa" la integración planteada por el Ejecutivo al considerarla excesivamente judicializada, criticando que se mantenga al presidente de la Corte Suprema en labores ajenas a la dictación de sentencias. Asimismo, planteó la necesidad de otorgar rango de órgano autónomo a la Academia Judicial y permitir que universidades acreditadas con niveles de excelencia puedan impartir programas de formación de jueces para aportar pluralidad al sistema. Finalmente, propuso erradicar de forma definitiva la figura de los abogados integrantes, sustituyéndolos por ministros suplentes con rango técnico para cerrar espacios a conflictos de interés.
A la instancia también asistieron como invitados el presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza, la consejera del Colegio de Abogados, Elisa Walker, la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, Mariel Hernández, la dirigenta regional de Concepción, Tania Galgani, y el abogado Jorge Correa Sutil.
Puedes revisar el debate legislativo y la sesión completa en la plataforma oficial del Senado a través del siguiente enlace:https://www.youtube.com/watch?v=MnbyE6Tmqho
Revisa el registro fotográfico de la sesión de la Comisión de Constitución:
