Santiago, mayo de 2026. Con una masiva convocatoria que reunió a ministros de Estado, parlamentarios, académicos y representantes del mundo legal y económico, el Programa Reformas a la Justicia UC, junto a CLAPES UC llevaron a cabo el seminario "Reforma Procesal Civil: el costo de no reformar". En la instancia se presentó el resultado de una investigación que traduce en cifras los retrasos del sistema y evidencia el impacto que tiene en el crecimiento del país mantener un procedimiento que data de 1903.
La perspectiva económica y una inversión altamente rentable
Al inicio del encuentro, el director de CLAPES UC y exministro de Hacienda, Felipe Larraín, explicó el origen de este trabajo colaborativo, surgido a partir de una inquietud del Programa Reformas a la Justicia UC planteada al Centro, dada la necesidad de incorporar una mirada económica en un debate tradicionalmente legal. Desde una perspectiva de crecimiento, Larraín planteó que mantener un sistema diseñado para el siglo XIX operando en pleno siglo XXI frena la competitividad real y destruye oportunidades de desarrollo.
En particular, Larraín destacó que los resultados del estudio, liderado por el profesor Leonardo Hernández, arrojaron que la reforma al sistema procesal civil podría traducirse en una ganancia potencial de entre el 0,3% y el 0,75% del Producto Interno Bruto (PIB) anual. "Esto equivale a entre 800 y 2.000 millones de dólares al año para la economía chilena. En su rango más alto, la cifra anda cerca de lo que recauda una reforma tributaria, y lo tenemos al alcance de la mano", enfatizó. Al contrastar este beneficio con el costo de implementar el nuevo sistema, estimado por la Dirección de Presupuesto en unos 90 millones de dólares anuales en régimen, concluyó que la reforma no solo es necesaria, sino que es una inversión extraordinariamente rentable para Chile.
Un sistema obsoleto e ineficiente
A continuación, el subdirector del Programa Reformas a la Justicia UC, Nicolás Frías, estuvo a cargo de contextualizar la historia y el crítico diagnóstico operativo del sistema actual. Para ilustrar la antigüedad del procedimiento, Frías recurrió a un hito histórico: el actual Código de Procedimiento Civil entró en vigencia en 1903, el mismo año en que los hermanos Wright realizaron la primera prueba de un avión.
Frías explicó que la tramitación civil vigente es predominantemente escrita, formalista, burocrática y lenta. Basándose en las estadísticas judiciales de 2025, detalló que un juicio ordinario tarda en promedio 762 días en llegar a sentencia definitiva, y si la pretensión incluye una indemnización de perjuicios, la espera se eleva a 951 días solo en primera instancia. Al compararlo con los tribunales reformados (como familia, cuyo promedio es de 123 días), queda en evidencia cómo la justicia civil se quedó rezagada, viéndose además inundada en un 75% por labores administrativas de cobranzas ejecutivas en lugar de resolver los conflictos de las personas.
Por qué reformar: el impacto institucional en la inversión
Posteriormente, el director alterno de CLAPES UC, Leonardo Hernández, expuso la metodología y principales conclusiones del estudio elaborado junto a la investigadora del Centro, Antonia Cabrera, y que contó además con la colaboración de los profesores José Pedro Silva, Nicolás Frías y Hernán Larraín F., del Programa Reformas a la Justicia UC.
En su exposición, Hernández explicó que el objetivo del estudio fue medir cómo la ineficiencia y la lentitud judicial dañan la economía al generar incerteza jurídica, lo que desincentiva la inversión y la innovación, deteriorando la capacidad productiva del país.
Para calcular el impacto, el documento analizó la relación institucional entre el PIB per cápita y la calidad del sistema judicial civil en 180 países. El académico señaló que los países más desarrollados cuentan con mejores instituciones de justicia. Al medir cuánto aumentaría la calidad de nuestro sistema tras la reforma, tomaron como base las experiencias comparadas de Portugal, Colombia, Brasil y Costa Rica.
Hernández concluyó que mejorar la predictibilidad y agilidad de la justicia civil es indispensable, ya que un sistema judicial eficiente es un dinamizador directo de la inversión y la prosperidad económica a largo plazo.
La prioridad del gobierno para los nuevos tiempos
Durante su intervención, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, valoró el aporte del mundo económico para visibilizar la urgencia de la reforma y reafirmó el compromiso del Ejecutivo por sacarla adelante tras cinco años sin movimientos en el Congreso. Como estrategia para destrabarla, el ministro propuso crear mesas técnicas conjuntas entre asesores parlamentarios y ministeriales, replicando la exitosa metodología de la Ley de Quiebras.
Asimismo, Rabat vinculó este esfuerzo con la prioridad del gobierno para los nuevos tiempos: el fortalecimiento de la gobernanza judicial y la recuperación de la confianza pública. En esa línea, detalló las indicaciones constitucionales ingresadas por el Ejecutivo el pasado 23 de abril, orientadas a crear un Consejo de Nombramientos Judiciales basado estrictamente en el mérito y pruebas objetivas. Además, anunció medidas disruptivas para agilizar los plazos en la Corte Suprema, incluyendo un mecanismo de sorteo ante bloqueos en el Senado, y defendió la necesidad de dotar a los colegios profesionales de legitimación activa para ejercer un control ético real sobre los abogados litigantes.
Panel de conversación
El cierre de la jornada estuvo marcado por un panel de conversación moderado por el profesor Hernán Larraín, Consejero y investigador del Programa Reformas a la Justicia UC, donde se discutió la viabilidad política de la reforma civil en el Congreso actual.
La Senadora Paulina Vodanovic coincidió en el diagnóstico de que la judicatura civil quedó "olvidada y vaciada" por la política contingente. Para explicar por qué los grandes sectores no han presionado históricamente por este cambio, Vodanovic acuñó una frase clave: "La necesidad crea el órgano". Explicó que las empresas recurren masivamente a cláusulas de arbitraje, logrando resolver sus controversias a través de órganos validados y de forma expedita. Si estuvieran obligadas a resolver sus contratos en los juzgados civiles tradicionales, la reforma ya se habría aprobado.
La Diputada Constanza Hube entregó un análisis directo que apuntó al corazón del estancamiento legislativo: "El problema no es el diagnóstico, el problema es la falta de una voluntad política sostenida en el tiempo". Hube explicó que al durar los gobiernos cuatro años y renovarse la Cámara de Diputados en proporciones superiores al 50% en cada período, los nuevos parlamentarios tienden a revisar los proyectos desde cero, postergando lo importante por las urgencias penales de la contingencia. Sin embargo, destacó que contar con un ministro litigante y con las cifras de rentabilidad de Clapes UC sobre la mesa abre una ventana de oportunidad real para priorizar el debate.
El Presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza, cerró el bloque haciendo un llamado a cambiar la audiencia de este tipo de encuentros. Mendoza planteó que mientras el público asistente siga estando compuesto mayoritariamente por abogados, se continuará discutiendo dentro de la misma lógica. Ante esto, convocó formalmente a incorporar a más economistas, empresarios y técnicos de Hacienda a la discusión, ya que son ellos quienes viven el dolor de la incerteza jurídica en el cuerpo presente y poseen las herramientas para exigir la modernización del verenjenal normativo en el que se encuentra el país.
Revisa el documento ¿Cuánto cuesta no reformar la justicia procesal civil?
Te invitamos a revisar la transmisión del seminario en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=bVzf-tBZFPU
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