Santiago, 2026. En el marco de las Jornadas Chileno-Españolas de Derecho Procesal, que tuvieron lugar los días 15 y 16 de abril, el director del Programa Reformas a la Justicia UC, José Pedro Silva, presentó un diagnóstico sobre la compleja situación que atraviesa la justicia en Chile. Durante su intervención, el académico advirtió que la crisis actual no solo afecta a los tribunales, sino que daña la confianza de los ciudadanos en todas las instituciones públicas.

Una crisis que va más allá de los hechos conocidos

El profesor Silva explicó que los casos recientes de faltas graves, conflictos de interés y redes de favores en distintos niveles del sistema judicial, desde tribunales de garantía hasta la Corte Suprema, son señales de un problema más profundo: el debilitamiento de la independencia judicial.

Para ilustrar este escenario, citó datos de encuestas recientes. Por un lado, según la Encuesta CEP 2025, el Poder Judicial cuenta con apenas un 14% a 16% de confianza, situándose muy por debajo de otras instituciones como las universidades o las Fuerzas Armadas. Por otro lado, La Encuesta Bicentenario UC muestra que, en los últimos 20 años, la confianza en los tribunales nunca ha superado el 10%.

Factores que facilitan la corrupción y el déficit de independencia

En su exposición, el académico identificó siete razones estructurales que explican esta vulnerabilidad, destacando principalmente:

1. El sistema de nombramientos: el modelo actual ha permitido que operadores externos intervengan en los procesos de designación de jueces.
2. Concentración de funciones: no es conveniente que los mismos tribunales superiores que revisan las sentencias tengan también el poder de decidir sobre los ascensos, permisos y castigos de los jueces inferiores.
3. Procedimientos antiguos: la complejidad de trámites, como ocurre en el procedimiento civil que data de 1903, facilita espacios para la opacidad y malas prácticas.

Propuestas para fortalecer el sistema

Lejos de entregar una visión pesimista, el profesor Silva planteó soluciones concretas que ya se discuten en el Congreso o que la propia Corte Suprema puede implementar:

1. Nuevo Consejo de Nombramientos: crear un órgano autónomo que elija a los jueces basándose exclusivamente en el mérito, la capacidad técnica y la probidad.
2. Separar funciones jurisdiccionales de las administrativas: esto es, que los jueces se dediquen solo a dictar sentencias, dejando la administración de recursos y el personal en manos de un organismo técnico independiente.
3. Responsabilidad ética real: establecer un estatuto ético que sea obligatorio no solo para jueces, sino también para abogados, peritos y todos los que actúan ante la justicia.
4. Reforma Procesal Civil: implementar un proceso civil que sea oral y rápido, lo cual es clave para una justicia más transparente y cercana.

Para José Pedro Silva, el fin de estas reformas es lograr que la única variable que determine una sentencia sea el Derecho aplicable y no presiones externas. "Sin una independencia real, la justicia deja de ser una realidad para transformarse en una promesa vacía", concluyó el docente.