La actividad, organizada por la Facultad de Derecho el pasado 5 de diciembre, fue inaugurada por la vicedecana, Teresita Tagle, y el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. El primer panel, dedicado a los desafíos institucionales del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, tuvo como expositor principal a Hernán Larraín, exministro de Justicia, junto al subsecretario de la cartera, Ernesto Muñoz, bajo la moderación de la profesora de la Clínica Jurídica UC, Giannina Bocchi.
En su intervención, Hernán Larraín abordó el sentido estructural de la reforma y la relevancia del nuevo Servicio como eje articulador del acceso efectivo a la justicia, destacando que se trata de un cambio de paradigma en la forma en que el Estado concibe la asistencia jurídica, al pasar desde una lógica fragmentada a un sistema integrado, con estándares de calidad, cobertura territorial y enfoque en las personas. Sostuvo que el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas constituye una de las reformas institucionales más relevantes del sistema de justicia chileno en las últimas décadas, al redefinir el acceso a la justicia como un derecho fundamental y no como una forma de asistencia o caridad. A su juicio, el nuevo modelo supera la estructura fragmentada y desigual de las antiguas Corporaciones de Asistencia Judicial, estableciendo un organismo único, con presencia regional y estándares homogéneos de calidad, orientado a garantizar que todas las personas puedan ejercer efectivamente sus derechos, con independencia de su situación económica o territorial.
El exministro explicó que la reforma responde a un diagnóstico claro: el sistema vigente estaba sobrecargado, carecía de coordinación nacional y dependía excesivamente de postulantes en práctica, lo que afectaba la calidad de la atención. El nuevo Servicio incorpora una lógica moderna de gestión, amplía su ámbito de acción hacia áreas como niñez, migración, trabajo, adultos mayores y discriminación, y promueve una visión preventiva y formativa del acceso a la justicia, centrada en el empoderamiento de las personas y no solo en la litigación.
Un eje central de la reforma es la creación de la Defensoría de Víctimas, que viene a corregir una omisión histórica del sistema procesal penal chileno, donde los imputados contaban con defensa pública, pero las víctimas no. Larraín destacó que esta nueva institucionalidad permitirá entregar no solo representación jurídica, sino también información, acompañamiento y apoyo psicosocial, mediante equipos multidisciplinarios, reconociendo que la justicia debe abordar también la dimensión humana del daño y evitar la revictimización.
Finalmente, subrayó que esta política pública fortalece la legitimidad democrática al mejorar la protección de derechos y la confianza en las instituciones, además de cumplir compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Valoró que la reforma haya sido impulsada y concluida por gobiernos de distinto signo político, como expresión de una política de Estado, y afirmó que el desafío ahora es convertir esta nueva institucionalidad en una práctica efectiva que haga del acceso a la justicia una realidad concreta y no solo una declaración legal.
El seminario continuó con un segundo panel sobre interdisciplinariedad en el acceso a la justicia, en el que participaron Magdalena Garcés, de la Escuela de Psicología UC, y Jorge Burgos, del Centro de Mediación y Arbitraje CAJ, moderados por Rodrigo Finkelstein, postdoc de la Escuela de Trabajo Social UC.
La jornada finalizó con un panel de reflexiones finales a cargo de María Olaya Grau, directora de la Escuela de Trabajo Social UC; Carlos Cornejo, director de la Escuela de Psicología UC; y Chantal Jouannet, directora del Centro de Desarrollo Docente UC, moderados por Rodrigo Mora, director de la Corporación de Asistencia Judicial.
El registro completo de la actividad se encuentra disponible en el canal de YouTube de la Facultad de Derecho UC, en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=2PnTFlTZbJw.