Con una convocatoria transversal de autoridades, académicos y profesionales del sistema de justicia, se realizó el pasado miércoles 29 de octubre el seminario de lanzamiento del libro “Crisis carcelaria y de seguridad. Propuestas para una política penitenciaria integral”, del Programa Reformas a la Justicia de la Facultad de Derecho UC, escrito por Hernán Larraín Fernández, Valentina Avendaño Órdenes, Agustín Walker Martínez, Pablo Zevallos Vásquez, Ana María Stuven Vattier y Alejandro Arévalo Sarce y publicado por Ediciones UC. La actividad se desarrolló en el Salón de Honor San Alberto Hurtado Cruchaga, en el marco de los 10 años del Programa Reformas a la Justicia UC.
La jornada fue inaugurada por el decano Gabriel Bocksang, quien agradeció el trabajo del equipo autor y del Programa Reformas a la Justicia, al mismo tiempo que destacó la relevancia del texto en el contexto actual. En sus palabras, subrayó que la seguridad es una condición necesaria para el ejercicio de las libertades de las personas, y que, al mismo tiempo, los principios que inspiran a la Universidad Católica exigen el respeto irrestricto por la dignidad inalienable de todo ser humano, incluso de aquellos que han cometido los más graves delitos.
El libro, fruto de más de un año de trabajo, ofrece un enfoque interdisciplinario, y propone lineamientos para una política penitenciaria integral que combine eficacia institucional, respeto por los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y sostenibilidad en el tiempo.
Posteriormente, el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín Fernández, presentó una síntesis de las principales conclusiones y propuestas contenidas en el libro, enfatizando la necesidad de avanzar hacia una política penitenciaria que supere la lógica reactiva y fragmentada que ha caracterizado al sistema en las últimas décadas.
El seminario continuó con un panel de conversación moderado por la profesora Magdalena Ossandón, en el que participaron el Fiscal Nacional, Ángel Valencia; la Defensora Nacional, Verónica Encina; el Ministro de Justicia subrogante, Ernesto Muñoz; y el Fiscal Judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro. Todos ellos valoraron el aporte del libro como insumo necesario de la academia para enfrentar los desafíos del sistema penitenciario chileno, y coincidieron en la urgencia de fortalecer el diálogo interinstitucional para avanzar en reformas sostenibles.
Durante el panel, el Fiscal Judicial Jorge Pizarro fue enfático en señalar la necesidad de incorporar a Gendarmería de Chile en la discusión sobre política penitenciaria, advirtiendo que cualquier reforma debe considerar las realidades diversas del país y no limitarse a la situación de las cárceles de Santiago. En la misma línea, el ministro (s) Ernesto Muñoz destacó el rol de Gendarmería y señaló que varias de las propuestas contenidas en el libro ya se encuentran en desarrollo. Respecto a la propuesta de separar las funciones de custodia y reinserción que actualmente tiene Gendarmería de Chile—entregando las primeras al Ministerio de Seguridad Pública y las segundas a un Servicio de Reinserción Social— indicó que se trata de una idea bien encaminada, aunque no necesariamente la mejor.
La Defensora Nacional, Verónica Encina, fue crítica respecto del populismo penal, subrayando la necesidad de abordar estos temas con evidencia y racionalizar el debate público. En relación con la prisión preventiva, planteó que esta medida no está cumpliendo sus objetivos: mientras la victimización disminuye, el temor al delito aumenta. Señaló que su aplicación se ha vuelto casi automática y que ello debe ser revisado.
Por su parte, el Fiscal Nacional Ángel Valencia advirtió que es imposible aspirar a una tasa cero de prisión preventiva. Si bien reconoció la importancia de evitar el encarcelamiento de personas inocentes, sostuvo que se trata de un riesgo que todos los países asumen. Añadió que fiscales y jueces deben remitirse a los hechos y al derecho a la hora de solicitar o decretar una prisión preventiva, pero que, en un contexto de hacinamiento penitenciario, no puede desconocerse la responsabilidad moral que conllevan sus decisiones. Por ello, llamó a ser especialmente exigentes con los criterios que justifican la aplicación de esta medida cautelar.
Contenido del libro y propuestas
El libro se estructura en capítulos temáticos que abordan distintos aspectos del sistema penitenciario. Agustín Walker analiza la dispersión normativa que afecta la legitimidad de la aplicación de penas, revisa críticamente el uso automático de la prisión preventiva y propone la creación de jueces de ejecución de penas. Valentina Avendaño documenta el grave deterioro de la infraestructura penitenciaria y plantea la pregunta de fondo: ¿es posible gestionar custodia, disciplina y rehabilitación en condiciones que vulneran la dignidad humana?
Pablo Zevallos alerta sobre la creciente influencia del crimen organizado en las cárceles, identifica fallas en inteligencia y segmentación de internos, y advierte que, sin medidas urgentes, el sistema penitenciario podría convertirse en un detonante de nuevas formas de criminalidad. Ana María Stuven examina la situación de las mujeres privadas de libertad, denunciando la falta de enfoque de género en las políticas penitenciarias y las diferencias sustantivas entre los procesos que enfrentan hombres y mujeres. Alejandro Arévalo complementa esa mirada con un análisis sobre la realidad masculina en los penales, destacando el deterioro del orden interno y el clima de extorsión generado por bandas criminales.
En el capítulo final, a cargo de Hernán Larraín, se propone una reestructuración institucional de Gendarmería, con la creación de una Policía Penitenciaria bajo el Ministerio de Seguridad Pública y un Servicio de Reinserción Social dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se plantea además el fortalecimiento de la inteligencia penitenciaria y la formación de los gendarmes como pilares para reducir la reincidencia.
El documento culmina con un conjunto de propuestas comunes que, aunque no siempre unánimes, representan un esfuerzo genuino por construir una hoja de ruta compartida, según expresó el Exministro de Justicia, Hernán Larraín. Entre ellas destacan el establecimiento de un régimen penitenciario estricto y diferenciado, y el uso de arresto domiciliario con tobilleras electrónicas como alternativa a la prisión preventiva en casos de bajo compromiso delictual. Larraín enfatizó que no se trata de soluciones mágicas, sino de criterios de acción basados en evidencia empírica y conocimiento técnico.
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Créditos: Karina Fuenzalida, Dirección de Medios y Publicaciones UC
