Hernán Larraín Fernández, investigador asociado del Programa, publicó un artículo que examina de manera crítica la trayectoria de la Reforma Procesal Penal chilena, a más de dos décadas de su implementación. El texto, titulado “La Reforma Procesal Penal, 25 años después”, fue presentado originalmente en un seminario organizado por la Universidad San Sebastián y constituye una reflexión profunda sobre el impacto, las tensiones y los desafíos que enfrenta hoy el sistema de justicia penal.

Un balance de luces y sombras

Larraín destaca el valor transformador de la Reforma Procesal Penal, que marcó el paso desde un sistema inquisitivo y escrito hacia un modelo acusatorio, oral y con mayores garantías procesales, consolidándose como una de las reformas institucionales más relevantes en la historia reciente de Chile. Este proceso, afirma, significó una verdadera modernización de la justicia penal, con avances en oralidad, transparencia y respeto de derechos.

No obstante, el texto subraya las debilidades que persisten: una creciente sensación de impunidad por el uso excesivo de salidas no judiciales, sobrecarga institucional en el Ministerio Público y brechas de igualdad entre víctimas e imputados. A ello se suman tensiones estructurales dentro de la Fiscalía Nacional, problemas en los procesos de nombramiento y una insuficiente rendición de cuentas que —según el autor— afectan la legitimidad del sistema.

Desafíos actuales y propuestas de futuro

Entre las propuestas que Larraín plantea, se incluyen medidas orientadas a fortalecer la autonomía y control del Ministerio Público, con mecanismos de selección más transparentes para fiscales nacionales y regionales, así como la creación de una Fiscalía de Asuntos Internos. También destaca la necesidad de institucionalizar una Defensoría de las Víctimas, recientemente aprobada por el Congreso, y avanzar hacia la implementación de tribunales de ejecución penal que garanticen el cumplimiento efectivo de las sentencias.

El autor advierte, además, sobre los riesgos del populismo penal y el aumento de penas como respuestas simplistas frente a la delincuencia, enfatizando que la seguridad pública requiere estrategias integrales, basadas en evidencia, coordinación interinstitucional y respeto por los derechos fundamentales.

Su análisis invita a repensar el futuro del modelo penal chileno con seriedad institucional y compromiso democrático.

 

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