Expertos abordaron las principales falencias que ven en la práctica de la ley N° 20.931 sobre aplicación de penas y persecución penal ante los delitos de robo, hurto y receptación.
Una alta convocatoria tuvo el Coloquio: Agenda Corta Antidelincuencia. Una mirada a la ley 20.931 desde sus actores, actividad organizada por el Programa UC de Reformas a la Justicia y que contó con la participación de Enrique Bassaletti, Coronel de Carabineros y jefe del Departamento de Análisis Criminal; Mario Palma, defensor jefe de la Defensoría Local Zona Ñuñoa – Las Condes; Ponciano Sallés, Magistrado Juez de Garantía de Santiago; Manuel Guerra, Fiscal Regional Metropolitano Oriente; y Ximena Marcazzolo, profesora Derecho UC, quien moderó el encuentro.
La profesora Marcazzolo introdujo el coloquio explicando que, a pesar de ser ampliamente discutida en el Congreso, la modificación a esta ley ha sido altamente criticada desde los distintos actores, quienes estiman que existen falencias e interpretaciones diversas de ciertas instituciones que fueron modificadas. A continuación, el Coronel de Carabineros Enrique Bassaletti explicó los principales efectos de la ley N° 20.931 sobre la Institución, específicamente el control de detención preventivo. "No existe hoy día un mecanismo que garantice o que pueda medir que cada control que se realice esté libre de un sesgo, pero en nuestra defensa puedo decir que lo hacemos está fundamentado en los sistemas de información de los cuales disponemos, que cada día presentan mayores avances para garantizar la prevención y control del delito", aseguró.
Mario Palma, en tanto, expuso una visión más bien crítica. El defensor público se preguntó qué hicieron tan mal los jueces para modificar una norma legal que les impide ver caso a caso, en una función que requiere una labor intelectual profunda, que no es simple, y que defina la pena concreta a aplicar. "Esta ley fue creada por parlamentarios que cuentan con una enorme cantidad de asesores legislativos, colegas incluso, sin tener idea de lo que ocurre en las audiencias y las complicaciones reales que provoca este norma", fustigó.
El Magistrado Ponciano Sallés agregó que "todos los intervinientes tenemos algún grado de responsabilidad en los cambios del sistema". A mi gremio en particular, continuó, la crítica que hago es que hubo muchas instituciones que, si hubiesen sido bien utilizadas, no habría sido necesario modificarlas pero, desgraciadamente, existieron abusos desde la posición que tenemos.
Por último, el Fiscal Manuel Guerra explicó que existe una contradicción entre el objetivo real de la modificación a la norma y cómo se dio a conocer a la ciudadanía por medio del mensaje presidencial asociado a la Reforma Procesal Penal. En éste se anunció que permitiría sancionar más eficazmente las conductas constitutivas de delito y, sin embargo, el objetivo real fue el de generar un sistema que garantizara ciertos derechos básicos de los imputados. "Muchos legisladores votaron a favor de un código sin tener idea por lo que estaban votando, porque uno no puede entender las sucesivas reformas que ha tenido el Código Procesal Penal". A su parecer, un aspecto crucial que no ha sido abordado es la posibilidad de contar con un nuevo Código Penal, que sea acorde a la realidad actual.
El encuentro concluyó con una nutrida ronda de preguntas, donde los panelistas pudieron interactuar con el público presente.