Hernán Larraín, miembro del consejo directivo del Programa Reformas a la Justicia, emitió su parecer respecto al proyecto de ley de reforma al sistema notarial y registral, actualmente a la espera de la votación del informe de la Comisión Mixta, en diversos medios de comunicación.

 En su entrevista en Tele13 Radio, el profesor Hernán Larraín criticó el debilitamiento del proyecto de reforma al sistema notarial. Señaló que la iniciativa, impulsada en 2018, ha sido "podada" en aspectos clave, manteniéndose el monopolio y la discrecionalidad en los nombramientos, y dejando fuera avances como la firma electrónica avanzada.

Larraín lamentó que se haya rechazado la creación de fedatarios, figura que habría permitidoampliar el acceso aservicios notariales simples. Acusó además el fuerte lobby de gremios de notarios y conservadores, que —a su juicio— impidieron una modernización real del sistema. “No quieren competencia para mantener su privilegio”, afirmó.

Finalmente, llamó al Ejecutivo a considerar un veto presidencial que restituya al menos lo aprobado por la Cámara de Diputados, advirtiendo que se perdió una oportunidad clave para mejorar el acceso y reducir los costos de un servicio esencial.

Revisa la entrevista completa en Tele13 Radio.

En entrevista con La Segunda, el profesor Hernán Larraín, exministro de Justicia y académico UC, lamentó que el proyecto de reforma al sistema notarial —impulsado por él en 2018— haya terminado convertido en una “oportunidad perdida”. A su juicio, la nueva ley mantiene la estructura anterior, los altos costos para la ciudadanía y no necesariamente asegura una mayor transparencia en los nombramientos.

Aunque valora ciertos avances, como la incorporación del sistema ADP para la formulación de ternas, advierte que la decisión final sigue en manos del Presidente, lo que mantiene abierta la puerta a presiones políticas y “pitutos”. Lamentó la eliminación de la figura de los fedatarios y la mantención de una oferta restringida de servicios, lo que seguirá traduciéndose en precios y altos y rentas excesivas.

Larraín se refirió también el lobby ejercido por el gremio notarial y alertó que la reforma no garantiza una baja de aranceles ni el fin del monopolio. “Donde sí quedó la puerta enteramente abierta es a nivel del Presidente”, sentenció.

Lee la entrevista completa en La Segunda, edición del 9 de junio de 2025:

Larraín: “Los notarios deben estar felices, porque mantuvieron su coto de caza” Exministro de Justicia alerta que persiste “ventana de discrecionalidad” en nombramientos y que nueva ley tampoco asegura trámites más baratos. 

Hernán Larraín (UDI) está hoy dedicado a la academia. Hoy es Profesor en la Facultad de Derecho de la PUC e integra un programa de reformas judiciales en el mismo plantel. Pero mira siempre hacia el Congreso, donde fue senador por 24 años.
Actualmente "monitorea" el trámite de la Ley de Notarios, proyecto que él impulsó en 2018, como ministro de Justicia de Sebastián Piñera. La reforma está a punto de salir del Congreso, pero un sorpresivo “gallito” entre el Senado y la Cámara terminó enredando su despacho.
El problema surgió por el modo en que los diputados votaron una norma sobre la división del Conservador de Santiago. “Debate menor”, apunta Larraín, que no se relaciona con el “fondo del problema”.
A su juicio, el debate tendría que centrarse en “si acaso” la “institución del conservador y otros registros debiera existir como tal (...). Probablemente por el desarrollo tecnológico no necesitamos esta institución y podríamos pensar en un servicio público (...) que otorgue fe pública, no como un negocio particular”.

-¿Sin conservadores?

-Así es. El esquema este corresponde a otra época (...), bien podría operar un registro que operase tecnológicamente, de fácil acceso y disposición, al día, sólo con cambios tecnológicos.

"Cifras demasiado exorbitantes"
Larraín apunta luego a la principal crítica que enfrenta el conservador capitalino: sus jugosas ganancias. “No es prudente que exista uno solo en Santiago (...). Se dice, no me consta, que tiene ingresos del orden de los $1.000 millones mensuales (...), son cifras demasiado exorbitantes”, advierte.

Desde esa óptica, concuerda con la opción que da la nueva ley de dividir el organismo “para que no se concentre en una sola mano esa cantidad de recursos (...), los ingresos que tienen son completamente impropios, desmesurados, ajenos al servicio público”.

-En una columna usted dijo que esta reforma término siendo una “oportunidad perdida”. ¿Lo sigue pensando?

-Sin lugar a dudas, podríamos haber diseñado un sistema moderno, que resol- viera los problemas (...), es un sistema anticuado en general (...), un servicio que a la gente le significa pérdida de tiempo y altos costos (...), es otro de los clavos de la permisología.

-Usted tiene reparos sobre el nuevo sistema de nombramientos, vía ADP.

-La formulación de las ternas se le quitó a las cortes (...). Sin embargo, el que toma la última decisión es el Presidente, lo cual siempre va a abrir espacios para la interferencia y la discrecionalidad (...). Este proyecto sólo resolvió un problema, no el otro (...). Nosotros planteábamos una comisión autónoma que realizara los nombramientos, esa idea no fue acogida.

"El lobby que hicieron"

Larraín advierte que la nueva ley incurre también en “graves omisiones”. Entre ellas, haber desechado la creación de “nuevos ministros de fe” (fedatarios) para que se hicieran cargo de algunas funciones notariales (“trámites de mesón”). Lo que habría permitido -según él- aumentar la oferta y moderar el “privilegio, monopolio” del que hoy gozan quienes ejercen estos
oficios.
En síntesis, considera que en la nueva ley “hay algunos avances” (transparencia, evitar en algo el tráfico de influencia y el nepotismo, entre ellos), pero que al podar la iniciativa original, el Congreso terminó convirtiendo al proyecto en una “pálida sombra” de su versión original.

-¿Quienes pueden celebrar la nueva norma: notarios y conservadores, o el usuario?

-Los notarios deben estar felices, porque mantuvieron su coto de caza, sin presiones para modificaciones tecnológicas, y porque se mantiene en parte el mecanismo de nombramientos.

-Usted ha dado a entender que el gremio notarial intentó obstaculizar la reforma. ¿Hay algún episodio descono- cido que pueda “desclasificar”?

-No, de lo que he dejado constancia es del lobby que hicieron del gremio notarial. Recuerda que, incluso, la Asociación de Notarios reclamó a la Contraloría por declaraciones que él hizo sobre el tema. Pero el organismo desestimó la queja. “Tienen intereses distintos a los que perseguía la ley (...). Siento haber perdido en buena parte esta batalla”, constata.

-¿Pero alguna vez se sintió presionado?

-No. (Pero) el gremio hacía declaraciones muy fuertes. Alguna vez, incluso, faltando a la verdad.

¿Seguirán pitutos?

-¿La nueva ley garantiza una baja en los precios de los aranceles?

-No podría decir que lo garantiza, porque la oferta sigue siendo restringida.

-¿Y estos oficios dejarán de ser una fuente de enriquecimiento?

-Van a seguir siendo una fuente de altos ingresos, porque la oferta es tan limitada (...), estando tan limitada la oferta, el precio por de- finición se mantiene alto (...). Si no hay más acceso, el monopolio sigue operando y los precios van a seguir siendo altos a costa del bolsillo ciudadano.

-Algunos senadores dicen que persiste un riesgo de politización en el nuevo sistema ADP. ¿Lo comparte?

-Desgraciadamente, sí. Era mejor una comisión autónoma (...) protegida de toda influencia política (...). Siendo mejor el ADP que el sistema actual de las cortes, no hay garantías de que no va a haber presión. 

Y da un campanazo de alerta: “Donde sí quedó la puerta enteramente abierta es a nivel del Presidente. El filtro que hace el ADP queda entregado al Presidente (...), y esa ventana de discrecionalidad es negativa.

-¿Asegura el nuevo sistema que ya no habrá espacio para amiguismos o pitutos en los nombramientos?

-No lo asegura, porque si bien el ADP es un sistema más independiente, la presión que puede recaer sobre el Presidente es real. No quedamos cubiertos de ese riesgo.

-¿Cree que la norma que obliga a los “inmortales” a irse a los 75 años pueda terminar en el TC?

-Es muy probable, porque los intereses son muy altos y van a hacer todo lo posible por preservar sus privilegios, pero esta es una función pública. No hay derechos adquiridos sobre las funciones públicas.