Se busca reforma: la compleja misión para encontrar un nuevo modelo y salvar al Poder Judicial.
El pasado 22 de septiembre de 2024, el Diario La Tercera publicó una noticia abordando la búsqueda del mejor modelo institucional para el Poder Judicial. En ella, se hace una reseña de las propuestas que se han barajado para abordarla, dentro de las cuales se menciona la del Programa Reformas a la Justicia UC.
Revisa la propuesta del Programa aquí.
Fuente: La Tercera.
La noticia hace mención a las propuestas de la Corte Suprema, a la del exministro Francisco Cumplido, la del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, las propuestas de los dos procesos constitucionales, de 2021 y 2023, finalizando con la del Programa Reformas a la Justucia UC, que fuera elaborada por los profesores Hernán Larraín y Nicolás Frías.
El medio destacó que la propuesta contiene "un modelo inspirado en los diseños híbridos y desconcentrados". Los profesores proponen una organización del gobierno judicial en tres órganos autónomos: La Comisión de Nombramientos Judiciales, la Corporación de Gestión y Administración del Poder Judicial, y la Academia de Formación Judicial. Además, separa la potestad disciplinaria en dos funciones: la de investigar las denuncias de irregularidades que se formulen en contra un juez, y la de resolver la acusación que pueda ser formulada. Lo primero se encarga a los Fiscales Judiciales, mientras que de lo segundo estaría a cargo de Tribunales ad hoc. Por último, le imprime un nuevo rol a la Corte Suprema, asumiento su condición de máximo tribunal de la República.
El medio resaltó que, en el mencionado modelo propuesto, "toda esta estructura finalmente sería coordinada por una instrancia creada por ley que no tendrá atribuciones vinculantes". En ella, los todos los actores deben estar debidamente representados, sin más hegemonía que la de la mayoría judicial en su integración.
Lea acá la propuesta del profesor Larraín:
El diseño de Larraín
El ex ministro de justicia Hernán Larraín se ha dedicado a estudiar la mejor forma de modificar el gobierno judicial. Por eso desde el programa de reformas a la justicia de Derecho UC pensó en un modelo inspirado en los diseños híbridos y desconcentrados.
Su idea implica estructurar el gobierno judicial en tres órganos autónomos . uno de ellos sería la Comisión de Nombramientos Judiciales, a cargo de efectuar los nombramientos de todos los ministros de las cortes de apelaciones del país, de los jueces de primera instancia y de los auxiliares de la administración de justicia, mediante un procedimiento público, únicamente a base del mérito y con criterios objetivos. La Comisión tendría siete miembros: un abogado designado por el Presidente de la República de una nómina conformada por concurso público; dos abogados con 15 años de destacada trayectoria académica o profesional designados por un quórum de 4/7 del Senado de una nómina conformada por concurso público; un juez designado por la Corte Suprema de una nómina conformada por concurso público; un juez designado por los ministros de las cortes de apelaciones de una nómina conformada por concurso público; dos jueces designados por sorteo de una nómina integrada por jueces elegidos por sus pares de asiento de corte con más de ocho años de antigüedad en el cargo.
Esta comisión, además, estará a cargo de la calificación de los jueces, función que se desarrollará a través de comisiones regionales. Los nombramientos de los supremos se modifican en un solo sentido: la quina será elaborada por la comisión, el Ejecutivo escogerá un candidato y deberá ser ratificado por 4/7 del Senado.
El segundo órgano es uno llamado Corporación de Gestión y Administración del Poder Judicial, que será la continuadora de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). Esta corporación tendrá nueve integrantes, con mayoría de judiciales.
El tercer órgano es la Academia de Formación Judicial, siendo la continuadora de lo que actualmente se conoce como Academia Judicial. Esta instancia tendrá siete integrantes, también con mayoría de judiciales.
Bajo este modelo la disciplina se separa en dos niveles: la investigación de denuncias de irregularidades y la resolución de la acusación que formule el instructor de la investigación. La primera será cumplida por los fiscales judiciales hoy existentes en los tribunales superiores y la segunda por tribunales ad hoc que se constituirán a partir de jueces nominados para tal efecto.
Toda esta estructura finalmente sería coordinada por una Instancia creada por ley que no tendrá atribuciones vinculantes.