La justicia civil es la única que no ha tenido reforma el último tiempo, a diferencia de la penal, laboral y de familia. En los últimos cuatro gobiernos se ha propuesto su modificación, sin embargo, todas esas iniciativas se han paralizado.

Este viernes, el Ministerio de Justicia anunció su reactivación, además de adelantar el ingreso al Congreso de dos proyectos: de mediación civil y comercial, y de modificación al Código Orgánico de Tribunales, pilares para el cambio del sistema.

“Todas las instituciones y novedades que trae el proyecto modificatorio, de indicaciones sustitutivas, va en la dirección de mejorar el acceso a la justicia incorporando cosas tan importantes como formas de solución de conflictos negociadas a través de mediación; generado procedimientos de fácil acceso para el cobro de deudas de poca cuantía, incluso sin necesidad de abogado; mejorando los sistemas de tramitación de los juicios de cobranza en general, en términos de incorporar la tecnología en esta materia y, por lo tanto, agilizando los procesos”, explica José Pedro Silva, coordinador técnico de la Reforma Procesal Civil y profesor de la U. Católica.

Para Héctor Humeres, presidente del Colegio de Abogados, “es un asunto de Estado, porque estos proyectos se demoran, entonces ojalá que si la reforma no alcanza a traen este gobierno, el que sigue la continúe y no quede detenido, como ha pasado en otras ocasiones”. En tanto, el profesor de Derecho Procesal de la U. De Chile, Cristián Maturana, plantea que “un proyecto de esta importancia no puede seguir paralizado por aspectos económicos a futuro”, y añade que “su necesidad va a quedar patente cuando se reactive la tramitación de los tribunales poscovid, donde va a haber un gran retardo”.

Jaime Arellano, director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia delas Américas (CEJA), advierte que aunque se propone dar más eficiencia a los procedimientos, “no se extiende necesariamente hacia el tipo de conflictos y las personas que más lo requieren, ni se innovó en materia de carga de la prueba o gestión de casos”.

Nombramiento de jueces

También se anunció un proyecto para modificar el nombramiento de jueces, creando una comisión de cinco miembros —elegidos por el Presidente de la República, el Senado y la Corte Suprema.

“Es muy importante que un gobierno, cualquiera que este sea, se despoje de facultados, y creo que este sistema tiene que ser altamente técnico, muy pluralista, paritario, territorial y no manejado políticamente”, plantea Maturana.

Para el presidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Mauricio Olave, la propuesta “avanza en elevar los niveles de independencia”. Sin embargo, “nos hubiera gustado que su autonomía tuviera rango constitucional para mayor estabilidad”. No obstante, dice, se hace cargo de “la búsqueda de un sistema de nombramientos judiciales que se centre en el mérito”.

Arellano estima, además, que se debe seguir avanzando hacia una mayor independencia interna. “Esto se puede lograr equilibrando de mejor manera la integración de la comisión, por ejemplo, reduciendo la representación de la Corte Suprema y así dar espacio a ampliarla representación del mundo del derecho y las regiones”, plantea

Humeres estima que sus integrantes debiesen ser variados, incluyendo exministros de cortes y representantes del Colegio de Abogados o de universidades: “Soy partidario de abrir un poco más el arco en esta materia”.

Para Silva, en tanto, “se ha privilegiado la incorporación de representantes de estamentos permanentes de los órganos del Estado y me parece prudente, porque lo otro es entrar en un grado de discrecionalidad”.

Nota periodísitica: A. Zúñiga y C. Carvajal. El Mercurio, domingo 18 de abril 2021, página C11