“El llamado que queremos hacer en esta oportunidad es que ustedes puedan proponer opinar y sumarse al trabajo que hemos realizado, que ha procurado ser amplio y participativo, para otorgarle a Chile una regulación procesal que esté a la altura de los desafíos que nos ha puesto en nuestra vida el COVID-19” señaló el Ministro de Justicia, Hernán Larraín.

El seminario, organizado por el Programa Reformas a la Justicia UC en conjunto a los Departamentos de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, se transmitió el pasado miércoles 23 de septiembre a través de las plataformas Zoom y YouTube Live bajo el nombre: “Reformas procesales urgentes: ¿Cómo enfrentar la crisis?”

Moderado por la docente UC Ximena Marcazzolo, el evento fue inaugurado por el Ministro de Justicia Hernán Larraín, quien explicó el proceso de creación del Proyecto de Ley en comento, a través de dos mesas de trabajo con la participación de magistrados, académicos, abogados y diversas instituciones relacionadas al sistema de justicia, buscando evitar un posible colapso del Poder Judicial frente a la sobrecarga de trabajo que enfrentará con el término de la vigencia de la Ley 21.226.

El proyecto del Gobierno, creado en base a las propuestas acordadas por las mesas de trabajo, contiene modificaciones transitorias y permanentes que buscan modernizar el sistema de justicia, lograr una mayor eficiencia de los tribunales y limitar la presencia física en ellos, asegurando debidamente el acceso a la justicia a todas las personas. Se recoge en él la experiencia positiva del uso de tecnologías de la información durante la vigencia de la Ley 21.226, manteniendo la realización de algunas audiencias por video conferencia.

Tras una breve relación del contenido del proyecto presentado, el Ministro destacó el aporte de los docentes UC José Pedro Silva, María Elena Santibáñez y Francisco Tapia en las mesas de trabajo.

“Interpretamos este seminario como una oportunidad para socializar este proyecto, para difundirlo y ampliar su conocimiento, pero también para recoger inquietudes y opiniones, que serán sin lugar a dudas un aporte fundamental en un momento histórico que es trascendental para la justicia chilena y en el cual no podemos estar ausentes; queremos no solo hacer un aterrizaje a la normalidad, con una transición adecuada, sino también recoger de estas experiencias aportes que en forma definitiva pueden cambiar el rostro a nuestro sistema procesal” concluyó Hernán Larraín.

En segundo lugar, expuso el profesor emérito de la PUCV y destacado académico nacional, Raúl Tavolari, reflexionando en torno al proyecto de reforma, en particular respecto a las modificaciones al procedimiento civil.

Recordando la paralizada reforma procesal civil, que pareciera haber sido olvidada con la Ley de Tramitación Electrónica, el académico advirtió el peligro de conformarse con pequeñas reformas que modernizan un sistema anticuado que requiere de un cambio completo.

Sobre el proyecto en concreto, indicó que las respuestas son en general extremadamente satisfactorias para enfrentar un posible colapso, pero que hay que resguardar los principios del procedimiento, tales como la inmediación o la legalidad del proceso, que se puede ver afectados por las audiencias remotas por orden de la Corte de Apelaciones.

Continuando el análisis de las modificaciones civiles, el director del Programa Reformas a la Justicia UC, José Pedro Silva, resumió los detalles puntuales de las novedades que propone la ley.

Revisando los objetivos de la ley – abordar los problemas relacionados a la pandemia y la sobrecarga de trabajo, así como limitar la presencia de las personas en los Tribunales –, señaló que el proyecto los excede, produciendo un cambio de paradigma y convirtiendo a los tribunales en un hub judicial, puertos de entrada y salida, con el juez en su despacho y los abogados actuando de forma remota en regiones distintas. “Esto tiene un efecto importante, es un salto tecnológico, que complementa la digitalización de los procesos judiciales” indicó; pero advirtió que trae como costo la pérdida de capital social, las relaciones humanas que se generan por el encuentro físico en los tribunales y lugares de trabajo.

Respecto de las propuestas en específico, destacó el fortalecimiento de la mediación, aunque advirtiendo que es solo una norma programática que no va acompañada de una institucionalidad asociada, la uniformidad de plazos para contestar la demanda, la notificación por correo electrónico, las subastas públicas por vía remota y la suscripción de documentos con firma electrónica, entre otras.

Para finalizar, el académico UC se detuvo en el “funcionamiento transitorio obligatorio”, sistema que obligará a los tribunales de justicia del país privilegiar las vías remotas durante el primer año de vigencia de la Ley, realizando todas las audiencias por videoconferencia. Sin embargo, para no sacrificar la seguridad jurídica, la “prueba viva” será siempre presencial, debiendo concurrir los testigos, peritos y absolventes de posición al tribunal o la oficina del receptor a prestar su declaración, con la presencia constante del juez a través de un medio de comunicación remoto.

En tercer lugar, presentó el profesor y director del Departamento de Derecho Procesal Civil PUCV, Raúl Núñez, sobre el impacto del COVID en el proceso penal.

A través de un análisis de las reformas históricas al proceso penal en nuestro país y el mundo, y la respuesta de las jurisdicciones comparadas frente a la pandemia, recalcó el importante rol que han jugado las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) al permitir la prosecución de los procedimientos.

Identificó como un problema la no incorporación de las TIC en las reformas procesales del siglo XXI en América Latina, además de las pocas facultades para actuar de oficio de los jueces, que hicieron más difícil enfrentarse a los problemas que generó la pandemia.

En último lugar, la directora del Departamento de Derecho Procesal UC, María Elena Santibáñez, expuso las modificaciones transitorias y permanentes al proceso penal post COVID.

Revisó las propuestas relativas a la sobrecarga de trabajo de los tribunales y a la no presencia de las personas en éstos. Se detuvo en la ampliación de aplicación de los acuerdos reparatorios a delitos de acción penal pública previa instancia particular – excluyendo los delitos sexuales– que representan un importante porcentaje de las causas existente, tales como amenazas, lesiones menos graves y violación de morada, y la nueva oportunidad para solicitar procedimientos abreviados, salidas alternativas y convenciones probatorias. Además, comentó su experiencia litigando por videoconferencia y los problemas prácticos que ha producido.

La profesora aprovechó la oportunidad para referirse al efecto del delito del 318 del Código Penal, que ha implicado un aumento notable de causas ingresadas y será un factor relevante en la carga de los tribunales cuando se reactive el funcionamiento normal, pero no alcanzó a ser considerado en las propuestas de la mesa de expertos.

Para finalizar, los más de 200 asistentes tuvieron la oportunidad de hacer preguntas a los expositores respecto de sus ponencias. 

El seminario completo está disponible en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=dIeNjupkknk&t=5820s&ab_channel=DerechoUC