La reforma procesal civil, en cuya elaboración trabajó el Director del Programa Reformas a la Justicia UC, José Pedro Silva, como Coordinador Técnico, era una de las prioridades sectoriales del Gobierno. 

"Vamos a tener que postergar la reforma procesal civil, en lo central, por los costos que trae", dijo ayer a El Mercurio el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. Así, la autoridad reconocía que uno de los grandes proyectos de la cartera no ingresará al Congreso este año. 

Anunció, sin embargo, que una parte de la iniciativa sí lo hará: se impulsará una ley de mediación "como una fórmula para resolver las inquietudes en estas materias, conectada con la transformación digital del Estado, y creo que estaremos avanzando en dar los servicios que la ciudadanía espera de nosotros". 

De esta forma, la reforma a la justicia civil - la única no reformada, porque ya lo están la penal, laboral y de familia - deberá esperar de manera indefinida producto del gran gasto que ha significado para el país la pandemia. 

"Ha traído dolores insufribles, costos y pérdidas enormes, pero también nos ha abierto oportunidades, como es el uso de las plataformas tecnológicas para resolver conflictos que largamente hemos podido o debido postergar", planteó Larraín. 

Varias veces pospuesta

La cronología de esta reforma integral a la justicia civil abarca 16 años: su impulso comenzó durante el gobierno de Ricardo Lagos y continuó con sus sucesores, "es decir, cinco períodos presidenciales en que fue considerada una prioridad y en que hemos trabajado con todos los ministros de Justicia en su estudio y estructuración (...). Estábamos ad portas de retomar la tramitación legislativa cuando sobrevinieron las crisis de octubre y la actual pandemia, que lamentablemente han alterado las prioridades", dice José Pedro Silva, Coordinador Técnico de la Reforma Procesal Civil y director del Programa de Reformas a la Justicia de la U. Católica. 

Sin perjuicio de ello, cree: "No hay razones para no avanzar en el trámite legislativo, etapa que no tiene mayores costos para el erario nacional, de manera de tener los cuerpos legales aprobados para cuando cambien las condiciones que permitan su implementación". 

Es, puntializa, una reforma concebida para ser aplicada en no menos de cuatro años, por lo que se puede ir distribuyendo la carga económica que implica. 

Sobre la posibilidad de una ley de mediación, Silva señala que, aunque es positiva la inclusión inmediata de ciertas partes del proyecto, "resulta preocupante que ellos se perciba como una suficiente reforma, olvidando que se trata de un sistema integral y complejo que obedece a una unidad de propósitos". 

 

* Noticia completa: Zúñiga y Chaparro, El Mercurio, 9 de julio 2020, p. C 8.