También incluye las áreas comercial, laboral y de Familia. Entre los nombres designados hay representantes de la Corte Suprema, el Consejo de Defensa del Estado, las corporaciones de Asistencia Judicial, los colegios de abogados y, desde el ámbito académico, los profesores José Pedro Silva, Francisco Tapia y Ana María Hubner.

Más de 50% de causas acumuladas en los tribunales de Familia y solo un poco menos en las áreas civil, comercial y laboral es parte del diagnóstico que deberá enfrentar la mesa conformada para elaborar medidas que permita “enfrentar la futura normalidad” tras la pandemia, oficializada ayer por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de su coordinación. Sus miembros serán 11 especialistas en las distintas áreas, varios de ellos provenientes de organismos institucionales.

Así, desde la Corte Suprema la integrarán la ministra Rosa María Maggi; el director de la Dirección de Estudios, Alejandro Soto, y el jefe del Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Mario Lara, mientras que desde el Consejo de Defensa del Estado fueron convocados su jefa de Defensa Estatal, Mariana Valenzuela, y la procuradora fiscal de Santiago, Ruth Israel.

En tanto, de las corporaciones de Asistencia Judicial el representante será el director de la CAJMetro, Alejandro Díaz; del Colegio de Abogados lo será su presidenta, Leonor Etcheberry, y en nombre de los colegios de abogados regionales estará el presidente del gremio en Valparaíso, Alejandro Gómez.

Del ámbito académico serán parte de esta mesa los profesores UC José Pedro Silva y Francisco Tapia, para lo civil y laboral, respectivamente, además de Ana María Hubner, de la U. de Chile, especialista en familia.

La mesa, al estar coordinada por el Ministerio de Justicia, tendrá como integrantes permanentes al ministro de la cartera, junto al equipo de la División Jurídica, representado a través de su jefa, Mónica Naranjo, y el equipo de la División Judicial, a través de su jefe, Héctor Mery.

Coincidir con el fin del estado de catástrofe

“Una vez que termine esto se van a gatillar muchas cosas más, entonces el cálculo es que si distribuimos todos lo que se ha suspendido en nueve meses, la carga de trabajo aumenta en 50% en promedio mensual, aparte de las tareas ordinarias”, explicó el ministro de Justicia, Hernán Larraín.

Se espera finalizar con el trabajo tanto de esta mesa como de la penal —que se constituyó la semana pasada— a fines de julio, para en agosto comenzar la tramitación legislativa hasta mediados del mes siguiente, de tal forma de coincidir con el fin del estado de catástrofe.

“Queremos que ambos procesos terminen en las mismas fechas y los proyectos de ley se envíen también simultáneamente”, añadió.

Junto con la mesa de trabajo se van a realizar consultas por escrito, entre otras instituciones vinculadas, a las facultades de derecho.

En el ámbito civil, además, están contempladas audiencias para los gremios del Poder Judicial, los jueces de Policía Local y el Colegio de Mediadores.

Medidas administrativas y legales, transitorias o parciales

“Esta es una política de Estado, donde tenemos que ver cómo el sistema de justicia asume esta sobrecarga de trabajo, cómo descongestionar y asegurar que los ciudadanos que acuden a los tribunales par resolver sus controversias, para hacer respetar sus derechos, pueden efectivamente hacerlo y que no se vean perjudicados por la pandemia”, planteó Larraín.

Se propondrán, de esta forma, medidas tanto de carácter administrativo —sugerencias que el Poder Judicial puede adoptar por autoacordados o instructivos — como legales, estas últimas que pueden ser transitorias o permanentes.

“Hay muchas materias procesales pequeñas, muy circunscritas, pero que tienen un gran impacto precisamente en eso, en descongestionar, en dar mayor rapidez”, explicó.

Por ejemplo, se busca incorporar la conciliación y la mediación en diferentes etapas de los procesos para obtener soluciones consensuadas; implementar la subasta en forma remota, para disminuir la presencialidad de usuarios en tribunales y hacer más eficiente la realización de bienes; incorporar actuaciones y diligencias en forma remota (conciliaciones, audiencias en que se rinda prueba documental, audiencias en procedimientos de la Ley 20.720 relativa a reorganización de empresas, entre otras); homologar criterios para la realización de diligencias (presentación y retiro de documentos, notificaciones, audiencias, subastas) y otras medidas para distribución de cargas de trabajo.

Proyecto de Ley y Reforma Procesal Civil

“Algunas ideas las vamos a sacar de nuestra Reforma Procesal Civil, que la tenemos lista, pero por falta de recursos no la podemos presentar”, asegura el ministro sobre materias que puede que sean incluidas en el futuro proyecto de ley.

En este sentido, el ministro ejemplifica con la conciliación, “como una forma que el juez tiene para resolver de forma amistosa, concensuada, los diferendos”, y la mediación, tema en el que, recuerda, está fundada la reforma como medida alternativa de administración de justicia.

“El problema que tenemos para imponerla ahora es que en la reforma suponemos que en cada tribunal se crea un centro de mediación y hay mediadores, que no son jueces ni abogados, necesariamente, entonces, eso es una situación que no podemos hacer ahora”, dice y agrega que, sin embargo, quizás es posible “introducir algunos elementos de ella en esta etapa”.

 

Alejandra Zúñiga, El Mercurio Legal, 18 junio 2020. https://www.elmercurio.com/Legal/Noticias/Noticias-y-reportajes/2020/06/18/Ministerio-de-Justicia-convoca-a-expertos-que-propondran-medidas-por-futura-sobrecarga-del-sistema-civil.aspx