Durante el mes de diciembre se llevaron a cabo las presentaciones del estudio requerido por la Dirección de Estudios de la Corte Suprema en las Cortes de Apleaciones de San Miguel, Valparaiso, Talca y Rancagua.

Mandatado por la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, el equipo del Programa de Reformas a la Justicia UC desarrolló el estudio Modelo orgánico para la Nueva Justicia, que buscó evaluar el impacto de las reformas legales y la especialización en el modelo de administración de justicia del Poder Judicial, analizando sus efectos sobre la gestión administrativa, el ejercicio de la labor jurisdiccional, la resolución de conflictos, la satisfacción de necesidades jurídicas y la efectivización de derechos, específicamente los relativos a acceso a la justicia y tutela judicial efectiva.

El estudio fue ejecutado por un equipo multidisciplinario que integró y coordinó el profesor Derecho UC Nicolás Frías y Rodrigo Delaveau. La investigación también contó con la colaboración del profesor de la misma unidad, Álvaro Paúl, así como con la participación del profesor del Instituto de Economía UC, Marcos Singer y su equipo, más la ayuda del profesor de la Escuela de Psicología UC, David Preiss.

La investigación, que se desarrolló en cuatro etapas, incluyó la recopilación de estándares normativos internos y externos que vinculan al Poder Judicial, trabajo con bases de datos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la realización de encuestas a cerca de mil usuarios de los tribunales, entrevistas a más de 200 jueces e igual número de funcionarios de 39 unidades jurisdiccionales ubicadas en los territorios de las Cortes de Apelaciones de Valparaíso, Rancagua, Talca y San Miguel. Asimismo, incluye notables hallazgos sobre el modelo orgánico de administración de justicia, entregando propuestas a los desafíos del Poder Judicial.

Las presentaciones de sus resultados se llevaron a cabo frente a los magistrados de los distintos tribunales de las jurisdicciones, incluyendo jueces de Juzgados Garantía, de Tribunales de Juicio Oral en lo Penal y de Familia; como asimismo frente a los ministros, administradores y funcionarios de las Cortes de Apelaciones y de distintos tribunales de cada uno de los territorios jurisdiccionales. Para el mes de abril de 2018 se prevé realizar una presentación pública en el marco de un seminario sobre los principales hallazgos de la investigación.

Conclusiones de la Investigación:
Tras un año y medio de intenso trabajo, el estudio concluyó que los usuarios del Poder Judicial tienen una evaluación muy positiva de los Tribunales, promediando los 4,5 puntos en una escala de 1 a 5. Asimismo, la evidencia empírica y los modelos econométricos que se corrieron demuestran que la decisión de especialización de nuestro sistema de justicia conduce efectivamente a una tramitación más eficiente y expedita de las causas, como asimismo correlaciona positivamente con la satisfacción de los usuarios.

En efecto, explica el profesor Nicolás Frías, en el sistema de justicia chileno, la tramitación de causas en los tribunales reformados es un 40% más expedita que en los no reformados, siendo el factor gravitante de la eficiencia la naturaleza reformada de los procedimientos. Es por ello, agrega, que la la consultoría propone aumentar la creación de tribunales especializados y, en subsidio, incorporar la polifuncionalidad en el modelo de atención del usuario, la especialización en la tramitación de causas en los tribunales con competencia común, el monitereo activo de indicadores de servicio tales como tiempo de espera, número de personas atendidas, libro de reclamos, entre otros.

Otra de las recomendaciones que emanaron del estudio, continúo, tiene que ver con avanzar en la implementación de la Reforma Procesal Civil, ya que sus principios y procesos facilitan la sistematización y la especialización al interior del Tribunal y fortalecen la transparencia, incidiendo directamente en la satisfacción del usuario.

También se propone el externalizar de los tribunales los procedimientos ejecutivos, mejorar las variables de gestión, el sistema de notificaciones a usuarios, fomentar el uso de tecnologías y la importancia de fortalecer la coordinación con instituciones públicas relevantes que entregan información relativa a las causas.

Entre otras sugerencias desarrolladas se incluye la incorporación de abogados asesores a los tribunales (“clerks”), para que trabajen en los estudios de causas, búsqueda de jurisprudencia y asistan al juez en los procesos de redacción de sentencias; la inclusión de elementos del modelo de Centros de Justicia Ciudadanos en la estructura orgánica de tribunales; y la revisión de la carrera judicial, incorporando la flexibilización, incentivos y un análisis de la estructura.

Por último, un hallazgo interesante es que el grupo mayoritario de los usuarios que concurren a los tribunales (47%), lo hacen para pedir información, ya sea general o particular de sus causas, y que evalúan positivamente la ubicación geográfica de los tribunales. Lo anterior manifiesta un rol “ciudadano” que actualmente están cumpliendo los tribunales de justicia y le da más fuerza a las sugerencias orientadas a fortalecer las unidades de atención de público.