Señor Director:
Los firmantes, todos profesores y profesoras del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, queremos manifestar nuestra inquietud por ciertas iniciativas que se han dado en la Convención Constitucional en lo relacionado con la independencia del Poder Judicial, las cuales, de concretarse, redundarían en un grave socavamiento del Estado de Derecho.
En primer término, se aprobó en general por la comisión de Sistemas de Justicia una iniciativa de norma que establece un límite temporal a la función pública de los jueces. La norma de inamovilidad de los jueces y de mantenimiento en sus funciones mientras dure su buen comportamiento nos ha acompañado desde la Constitución de 1833 y ha sido recomendada por todos los organismos internacionales, según lo recordara la Corte Suprema en su acertada declaración de esta semana. El objeto no es otro que asegurar un pilar fundamental del Estado de Derecho: que la jurisdicción sea ejercida libre de presiones temporales y de toda índole, asegurando a todo justiciable el acceso a un juzgador independiente e imparcial. La temporalidad atenta contra esos preciados valores y atributos, en tanto posibilitaría actuaciones obsecuentes de los jueces con quienes, tanto desde el sector público como del privado, sugieran o garanticen su ulterior inserción laboral al concluir su período.
En segundo lugar, llama la atención la iniciativa de norma presentada por un grupo de convencionales, que crea una “Comisión de Evaluación” de todos los actuales ministros de las Cortes de Apelaciones del país y de la Corte Suprema. Creemos que dicha iniciativa, de aprobarse, constituiría una grave e inaceptable presión a los mencionados tribunales, junto con extralimitar el marco jurídico que rige a la Convención.
Creemos que las iniciativas expuestas ponen en riesgo la oportunidad única en que nos encontramos de materializar los grandes y legítimos anhelos de contar con una nueva Constitución, que recoja valores fundamentales de consenso nacional y genere la unidad y cohesión social que todo el país espera.
José Pedro Silva
Nicolás Frías
María Elena Santibáñez
Paula Vial R.
Felipe Bertin
Paulo Román
Paulina González
Manuel Rodríguez
Macarena Oyarzún,
Francisco Javier Leturia
Ignacio Naudon
Rodrigo Bordachar
María Teresa Bravo
Raimundo Moreno
José Domingo Ilharreborde
Pablo Correa
Pedro Rencoret
Gonzalo Vial
Diego Ramos
Álvaro Jofré
Simón Zañartu
Publicado en: El Mercurio, Cartas al Director, viernes 28 de enero 2022.