La actividad fue organizada por el Ministerio de Justicia y abordó la propuesta elaborada junto con Eurosocial en cuanto a resolución de conflictos comunitarios en el marco de la Reforma Procesal Civil.

 

Luego de meses de trabajo entre el Ministerio de Justicia y Eurosocial ­–programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina que apoya al diseño, reforma e implementación de políticas públicas–, se dio a conocer el diagnóstico y una primera propuesta de política pública sobre justicia local que tiene como eje central los mecanismos colaborativos de resolución de conflictos comunitarios.

Estas propuestas se relacionan con la resolución de conflictos de baja cuantía y aquellos que tienen un carácter local o vecinal en que las personas que lo sufren experimentan un deterioro en su calidad de vida y en la convivencia en comunidad. Es en esta realidad que la Reforma Procesal Civil busca hacerse cargo de los que tienen causas vinculadas al ámbito civil a través de dos vías: “Por una parte, con la incorporación de un nuevo procedimiento concentrado, flexible con una activa participación de las partes que otorgue una mejor respuesta a este tipo de causas; y por otra, con la posibilidad de acceder a servicios de mediación que permitirán resolver estos problemas mediante el diálogo participativo. Sin embargo, necesitamos más respuestas a los conflictos locales y vecinales que requieren de un sistema coordinado y cercano que los acoja y que dé una respuesta adecuada”, explicó Mónica Naranjo, jefa de unidad de Coordinación y Estudios del Ministerio de Justicia.

 

Como parte de los comentarios a la propuesta, el profesor Nicolás Frías, subdirector del Programa Reformas a la Justicia UC, enfatizó que las ideas contenidas en el informe van en total coherencia con lo que propone el proyecto de Reforma Procesal Civil y destacó que la propuesta hace hincapié en el impacto social que tienen las políticas públicas del sector Justicia: “Tiene que ver con la seguridad ciudadana y el aspecto social, donde los diversos proyectos, particularmente la Reforma Procesal Civil tiene una implicancia educacional para las personas de empoderamiento de la ciudadanía, de eficiencia desde el punto de vista del sistema, fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Estas propuestas junto con ser técnicas, tienen una bajada muy particular a cada uno de los destinatarios de la misma”, señaló.

Para cerrar el seminario, el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, declaró que: “Tenemos claro que el acceso a la justicia no es algo que deba estar restringido, a mirada como la que se ha venido desarrollando tradicionalmente. El acceso a la justicia es un Derecho Humano y como tal debemos pensar qué forma debe seguir este proceso para asegurar que las personas, en su convivencia diaria, también tengan acceso a resolver ese tipo de conflictos”.