La mayoría corresponde a procedimientos ejecutivos -como cobro de deudas-, los que el Ministerio de Justicia espera trasladar con la reforma a una unidad administrativa en el tribunal.
"El mayor 'usuario' demandante del sistema de justicia civil es la empresa, probablemente buscando demandar a sus clientes impagos". Esa es una de las conclusiones a las que arriba el informe de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema "Análisis descriptivo del comportamiento de las causas civiles", de 29 de marzo recién pasado, el que además indica que durante 2018 los asuntos de naturaleza civil -incluidas estas demandas masivas, las gestiones preparatorias, procedimientos ordinarios, entre otros- cuadruplicaron a las competencias restantes: penal, laboral y de familia.
Según el reporte superaron los dos millones de un total de tres millones 800 mil. Es decir, representan un 57% del global.
Para el ministro de Justicia, Hernán Larraín, esas cifras "demuestra la magnitud y el impacto que tendrá la reforma procesal civil en la población, pues solo este tema concentra más de la mitad de todos ingresos del año".
Dice además que hay una alta judicialización de los asuntos civiles y que ello impacta la labor del juez: "Efectivamente dentro del ingreso civil, la mayoría son causas ejecutivas en que se persigue el cobro de una deuda, donde en un porcentaje importante de ellas no existe un real conflicto jurídico, sino que más bien labores administrativas como liquidar la deuda, rematar los bienes embargados, etc. no obstante todos estos procesos son conocidos en la actualidad por el juez".
La mayoría de las causas civiles son procedimientos ejecutivos (para el cobro de obligaciones, como deudas), que casi bordearon los 900 mil; seguidas de las gestiones preparatorias (previo al juicio ejecutivo) y de medidas prejudiciales, que sumadas alcanzan las 654 mil, consigna el informe. Y, el procedimiento ejecutivo -agrega el documento- junto al grupo gestiones preparatorias y medidas prejudiciales representan prácticamente el 90% de las causas civiles.
Ahora, con la reforma, afirma el ministro Larraín, "separaremos las labores administrativas de las jurisdiccionales en la ejecución, entregando las primeras a unidades administrativas del tribunal, concentrado al juez solo para resolver aquellos casos en que hay oposición a la ejecución y por consiguiente un efectivo conflicto jurídico. Esto nos permitirá descomprimir el trabajo de los jueces para que puedan destinar mayor tiempo a resolver los conflictos cotidianos que aquejan a las personas".
Otro acápite del análisis que realizó la dirección de estudios sobre el comportamiento de las causas civiles incluyó los tiempos de tramitación, y la fórmula para calcularlo corresponde a la cantidad de días corridos transcurridos entre la fecha de ingreso y la fecha de término de la misma, ya sea por sentencia, abandono, desistimiento u otro. Y una de las cosas que se destaca es "la corta duración de los procedimientos con mayor participación, como lo son el ejecutivo y las gestiones preparatorias, ya que duran en promedio tres meses y 11 días".
Un problema "de carácter masivo"
También el coordinador de la Comisión Asesora para la Reforma Procesal Civil, José Pedro Silva, abordó las estadísticas entregadas por el Poder Judicial en este estudio. El abogado expresa que "lo relevante (grupo de procedimientos ejecutivos) es que prácticamente un 56% está ligado a un grupo muy reducido de empresas del sector bancario y financiero y eso da cuenta hoy que ese es un problema de carácter masivo".
Recuerda que junto con la creación de una unidad administrativa en los tribunales para este tipo de procedimientos, la reforma plantea la imposición de una "tasa de litigio". "Parte importante de las demandas ejecutivas -dice Silva- son demandas de tipo masivo que están generadas en los mismos tipos de instituciones bancarias o financieras y, por lo tanto, ellas están haciendo un uso masivo del sistema pretiriendo a los ciudadanos, entonces una de las respuestas que plantea el proyecto es que cuando se haga un uso masivo del sistema de litigación, las empresas tienen que pagar una tasa de litigación, es decir, tienen que pagar o asumir los costos que representa la cobranza judicial".
¿La exigencia de demandar?
Frente a los datos recogidos en el estudio, el abogado y profesor de derecho civil de la U. de los Andes, Hernán Corral, afirma que no cree que "el 57% de causas civiles (alrededor de 2 millones) sea indicio de una excesiva judicialización, porque en la cifra hay que contabilizar procedimientos voluntarios y porque los procesos civiles son de especial importancia para las personas".
"Lo que sí es excesivo -puntualizó- es el número de los procedimientos ejecutivos y además pareciera que, según las conclusiones, que muchas de esas demandas son presentadas pero no tramitadas. Esto probablemente tiene que ver con la exigencia de demandar para que las empresas puedan hacer la pérdida por deudas que no son cobrables".
¿Cómo podría solucionarse ese escenario? "Podría ser el establecimiento de tribunales especiales de cobranza judicial (juicios ejecutivos), y además podría ensayarse un sistema de mediación previa en materias comerciales y civiles como existe en otros países", dice Corral.
Diario El Mercurio
Por: Andrea Chaparro
Fecha: 5 de abril de 2019